La historia del Ministerio de Igualdad: 15 años sacrificado por la crisis y atacado por la derecha

—Es verdad, es verdad.

A la periodista Nuria Varela no le dio tiempo ni a decir “hola” cuando llamó a Bibiana Aído un día de principios de 2008. “Fíjate si había incredulidad”, dice ahora al teléfono. Era verdad que iba a existir un Ministerio de Igualdad por primera vez en España y que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente socialista, había decidido ponerlo bajo el mando de Aído, que le hizo una proposición a Varela:

—Te vienes conmigo. Tienes que ser la jefa de Gabinete.

—¿Cómo? Acabo de ser madre y no soy ni militante del partido.

—No importa. Vamos a cambiar las cosas. El presidente está convencido.

Hacía apenas unos días que Aído, de Alcalá de los Gazules (Cádiz), había recogido su acta como diputada socialista en el Parlamento andaluz. No le dio tiempo a nada. El 14 de abril de 2008 se convirtió en la primera ministra de Igualdad de España, y, con 31 años recién cumplidos, en la más joven de la historia de la democracia.

Antes de aquella llamada, y para que esa llamada pudiera darse, hubo otras. Una de ellas fue de María Teresa Fernández de la Vega a Isabel Martínez: “Isabel, tienes que venir porque tenemos que poner en marcha un Ministerio de Igualdad”.

La sorpresa de Martínez —entonces en el Gabinete de la vicepresidenta primera Fernández de la Vega, parte del Consejo Asesor del Instituto de la Mujer y con toda su biografía ligada al feminismo y lo público—, fue generalizada. Nadie lo esperaba. Pero ni fue de repente ni una ocurrencia. Ya era un compromiso de los gobiernos tras la Declaración de Pekín de la ONU en 1995. “Las políticas públicas no son casi nunca casuales”, dice Martínez. “Las del llamado Estado del bienestar empiezan a mediados del siglo XX y tienen que ver con procesos políticos largos: primero de reivindicación, luego de institucionalización, y después de consolidación. España iba tarde y lo que otros en Europa habían hecho en 50 años, nosotros lo hicimos en 30″.

Cuando dice “nosotros” se refiere a la política española, pero sobre todo a los partidos progresistas y socialdemócratas: “Ha sido en estos gobiernos donde más protagonismo político han tenido y cuando se han dado pasos más decididos”. El primero fue en 1997, con la aprobación de la democracia paritaria dentro de los Estatutos del propio PSOE, algo que también hizo Izquierda Unida.

Aquello “abrió paso a otro modelo de democracia y a un nuevo contrato social entre hombres y mujeres con un nuevo proyecto político”. Se refiere Martínez al del periodo electoral de 2004, cuando los socialistas, en esa primera legislatura de Zapatero tras el Gobierno de José María Aznar, aprobaron dos de las leyes base para lo que vino después: la ley contra la violencia de género (2004) y la ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (2007). Ambas, “transformadoras y transversales” a diferentes ministerios. “El de Igualdad fue la consecuencia lógica de las políticas que habíamos desarrollado”.

De ahí que ahora, tras ese recorrido social de las últimas décadas, ni Martínez, ni Varela, ni la izquierda parlamentaria, ni la civil, ni el movimiento feminista, ni parte de la sociedad entiendan lo que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, puso hace unos días sobre la mesa: eliminar el Ministerio de Igualdad. Un ministerio que ha sido espejo para otros, como el francés, y que comparte con homólogos de toda Europa —Alemania, Luxemburgo, Suecia, Suiza, Noruega, Liechtenstein o Islandia, entre otros—, y parte de Latinoamérica, objetivos comunes en la lucha contra la violencia machista o la igualdad entre hombres y mujeres.

De ahí también cierta tristeza. Quienes trabajaron diseñando ese ministerio o quienes llegaron después para ocuparlo recuerdan que fue “un sueño que se hizo realidad”. Hasta entonces y desde hacía cuatro años, las políticas de igualdad salían de la Secretaría General de Igualdad (cuya titular era Soledad Murillo), que dependía del ministro Jesús Caldera, a cargo de Trabajo y Asuntos Sociales. Esto, dice Murillo, es “importante” porque “una secretaria general no es una secretaria de Estado ni una ministra, no se sienta donde se toman las decisiones, que es en el Consejo de Ministros. Elevarlo a la categoría de ministerio fue clave”.

Lo que no fue: fácil. Isabel Martínez pasó a ser secretaria general de Políticas de Igualdad. Nuria Varela, periodista y experta en feminismo, jefa de Gabinete de Aído. Y Miguel Lorente, médico forense, el primer delegado del Gobierno contra la violencia de género. Los tres hablan de “arremangarse mucho”. Trabajar día y noche durante meses.

“Pero, ¿aquí es? ¿De verdad?”

