‘Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva

“Estábamos en guerra y se trataba de comprar balas”. Un empresario experto en el comercio con China describe así la situación vivida entre marzo y mayo de 2020. Pero, en esa batalla contra una pandemia que puso al mundo en cuarentena y ha costado ya más de 100.000 vidas en España, determinados intermediarios o comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperación y la necesidad de un país.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha denunciado este escándalo mediante un ejemplo especialmente indignante, tiene varios casos en investigación y analiza estos días otros 12 contratos de distintos organismos de la Administración central que suman 300 millones de gasto público para decidir si abre diligencias.

Tras año y medio de pesquisas secretas, Anticorrupción destapó y denunció el martes los “injustificados” beneficios logrados por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño: ganaron seis millones de euros tras colocar material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid por 11 millones. El destino grosero que ambos dieron al dinero rapiñado —un piso de un millón de euros, un velero, relojes de lujo, coches deportivos— se ha convertido en el símbolo de un escándalo de dimensiones hasta ahora desconocidas.

Las administraciones públicas españolas gastaron entre marzo y mayo de 2020 casi 2.000 millones de euros para comprar de urgencia material imprescindible en China, convertido entonces en un “mercado persa”, según los empresarios consultados por EL PAÍS. “Exigían el pago por adelantado, había una especulación galopante con los precios, todo era volátil en relación con mascarillas, guantes, test de antígenos o equipos de protección individual”, alega uno de ellos.

El gasto de 2.000 millones de euros en apenas tres meses (más de la mitad a cargo de las comunidades autónomas) para la compra masiva de material anticovid se convirtió en un colosal botín de dinero público del que se aprovecharon muchos “pillos”, según la denominación utilizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Pillos que, como Medina y Luceño, se hicieron multimillonarios en unos pocos días a costa de la mayor crisis sanitaria que ha sufrido el planeta en los últimos 100 años.

Contratación sin reglas. El Gobierno aprobó en marzo de 2020, cuando la covid causaba cientos de muertos al día en España y contagiaba a decenas de miles de personas, un decreto de alarma que liberaba a las administraciones de la mayoría de las normas de contratación. “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”, rezaba el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

Se podían adjudicar a dedo contratos de millones de euros, sin necesidad de pedir más de una oferta y sin que la empresa contratada tuviera experiencia en el sector o la solvencia acreditada. Esa excepcional ley de la selva desencadenó la avaricia de determinados intermediarios que hicieron negocios multimillonarios a costa de aquella desgraciada situación.

Un empresario ajeno al sector sanitario, pero que lleva 25 años importando material desde China recuerda cómo aquel negocio, sin normas rígidas que lo regulasen, se llenó de oportunistas: “Cuando vimos la desesperación, decidimos ayudar. La demanda de EPI [equipos de protección individual] venía de empresas privadas y de administraciones. En aquellos días cualquiera que fuera espabilado y que tuviese un contactillo mediaba en estas actividades. Lo podía hacer cualquiera. Algunos eran gente en ERTE que no tenía otra ocupación esos días. Pedían comisión o compraban la mercancía y la revendían. Era muy normal aquellos días”.

En circunstancias normales, aquellos espabilados no habrían podido ni acercarse a las ventanillas de la Administración para ofrecer sus servicios. Pero en los tres primeros meses de pandemia no había filtros ni medidas de seguridad para evitar el saqueo.

El alcalde de una de las 20 ciudades más pobladas de España cuenta a EL PAÍS: “En mi ciudad no teníamos EPI ni para los policías municipales, los bomberos... ni para los trabajadores sociales que acudían a casa de los mayores... Tuvimos que recurrir a lo que pudimos”. “Pero el problema”, añade, “no reside en que la empresa o intermediario que nos ofrecía material de China careciera de experiencia en el sector sanitario, porque eso no era importante en ese momento, sino que tuviera los contactos necesarios para conseguir el material. El verdadero problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se puede hacer nada”.

Los sucesivos decretos de alarma permitieron durante 422 días, entre el 13 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021, contratar de emergencia. Al menos durante los tres primeros meses, los cargos públicos compraban el material apremiados por una situación trágica e incontrolada. No podían pararse a comparar precios para elegir las mejores ofertas ni podían poner condiciones a las empresas, intermediarios o comisionistas que ofrecían el material.

El precio era lo de menos; el mismo día, una administración pública podía contratar la compra de mascarillas FPP2 a dos euros y a nueve euros, diferencias abismales que solo se podían justificar por la caótica situación que vivía el mundo y por la falta de escrúpulos o el exceso de avaricia del intermediario que imponía las condiciones de la venta.

