El ‘caso mascarillas’, versión Estados Unidos

En los primeros días de la pandemia, Robert Stewart Jr. ganó dos contratos a dedo para el suministro de mascarillas al Gobierno estadounidense a cambio de 38 millones de dólares. No tenía ninguna experiencia en el mercado sanitario, pero sí reunía lo que era necesario por entonces para hacerse con una adjudicación millonaria: la dirección de correo de un empleado del Gobierno y una sociedad registrada. Stewart Jr., de 33 años, era el dueño y presidente de Federal Government Experts (FGE) LLC., un nombre pretencioso para una empresa fantasma. Para desgracia de Stewart Jr., sus contratos no iban a pasar desapercibidos. Un periodista de investigación de la organización ProPublica, J. David McSwane, sospechó cuando los detectó en una enorme base de datos gubernamental donde aparecían las compras de emergencia con motivo de la crisis del coronavirus. Agarró el teléfono y llamó a Stewart Jr., quien estaba en Washington, preparándose para montarse en un jet privado con destino a Chicago, donde supuestamente iba a recibir seis millones de mascarillas. El periodista le preguntó si podía acompañarle y el contratista aceptó. Era una oportunidad que un buen reportero no podía desperdiciar.

McSwane voló con Stewart Jr. el 26 de abril de 2020 y fue testigo directo de un delito de fraude que ha narrado en el libro recién publicado Pandemic, Inc., (editorial Atria), junto a otros abusos en las compras durante la pandemia. El periodista de ProPublica cuenta cómo “persiguió a los capitalistas y ladrones que se hicieron ricos mientras nos enfermábamos”. A los lectores españoles su descripción de los sucesos en EE UU les evocará muchos paralelismos con la situación vivida en España, donde ahora transcurren múltiples investigaciones que han puesto de relieve el descontrol en las compras y la avaricia de mercenarios que se presentaban como salvadores, pero en realidad buscaban dar el pelotazo de sus vidas.

Stewart Jr. había engañado al Gobierno estadounidense. No tenía mascarillas ni capacidad para obtenerlas. Subidos al avión, mientras sobrevolaban un país en estado crítico, reconoció al periodista que era un “milagro” que dos agencias federales le hubieran adjudicado contratos a alguien como él y que esperaba no ir a la cárcel. Estaba desesperado contactando con intermediarios que decían saber cómo obtener los cubrebocas a cambio de onerosas comisiones. En pleno vuelo, Stewart Jr. abrió una Biblia y leyó el versículo que pensaba era una analogía perfecta para su situación, Josué 24:15: “En cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor”. El reportero que le acompañaba cuenta en el libro que si él hubiera podido escoger, habría optado por otro pasaje, Proverbios 13:16: “El sabio piensa bien lo que hace; el tonto deja ver su estupidez”. Un año más tarde, McSwane se cruzó de nuevo con Stewart Jr. en una corte de justicia, donde el joven contratista fue sentenciado a 21 meses de cárcel por mentir al Gobierno para conseguir los millonarios contratos y otros dos fraudes a agencias federales.

En una entrevista telefónica con EL PAÍS, McSwane se muestra sorprendido por el interés que ha despertado su libro en Europa, ya que solo habla de casos estadounidenses, aunque añade que es consciente de que la crisis del coronavirus abrió una oportunidad para estafadores de todo el mundo.

Pregunta. ¿Ha habido consecuencias políticas o judiciales para los políticos de EE UU que despilfarraron dinero público o cometieron tráfico de influencias?

Respuesta. No, que yo sepa. Estoy seguro de que ha pasado a nivel de ciudades y estados, pero en el ámbito nacional no las ha habido, porque tenemos un sistema de responsabilidades políticas muy débil. El Congreso está llevando a cabo una investigación desde abril de 2020 cuando surgieron las primeras indicaciones de irregularidades cometidas por el Gobierno de (el expresidente Donald) Trump. Ese subcomité liderado por congresistas demócratas se ha basado en gran parte en reportajes periodísticos como los nuestros. Han obtenido documentos y han reunido los elementos para armar una acusación, pero eso no se ha traducido en procesos criminales.

P. Pero en el libro describe evidencias muy claras de que hubo tráfico de influencias de importantes figuras en el Gobierno de Trump como el asesor de comercio, Peter Navarro, o el yerno del presidente, Jared Kushner.

R. Sin duda hay pruebas de tráfico de influencias como documentos oficiales o correspondencia de correos electrónicos. Pasó a nivel nacional y en otras administraciones menores. Navarro asignó contratos a dedo a empresas cercanas saltándose la ley. Actuaron como si no pudieran sufrir consecuencias y no sé si las habrá, más allá de la investigación en el Congreso.

