Un juez admite a trámite la querella de Anticorrupción contra los comisionistas de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid
El magistrado, que no ha decretado el secreto de la investigación, les tomará declaración por estafa y blanqueo
El escándalo por las comisiones millonarias obtenidas en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante lo peor de la pandemia coge ahora vuelo en los tribunales. Apenas 24 horas después de que la Fiscalía Anticorrupción anunciase que ha presentado una querella contra los comisionistas Luis Medina, hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y un amigo suyo, Alberto Luceño; el juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha comunicado que ya la ha admitido a trámite y que interrogará a los dos principales implicados en los próximos días, “así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos”.
Este movimiento ahonda en la crisis política que sufre el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. No solo porque Anticorrupción destacó en su escrito que uno de sus familiares —su primo Carlos Martínez-Almeida— participó como mediador en la operación de Medina y Luceño, sino también porque el regidor ya se vio salpicado por la presunta trama de espionaje que denunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que atribuyó al entorno de Pablo Casado, presidente del PP hasta hace tan solo unos días.
El juzgado de Instrucción 47 de Madrid, encabezado por el magistrado Adolfo Carretero, ha apreciado indicios suficientes de irregularidades tras recibir el escrito del ministerio público, que atribuye a los dos la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compraventa de material sanitario en marzo de 2020. Según la Fiscalía, en el peor momento de la pandemia, cuando cientos de personas morían y los ciudadanos se encontraban confinados en casa mientras los sanitarios hacían frente a un virus desconocido, Medina y Luceño “actuaron de común acuerdo” para “obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”.
Los dos querellados ofrecieron “al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”, según el ministerio público. A cambio, se embolsaron millones de euros, estableciendo comisiones disparadas: del 60% para las mascarillas; del 71% para los tests; y del 81 % para los guantes. Además, compraron bienes de lujo con el dinero que obtuvieron, según las pesquisas. El magistrado no ha decretado el secreto de sumario y ya ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de personarse en la causa.
Por su parte, el alcalde ha ofrecido este jueves una rueda de prensa donde ha defendido su gestión y la de su Gobierno. “Yo no tenía ni idea de que mi primo había intervenido. La persona con la que contactó mi primo no fui yo”, ha dicho Martínez-Almeida, informa Manuel Viejo. “He hablado con mi primo, pero no voy a decir qué he hablado con él. Me parece indignante en qué ha acabado el dinero de Madrid. Si el Ayuntamiento ha sido estafado, vamos a ejercer hasta las últimas consecuencias [...] ¿Alguien puede pensar que tuviéramos algún interés en cobrar más por las mascarillas? Nuestro pecado era [querer] que los funcionarios que salieran a la calle estuvieran protegidos. Si se produce una estafa, el estafado es el Ayuntamiento de Madrid”.
Un yate y coches de lujo
Los dos comisionistas dijeron que actuaron movidos por el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía los acusa de que, en realidad, su ánimo fue obtener un “exagerado e injustificado” beneficio. Con las comisiones, adquirieron coches de lujo (Ferrari, Lamborghini...); relojes; un yate; y una vivienda con tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón, al noroeste de la capital, valorada en más de un millón de euros, según la querella.
La investigación de la Fiscalía comenzó en noviembre de 2020, pero no fue conocida hasta la semana pasada. Este caso, junto con otros contratos que han despertado sospechas recientemente, ha puesto el foco en las compras de emergencia que han hecho las administraciones a lo largo de los dos años de pandemia. En febrero de este año, Anticorrupción anunció que estaba indagando la compra de mascarillas que hizo el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Material defectuoso
El escándalo de Medina y Luceño resulta aún más sangrante, según la oposición, cuando se revisa el material que se recibió. Por ejemplo, Anticorrupción explica que unos guantes suministrados eran de una “ínfima calidad”, “solo llegaban hasta la muñeca” y el Ayuntamiento los estaba pagando a dos dólares (1,84 euros) cuando en ese mismo momento cualquier ciudadano podía comprar los mismos guantes en un supermercado de España por ocho céntimos de euro. Respecto a los tests de coronavirus, dice la Fiscalía, una “gran parte eran defectuosos”: “De los 250.000 tests recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable”, apunta en su escrito.
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