‘Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva

La falta de controles entre marzo y mayo de 2020 facilitó el pillaje de comisionistas. La Fiscalía investiga decenas de contratos pero ve difícil castigar los precios excesivos

Trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recogían un cargamento sanitario adquirido por la Comunidad de Madrid, en mayo de 2020.
Trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recogían un cargamento sanitario adquirido por la Comunidad de Madrid, en mayo de 2020.Comunidad de Madrid (Europa Press)

“Estábamos en guerra y se trataba de comprar balas”. Un empresario experto en el comercio con China describe así la situación vivida entre marzo y mayo de 2020. Pero, en esa batalla contra una pandemia que puso al mundo en cuarentena y ha costado ya más de 100.000 vidas en España, determinados intermediarios o comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperación y la necesidad de un país.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha denunciado este escándalo mediante un ejemplo especialmente indignante, tiene varios casos en investigación y analiza estos días otros 12 contratos de distintos organismos de la Administración central que suman 300 millones de gasto público para decidir si abre diligencias.

Tras año y medio de pesquisas secretas, Anticorrupción destapó y denunció el martes los “injustificados” beneficios logrados por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño: ganaron seis millones de euros tras colocar material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid por 11 millones. El destino grosero que ambos dieron al dinero rapiñado —un piso de un millón de euros, un velero, relojes de lujo, coches deportivos— se ha convertido en el símbolo de un escándalo de dimensiones hasta ahora desconocidas.

Las administraciones públicas españolas gastaron entre marzo y mayo de 2020 casi 2.000 millones de euros para comprar de urgencia material imprescindible en China, convertido entonces en un “mercado persa”, según los empresarios consultados por EL PAÍS. “Exigían el pago por adelantado, había una especulación galopante con los precios, todo era volátil en relación con mascarillas, guantes, test de antígenos o equipos de protección individual”, alega uno de ellos.

El gasto de 2.000 millones de euros en apenas tres meses (más de la mitad a cargo de las comunidades autónomas) para la compra masiva de material anticovid se convirtió en un colosal botín de dinero público del que se aprovecharon muchos “pillos”, según la denominación utilizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Pillos que, como Medina y Luceño, se hicieron multimillonarios en unos pocos días a costa de la mayor crisis sanitaria que ha sufrido el planeta en los últimos 100 años.

Contratación sin reglas. El Gobierno aprobó en marzo de 2020, cuando la covid causaba cientos de muertos al día en España y contagiaba a decenas de miles de personas, un decreto de alarma que liberaba a las administraciones de la mayoría de las normas de contratación. “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”, rezaba el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Se podían adjudicar a dedo contratos de millones de euros, sin necesidad de pedir más de una oferta y sin que la empresa contratada tuviera experiencia en el sector o la solvencia acreditada. Esa excepcional ley de la selva desencadenó la avaricia de determinados intermediarios que hicieron negocios multimillonarios a costa de aquella desgraciada situación.

Un empresario ajeno al sector sanitario, pero que lleva 25 años importando material desde China recuerda cómo aquel negocio, sin normas rígidas que lo regulasen, se llenó de oportunistas: “Cuando vimos la desesperación, decidimos ayudar. La demanda de EPI [equipos de protección individual] venía de empresas privadas y de administraciones. En aquellos días cualquiera que fuera espabilado y que tuviese un contactillo mediaba en estas actividades. Lo podía hacer cualquiera. Algunos eran gente en ERTE que no tenía otra ocupación esos días. Pedían comisión o compraban la mercancía y la revendían. Era muy normal aquellos días”.

En circunstancias normales, aquellos espabilados no habrían podido ni acercarse a las ventanillas de la Administración para ofrecer sus servicios. Pero en los tres primeros meses de pandemia no había filtros ni medidas de seguridad para evitar el saqueo.

El alcalde de una de las 20 ciudades más pobladas de España cuenta a EL PAÍS: “En mi ciudad no teníamos EPI ni para los policías municipales, los bomberos... ni para los trabajadores sociales que acudían a casa de los mayores... Tuvimos que recurrir a lo que pudimos”. “Pero el problema”, añade, “no reside en que la empresa o intermediario que nos ofrecía material de China careciera de experiencia en el sector sanitario, porque eso no era importante en ese momento, sino que tuviera los contactos necesarios para conseguir el material. El verdadero problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se puede hacer nada”.

Los sucesivos decretos de alarma permitieron durante 422 días, entre el 13 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021, contratar de emergencia. Al menos durante los tres primeros meses, los cargos públicos compraban el material apremiados por una situación trágica e incontrolada. No podían pararse a comparar precios para elegir las mejores ofertas ni podían poner condiciones a las empresas, intermediarios o comisionistas que ofrecían el material.