Gasto público desenfrenado y descontrolado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana compró a finales de marzo de 2020 cinco millones de mascarillas FPP2 por 12,5 millones, a 2,5 euros por unidad. Este contrato está denunciado ante la Fiscalía por el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. La oposición de izquierdas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunció otro contrato —1,5 millones por 250.000 mascarillas, a seis euros con IVA la unidad— que benefició al hermano de la presidenta, quien cobró al menos 55.000 euros por unos días de gestiones para conseguir el material en China para la empresa Priviet, de su amigo Daniel Alcázar. La Fiscalía Anticorrupción puede conocer por cuánto compraron los intermediarios en China y a cuánto vendieron. La diferencia dará en cada caso la medida del escándalo. En ese mercado sin apenas controles legales, los más escrupulosos cobraron por sus gestiones entre un 5% y un 20%; algunos empresarios perdieron incluso dinero, otros elevaron sus tarifas para ganar hasta el 100% y algunos llegaron hasta el 300%, según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el análisis hecho por EL PAÍS tras consultar a decenas de implicados.

Mercado caótico. Ninguna administración ni organismo público se libró de aquel mercado caótico, según comprobó el Tribunal de Cuentas en una investigación aleatoria. El Banco de España pagó 9,44 euros por mascarillas FPP2 al mismo tiempo que la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña conseguía idéntico material por 4,87 euros y RTVE las adquiría todavía por menos, entre 2,08 y 3,03. El Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero pasado, señala más desproporciones: “En lo que respecta a la adquisición de mascarillas quirúrgicas, los precios por unidad oscilaron entre los 0,62 euros del proveedor utilizado por la Delegación Especial de Andalucía y los 0,95 euros del contratista de la Delegación Especial de Cataluña, pasando por los 0,77 euros del proveedor de la Delegación de Galicia, con una diferencia de algo más del 50 % entre el contratista más barato y el más caro.

Los guantes higiénicos fueron adquiridos en Cataluña a un precio de 9,80 euros por caja de cien unidades, frente a los 2,42 en la Delegación Especial de Andalucía, esto es, más del cuádruplo en el primer caso en comparación con el segundo. La Delegación Especial de Cataluña llegó a pagar un precio de hasta 14,38 euros por litro de gel hidroalcohólico, en tanto que en los Servicios Centrales el precio fue de 5,15 euros, y en la Delegación Especial de Madrid se pagó 4,60 euros, habiendo tenido lugar todas estas compras entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020″, explica el informe del órgano fiscalizador. Este gasto público tan desequilibrado no tendrá sanción penal. Las normas de contratación en pandemia perdonaban todas estas anomalías.

El Ayuntamiento de Valladolid logró en abril de 2020 15.000 mascarillas tipo KN95 a 3,35 euros por unidad (IVA incluido), 200 buzos a 15,51 euros cada uno, 200.000 mascarillas quirúrgicas a 0,70 euros la unidad y 10 cajas de guantes (10.000 guantes en total) a 182,62 euros la caja. En el contrato que costó al Ayuntamiento de Madrid casi 11 millones de euros y acabó en los tribunales, el precio de los guantes era 10 veces superior al pagado por el Ayuntamiento de Valladolid en esos días; y las mascarillas KN95, justo el doble.

Las mordidas de los piratas. Nunca nadie ganó tanto dinero en tan poco tiempo vendiendo ese tipo de material a las administraciones públicas. Pero nunca antes se vivió una situación tan excepcional. ¿España es un país de pícaros?

Un empresario que vendió material aquellos días responde: “A mí me parece lícito siempre y cuando no fueran funcionarios los que cobraran esas mordidas. Ten en cuenta que había mucha gente sufriendo. Había intermediarios de buena fe, que eran la mayoría, y pedían un 5%, pero luego había piratas que pedían hasta el 40% y trabajaban para administraciones públicas. Yo rechacé ventas en las que me llegaron a pedir un 30% de comisión. Quería que el material llegara a un precio razonable”.

El jefe de compras de un hospital público madrileño cuenta que en los primeros días (tras la centralización de las compras por parte de la Consejería de Sanidad) se llevó una sorpresa: “Se estaba comprando a empresas que no me sonaban de nada mientras que las habituales del sector sanitario, como Helianthus por ejemplo, se quedaban sin vender. Lo que pasó es que los proveedores ordinarios no tenían dinero en mano así que se compró a empresas poco habituales, empresas que ni siquiera tenían empleados, sin actividad. Cantaba por todos lados. A mí me escandalizó todo. Se buscaban una sociedad para facturar y hacían las compras por ahí”.

El Tribunal de Cuentas no se atreve a sacar conclusiones porque había múltiples variables en juego que condicionaron cada una de las contrataciones. Pero destaca que hubiera sido importante hacer “en su momento, prospecciones del mercado”.

Un gestor público que firmó la compra de material anticovid reflexiona sobre lo ocurrido: “En momentos de crisis, el ser humano es capaz de lo mejor, hubo innumerables ejemplos en pandemia, y de lo peor, gente sin escrúpulos haciendo caja. Hubo quien se dedicó a rapiñar con la muerte de la gente. Y también hubo gente ejemplar”.

Los agujeros negros de una respuesta de emergencia. La respuesta de las administraciones públicas para proteger la salud de la población, contener la expansión del virus y reforzar el sistema de salud pública ha dejado en evidencia fallos considerables en muchos aspectos; desde la gestión puramente sanitaria del problema hasta el control del dinero público empleado en combatir la pandemia.