Ese edificio hueco estaba, y está, en la calle de Alcalá 37, en pleno centro de Madrid, la antigua ubicación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Martínez cuenta que la toma de posesión de Aído se hizo en ese “cascarón vacío”.

Se acumularon las entrevistas y la curiosidad por saber quién era Aído y qué significaba un Ministerio de Igualdad. Cuando empezaron a trabajar, el “sueño” empezó a ser algo menos plácido. El lunes 9 de junio de 2008, Aído hizo su primera intervención en el Congreso. De aquello, lo que más o lo único que recuerdan algunos es el “miembras” que pronunció. Los ataques empezaron desde prácticamente el principio. El equipo siguió trabajando. Lo que no sabían entonces es que iban a tener apenas dos años y medio.

Les dio tiempo a “una gran ley”, recuerda Lorente. “La de interrupción voluntaria del embarazo, con esa dimensión de salud sexual y reproductiva que quedó de base y para siempre y es la esencia de esta última reforma”. Pero no solo, “en violencia machista comenzó la aproximación desde la investigación científica, se activaron a nivel nacional las pulseras antimaltrato, se trabajó con medios de comunicación para abordar la violencia de género con perspectiva o un teléfono para trabajar con hombres”. Pero además, dice, “social y políticamente abrió una nueva dimensión”. Una que la crisis que había comenzado en 2008, y las presiones de la derecha, bloquearon poco después.

La frase que repetían desde los sectores conservadores, lo del “Ministerio de igual-da”, frenó en 2010. A aquel equipo no le dio ni tiempo a errar. “Zapatero lo pone, y Zapatero lo quita”, recuerda Varela.

En la remodelación del Gobierno de ese año, el ministerio se subsumió en Sanidad, que también acogió Política Social. Bibiana Aído se convirtió en secretaria de Estado y Leire Pajín ostentó esa cartera tripartita. Igualdad quedó, de nuevo, “un escalón más abajo”, reflexiona Pajín, ahora directora de desarrollo internacional en Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). De aquello, lo primero que le viene a la cabeza es “la profunda generosidad de Bibiana, que se quedó en el equipo, demostrando su compromiso con la igualdad más allá de ser titular”.

Aquel Gobierno duró poco más de un año, y durante ese tiempo, “el objetivo fue que igualdad siguiese existiendo al máximo nivel institucional”, explica Pajín. Es decir, que estuviese dentro del Consejo de Ministros (de ahí que permaneciese como Secretaría de Estado). En aquella época se “fortalecieron mucho las unidades de igualdad en todos los ministerios, se implementaron medidas para huérfanos de la violencia machista, y se aprobó consolidar el plan de trata”, enumera, entre otras cuestiones, Pajín. A pesar de todo, muchos de quienes trabajaron en aquel momento en el ministerio, creen que aquella decisión fue “un error” derivado de una “fortísima presión política de la derecha”.

Y aún le quedaba bajar un peldaño. En 2011, con Mariano Rajoy en el Gobierno, hubo otra fusión: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que se mantuvo dentro del Ministerio de Sanidad. En siete años, ostentaron la cartera Ana Mato, Alfonso Alonso, Fátima Báñez y Dolors Montserrat —además de Soraya Sáenz de Santamaría, en funciones durante un pequeño periodo–—, que no han querido hablar para este reportaje.

En un análisis sobre la evolución de las políticas de igualdad que hizo hace unos años Marina Subirats, socióloga, filósofa, y también directora del Instituto de la Mujer entre 1993 y 1996, apuntaba que “al escaso interés del PP por la igualdad se sumó la crisis económica, devastadora de políticas públicas en casi todos los ámbitos, y más, por supuesto, en el de la igualdad. La austeridad fue la excusa perfecta para rebajar los niveles de los organismos de igualdad; [...] que acaba perdiendo toda su visibilidad; y en cuanto a los recursos, su disminución fue generalizada”.

Sí ocurrieron tres cosas en aquel periodo. Dos de ellas en 2014: la ratificación del Convenio de Estambul (el pacto europeo contra la violencia machista) por parte de España, en contraposición al intento de reformar la ley del aborto con otra que iba a llamarse Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Miles de mujeres, en el llamado tren de la libertad, denunciaron el recorte en derechos que aquello suponía. La reforma acabó en un cajón, y también con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La tercera, el acuerdo y la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la violencia de género, en 2017, que aprobaron todos los partidos excepto Podemos y algunos diputados del Grupo Mixto, que se abstuvieron porque querían más de lo que ese documento ponía sobre la mesa. Fueron dos pasos importantes, pero aislados. Y mientras que las políticas públicas de los populares viraban hacia la natalidad y la familia, el feminismo recorría su propio camino: crecía y se expandía sin freno, sobre todo, tras el caso de La Manada.

Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, el movimiento feminista acababa de atravesar un 8-M histórico en el que se llamó a la huelga y en el que España fue epicentro global. Entonces, Sánchez decidió recuperar Igualdad dentro de Vicepresidencia, a cargo de Carmen Calvo, que recuperó a Soledad Murillo como secretaria de Estado.