El precio era lo de menos; el mismo día, una administración pública podía contratar la compra de mascarillas FPP2 a dos euros y a nueve euros, diferencias abismales que solo se podían justificar por la caótica situación que vivía el mundo y por la falta de escrúpulos o el exceso de avaricia del intermediario que imponía las condiciones de la venta.

Gasto público desenfrenado y descontrolado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana compró a finales de marzo de 2020 cinco millones de mascarillas FPP2 por 12,5 millones, a 2,5 euros por unidad. Este contrato está denunciado ante la Fiscalía por el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. La oposición de izquierdas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunció otro contrato —1,5 millones por 250.000 mascarillas, a seis euros con IVA la unidad— que benefició al hermano de la presidenta, quien cobró al menos 55.000 euros por unos días de gestiones para conseguir el material en China para la empresa Priviet, de su amigo Daniel Alcázar. La Fiscalía Anticorrupción puede conocer por cuánto compraron los intermediarios en China y a cuánto vendieron. La diferencia dará en cada caso la medida del escándalo. En ese mercado sin apenas controles legales, los más escrupulosos cobraron por sus gestiones entre un 5% y un 20%; algunos empresarios perdieron incluso dinero, otros elevaron sus tarifas para ganar hasta el 100% y algunos llegaron hasta el 300%, según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el análisis hecho por EL PAÍS tras consultar a decenas de implicados.

Mercado caótico. Ninguna administración ni organismo público se libró de aquel mercado caótico, según comprobó el Tribunal de Cuentas en una investigación aleatoria. El Banco de España pagó 9,44 euros por mascarillas FPP2 al mismo tiempo que la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña conseguía idéntico material por 4,87 euros y RTVE las adquiría todavía por menos, entre 2,08 y 3,03. El Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero pasado, señala más desproporciones: “En lo que respecta a la adquisición de mascarillas quirúrgicas, los precios por unidad oscilaron entre los 0,62 euros del proveedor utilizado por la Delegación Especial de Andalucía y los 0,95 euros del contratista de la Delegación Especial de Cataluña, pasando por los 0,77 euros del proveedor de la Delegación de Galicia, con una diferencia de algo más del 50 % entre el contratista más barato y el más caro.

Los guantes higiénicos fueron adquiridos en Cataluña a un precio de 9,80 euros por caja de cien unidades, frente a los 2,42 en la Delegación Especial de Andalucía, esto es, más del cuádruplo en el primer caso en comparación con el segundo. La Delegación Especial de Cataluña llegó a pagar un precio de hasta 14,38 euros por litro de gel hidroalcohólico, en tanto que en los Servicios Centrales el precio fue de 5,15 euros, y en la Delegación Especial de Madrid se pagó 4,60 euros, habiendo tenido lugar todas estas compras entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020″, explica el informe del órgano fiscalizador. Este gasto público tan desequilibrado no tendrá sanción penal. Las normas de contratación en pandemia perdonaban todas estas anomalías.

El Ayuntamiento de Valladolid logró en abril de 2020 15.000 mascarillas tipo KN95 a 3,35 euros por unidad (IVA incluido), 200 buzos a 15,51 euros cada uno, 200.000 mascarillas quirúrgicas a 0,70 euros la unidad y 10 cajas de guantes (10.000 guantes en total) a 182,62 euros la caja. En el contrato que costó al Ayuntamiento de Madrid casi 11 millones de euros y acabó en los tribunales, el precio de los guantes era 10 veces superior al pagado por el Ayuntamiento de Valladolid en esos días; y las mascarillas KN95, justo el doble.

Las mordidas de los piratas. Nunca nadie ganó tanto dinero en tan poco tiempo vendiendo ese tipo de material a las administraciones públicas. Pero nunca antes se vivió una situación tan excepcional. ¿España es un país de pícaros?

Un empresario que vendió material aquellos días responde: “A mí me parece lícito siempre y cuando no fueran funcionarios los que cobraran esas mordidas. Ten en cuenta que había mucha gente sufriendo. Había intermediarios de buena fe, que eran la mayoría, y pedían un 5%, pero luego había piratas que pedían hasta el 40% y trabajaban para administraciones públicas. Yo rechacé ventas en las que me llegaron a pedir un 30% de comisión. Quería que el material llegara a un precio razonable”.

El jefe de compras de un hospital público madrileño cuenta que en los primeros días (tras la centralización de las compras por parte de la Consejería de Sanidad) se llevó una sorpresa: “Se estaba comprando a empresas que no me sonaban de nada mientras que las habituales del sector sanitario, como Helianthus por ejemplo, se quedaban sin vender. Lo que pasó es que los proveedores ordinarios no tenían dinero en mano así que se compró a empresas poco habituales, empresas que ni siquiera tenían empleados, sin actividad. Cantaba por todos lados. A mí me escandalizó todo. Se buscaban una sociedad para facturar y hacían las compras por ahí”.