P. ¿Cuántos contratistas e intermediarios de mascarillas han sido condenados?

R. Ha habido unos cuantos que han sido imputados y unos cuantos han ido a la cárcel. Lo que me he encontrado es que los contratistas de mascarillas era la gente más descarada. Era muy fácil que se salieran con la suya porque estábamos tan poco preparados por la falta de material de protección que mucha gente se aprovechó. Todo fue un proceso desordenado y eso hará muy difícil exigir responsabilidades.

P. ¿Cómo se decide en EE UU que una comisión es excesiva?

R. Esa es una pregunta complicada porque depende de cada estado y cada uno tiene leyes distintas que castigan la especulación en tiempos de emergencia (price gouging). No hay una definición a nivel federal, por lo tanto debería examinarse la conducta de estos comisionistas desde el punto de vista estatal y son los fiscales generales de cada estado los encargados de perseguir estos delitos. Para complicarlo todo, tenemos que tener en cuenta que los precios se dispararon por la demanda de ciudades, estados y el Gobierno federal compitiendo por hacerse con los mismos suministros. Así que es realmente difícil determinar el límite entre el precio normal del mercado y la especulación punible. Parte de mi argumento en el libro es que el Gobierno federal habría evitado ese descontrol si hubiera sido previsor en enero de 2020 empleando las leyes vigentes para exigir la producción de mascarillas a la industria nacional, a empresas como 3M o Honeywell. Pero esa intervención gubernamental es abominable para la sensibilidad estadounidense y en su lugar, el Gobierno se apoyó en el libre mercado, lo que nos dejó a merced de los oportunistas.

P. Aquí en España, sin embargo, no tenemos grandes fabricantes, así que nuestra única opción fue recurrir a contratistas para que compraran en China, como también acabó haciendo EEUU.

R. Hace tiempo que nosotros también dejamos de fabricar la mayoría de productos esenciales para comprarlos en China o México, pero nosotros sí conservamos fabricación nacional de mascarillas. Si hubiéramos actuado a tiempo, habríamos conseguido todo lo que necesitábamos, pero acabamos dependiendo de China porque no nos tomamos el virus en serio. De hecho, China compró nuestro material a comienzos de 2020. No tenemos excusa porque vimos la ola que afectó a Italia y no reaccionamos. Deberíamos haber estado mejor preparados que el resto.

P. ¿Cómo entró en contacto gente sin experiencia con los encargados de compras públicas?

R. Ser contratista del Gobierno aquí es un gran negocio. Nos encanta externalizar cosas y sé que eso pasa en otros países, pero nuestro aparato era enorme y preexistente. Tenemos portales online donde las empresas pueden hacer ofertas, pero alguna gente astuta se dio cuenta de que en lugar de ir por el canal oficial, podían conectar directamente con las agencias gubernamentales o en algunos casos a los políticos.

P. Menciona el caso de un tuitero con 75 seguidores que le hizo una propuesta a Trump en esa red social y recibió un contrato. Trump había escrito un tuit acusando a Ford y General Motors: “EMPEZAD A FABRICAR RESPIRADORES, YA!!!!!!”

R. Así es. Esta persona, un ingeniero de Silicon Valley llamado Yaron Oren-Pines, respondió a Trump diciéndole que él podía encargarse de suministrar los respiradores. Entonces el yerno del presidente, Kushner, y su equipo en la Casa Blanca de jóvenes aficionados al capitalismo pusieron en contacto a ese tipo con el estado de Nueva York. Recibió un contrato de 86 millones de dólares por 1.450 respiradores, un sobreprecio de tres o cuatro veces el coste de una de estas máquinas. Ahora Nueva York le ha llevado a los tribunales porque no cumplió y quieren recuperar el dinero. Creo que eso no hubiera podido pasar con otro Gobierno, pero a Trump no le importaban las reglas y ese fue su modus operandi.

P. Aborda el dilema moral al que se enfrentaban los encargados de las compras públicas. ¿Podemos responsabilizarles?

R. Tenían un reto difícil y creo que por eso no han sido imputados. Estábamos tan poco preparados que no podíamos hacer nada y yo me compadezco por estos funcionarios. Si desestimaban una oferta, podían ser acusados de no hacer lo suficiente para salvar vidas, pero si se equivocaban y daban contratos a estafadores, podían meterse en líos y gente como yo iba a escribir sobre ellos.

P. ¿Qué lección podemos extraer de todo este episodio?

R. Siempre va a haber codicia y especulación. Eso es parte del comportamiento humano y por eso estamos hablando, ya que viste las mismas cosas en España, pero lo que podemos hacer es prestar atención a las advertencias. Sabíamos que esto podía pasar. Teníamos informes científicos y gubernamentales que advertían de que íbamos a pelearnos por las mascarillas. Deberíamos asegurarnos de que la próxima vez que haya una emergencia no seremos dependientes de gente que emerge de la oscuridad, porque eso fue lo que nos ocurrió. Acabamos dependiendo de mercenarios para vencer al virus.