El Gobierno negocia cambios en la ‘ley del solo sí es sí’ sin tocar el consentimiento

El Gobierno confirmó el sábado que la ley del solo sí es sí se modificará para paliar “a futuro” las consecuencias que está teniendo la aplicación de la norma, que ha derivado en casi 300 rebajas de condenas y una veintena de excarcelaciones de delincuentes sexuales tras la revisión de sus sentencias. El cómo se llevarán a cabo esas modificaciones es lo que no confirmaron desde el Ejecutivo porque, explicaron, aún no estaba definida la manera de hacerlo. Sin embargo, este lunes por la mañana, la Cadena SER ha adelantado que la propuesta del Ministerio de Justicia es volver a las penas anteriores en los casos en los que haya violencia o intimidación. Fuentes gubernamentales aseguran que la reforma “no altera la filosofía de la norma, no cuestiona el consentimiento”.

La propuesta a la que ha tenido acceso la emisora reclama volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores: de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La propuesta es extensible a los casos en los que la víctima sea menor.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes, en declaraciones a los medios en Santander, que el consentimiento seguirá siendo el eje de la norma: “En la modificación que hagamos de la ley del solo sí es sí, el consentimiento volverá a estar en el centro. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas; por tanto, el consentimiento es nuclear tanto en la ley actual como en la modificación que hagamos”. Tras estas declaraciones, el PSOE ha anunciado la presentación en el Congreso de una proposición legislativa para realizar estos cambios y en la que no se modificará el artículo referido al consentimiento de la mujer.

Igualdad rechaza el borrador de Justicia

Desde Igualdad se remiten al rechazo al borrador de la proposición que hay ahora mismo sobre la mesa. El departamento que dirige Irene Montero lamenta que la propuesta de Justicia sea “la misma” que la que ha hecho el PP y, en su lugar, ha planteado al socio mayoritario del Gobierno “un plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar la ley”. Isa Serra, portavoz de Podemos, ha dejado claro que quieren blindar el “corazón” de la normativa, y que el problema no está en el texto, sino en la aplicación “incorrecta” por parte de una minoría de jueces. En rueda de prensa en la sede del partido, Serra ha recalcado que no comparten el planteamiento del Ministerio de Justicia, dado que no aceptan la intimidación y violencia en lugar del consentimiento porque generaría un “calvario probatorio” para la víctima.

El decálogo de medidas que plantea Igualdad se centra en desarrollar el resto del texto con el foco puesto en la protección de las víctimas; algo que el Gobierno barajaba como una de las posibilidades y que fue a la que aludió la ministra de Justicia, Pilar Llop, el 20 de enero, cuando asumió que no había forma de frenar las rebajas y explicó que lo más efectivo era centrarse en desarrollar las medidas de protección previstas en la norma.

En la nota que Igualdad ha hecho pública esta mañana hace referencia a que “no existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones” de las sentencias e insiste en que si se están produciendo tanto rebajas como excarcelaciones, “son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”. Para el ministerio “es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas”.

En ese sentido, Igualdad propone doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer y reforzar la Fiscalía exclusiva de este ámbito para ampliar sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas y su inclusión en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), con el incremento del número de dispositivos; el refuerzo de las unidades de valoración forense integral; y la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia, Interior, Educación y Sanidad.

También propone la implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales; la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; el incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual [ahora lo hacen exclusivamente con la violencia en pareja o expareja]; y la implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.