Dice la histórica socialista ahora que ese espacio otorgaba la capacidad de colocar esas políticas públicas en el puesto alto de la jerarquía: “Me salía casi de manera automática la plantilla metodológica del feminismo: cómo afecta esto [sobre cualquier cuestión] a las mujeres, qué podemos hacer para que la respuesta a esto tenga equidad... La perspectiva tiene que aplicarse siempre y de forma transversal”.

Entre otras cuestiones, poco después de conformar el nuevo Gobierno, se dotó al Pacto de Estado con los primeros 100 millones de euros para las comunidades autónomas. “El feminismo ha de formar parte de la democracia para que esta pueda desarrollarse”, apunta Calvo, que asegura que aquel “año y medio largo fue muy fructífero”.

En 2020, llegó la coalición con Unidas Podemos. E Igualdad era una de las condiciones para que pudiese haber acuerdo. Dentro del PSOE, había quien se negaba a ceder ese cartera, entre otras y otros diputados, Calvo. Pero Sánchez acabó cediendo, volvió a dar entidad propia al ministerio y lo puso en manos de Irene Montero. Comenzaba, de facto, el segundo periodo del Ministerio de Igualdad, con un recorrido lleno de paralelismos con el primero, el de Aído, desde el comienzo. “Mujer, joven y feminista” son cuestiones que ponen nerviosos a muchos sectores, recalca Nuria Varela.

Igualdad se inauguró ya prácticamente con una batalla abierta: desde la oposición y dentro de la coalición. La relación entre los socialistas y el ministerio fue tirante desde el inicio. Se relajó algo con la remodelación del verano de 2021, cuando Calvo, referente de las feministas socialistas, salió del Ejecutivo. “La relación política es la misma, aunque en lo personal haya habido cambios obvios”, comentaba hace unos meses un ministro.

Pero no era solo la relación entre los socios de gobierno. Ha habido múltiples factores que han afectado al Ministerio de Igualdad como institución. Un contexto social con un antifeminismo creciente, sobre todo entre los más jóvenes; la ultraderecha dentro de parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados que ha atacado sin descanso a Montero y al feminismo; ese movimiento, del que una parte se ha escindido a cuenta de la ley trans, sobre todo, pero también por una forma casi antitética de percibir la agenda y el presente; además de un rechazo por parte de la sociedad a las políticas de Podemos, y a Pablo Iglesias de forma concreta, que ha salpicado siempre a Montero.

También la gestión de algunas cuestiones de la propia ministra —que no ha querido participar en este artículo—, porque han sido dos de sus grandes leyes, que el bloque de izquierdas siempre reconoció como “indiscutibles”, las que han erosionado su imagen.

Una fue la ley trans, que provocó la mayor escisión y la mayor pelea que se recuerda en el feminismo, con parte de ese movimiento en contra de incorporar a la agenda de Igualdad lo que llaman “la agenda queer”, arguyendo que esa norma “borra a las mujeres” y llegando a pedir la dimisión de Montero.

Después, llegó la estrella de esta legislatura, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Sus consecuencias —las rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales—, cómo lo aprovechó la derecha y la ultraderecha y también cómo se afrontó desde Igualdad, achacando desde el inicio lo que estaba ocurriendo al “machismo” de algunos jueces, han provocado en los últimos meses la mayor de las heridas al ministerio y a la figura de Montero. De cara a las próximas elecciones y aunque Sumar concurrirá con Podemos al 23-J, Montero ha quedado fuera de las listas.

A pesar de las polémicas, del terremoto por el solo sí es sí, y del conflicto en el feminismo, esta segunda etapa no solo ha sido sombra. Se aprobaron la ley de libertad sexual, la reforma del derecho al aborto, y la ley trans, que van mucho más allá de la interrupción voluntaria del embarazo, de las rebajas de penas y de la autodeterminación de género en el Registro Civil. Se configuró también la ley contra la trata, que quedará ya en manos del próximo Gobierno. Se activó el Plan Corresponsables y se ha casi triplicado la inversión. Y las políticas de igualdad, y el feminismo, se han colocado en el centro del debate político y público.

“Pueden haberse hecho cosas mejor y peor, pero hay que respetar, y valorar, los avances de estos últimos años”, dice no sin cierta tristeza Isabel Martínez, la arquitecta del ministerio allá por 2008. “Nos maltrataron en su momento solo por existir, y ha vuelto a pasar lo mismo. Igualdad no puede ser una diana ni un juguete cuya desaparición depende de en qué manos caiga”, cruza Nuria Varela, ahora directora de Igualdad de Asturias. Y, sobre todo, dice Pajín, que también sufrió parte del ataque de la derecha en su momento, “no puede salir siempre tan caro ser titular de Igualdad, no puede seguir ocurriendo”.