El Tribunal de Cuentas no se atreve a sacar conclusiones porque había múltiples variables en juego que condicionaron cada una de las contrataciones. Pero destaca que hubiera sido importante hacer “en su momento, prospecciones del mercado”.

Un gestor público que firmó la compra de material anticovid reflexiona sobre lo ocurrido: “En momentos de crisis, el ser humano es capaz de lo mejor, hubo innumerables ejemplos en pandemia, y de lo peor, gente sin escrúpulos haciendo caja. Hubo quien se dedicó a rapiñar con la muerte de la gente. Y también hubo gente ejemplar”.

Los agujeros negros de una respuesta de emergencia. La respuesta de las administraciones públicas para proteger la salud de la población, contener la expansión del virus y reforzar el sistema de salud pública ha dejado en evidencia fallos considerables en muchos aspectos; desde la gestión puramente sanitaria del problema hasta el control del dinero público empleado en combatir la pandemia.


El enriquecimiento no es delito en pandemia

El Código Penal y la contratación de mascarillas. El decreto de alarma que aprobó el Gobierno para hacer frente a la pandemia introdujo en su artículo 16 la posibilidad de aplicar contratos de emergencia a las compras de material antiCovid. Esa excepcionalidad, justificada por la gravedad de la situación, evita ahora que la Fiscalía Anticorrupción pueda considerar delictivos los precios inflados que muchos intermediarios impusieron a las administraciones públicas para importar material de China.


Imputados por material defectuoso, no por beneficio exagerado. Los primeros imputados en España por un contrato de venta de mascarillas, Luis Medina y Alberto Luceño, se pusieron de acuerdo para obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico” y lo consiguieron (seis millones de los 11 que pagó el Ayuntamiento de Madrid por el material), según relata la Fiscalía Anticorrupción en su querella. Pero no están imputados por ese enriquecimiento, sino porque el material entregado fue defectuoso, no correspondía al comprometido, era de una calidad inferior y, por tanto, se produjo una supuesta estafa. Los guantes no tenían las medidas prometidas y la encargada de compras del Ayuntamiento de Madrid llegó a fotografiar el mismo material de un supermercado a 0,08 euros mientras que el entregado por Medina y Luceño costaba dos dólares (1,62 en comisiones).


Blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción también atribuye a Luis Medina y Alberto Luceño un delito de blanqueo de capitales —introducir las ganancias ilícitas en el circuito económico legal— por la compra de un velero, un piso en Pozuelo, numerosos coches y relojes de lujo o la estancia en un hotel de lujo con el dinero obtenido de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo es confusa respecto a este punto y señala que no se puede atribuir blanqueo de capitales cuando se trata de “autoconsumo”, como pagar viajes o el alquiler de una vivienda con el dinero procedente del delito pues no puede apreciarse el objetivo de ocultar o encubrir bienes. Los dos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid dedicaron gran parte de sus ganancias a comprar bienes de lujo. Medina adquirió un velero, mientras que Luceño se compró media docena de coches: un Aston Martin DB11, un Ferrari 812 Superfast, un Mercedes AMG GT 63S, un Mercedes SCL 300, un Range Rover Sport, un KTM X BOW y un BMW I8 Roadster.


Tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción recuerda que no había ningún procedimiento reglado para la adquisición de material sanitario en pandemia. Por tanto, explican, es muy difícil acreditar que hubo tráfico de influencias en el hecho de que una empresa para la que trabajaba el hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fuera contratada para conseguir 250.000 mascarillas FPP2. No obstante, quienes participaron en la gestión, tanto la parte contratante como la parte contratada, serán llamados a declarar por Anticorrupción. En la causa abierta por el contrato del Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía relata la participación indirecta de un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que supuestamente puso en contacto a los comisionistas con el personal municipal encargado de las compras de material. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha descartado que en esa gestión pueda haber tráfico de influencias y nadie del Ayuntamiento de Madrid está imputado en la causa abierta en un juzgado de Plaza de Castilla.


Malversación de fondos públicos. La Fiscalía Europea reclama para sí la investigación del contrato de las mascarillas que benefició a una empresa, Priviet, que a su vez pagó al menos 55.000 euros al hermano de Díaz Ayuso. El argumento para reclamar esa competencia es que el dinero empleado por la Comunidad de Madrid para abonar los 1,5 millones de euros por las 250.000 mascarillas que consiguió traer de China el hermano de la presidenta madrileña proceden de fondos europeos. 


Delitos de Corrupción. La Fiscalía, que sigue adelante con su propia investigación, sostiene que el caso solo se puede examinar desde la perspectiva de los delitos de tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios u otros relacionados con la corrupción. Pero en ningún caso se ha producido una malversación de fondos públicos. “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas”, señalan fuentes fiscales, “Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”, añaden estas mismas fuentes.

50% de descuento

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites
Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS