Corrupción, chantaje y un intento de espionaje en la autodestrucción del PP

Los hitos principales de los últimos seis meses de la guerra sucia que acabó con Pablo Casado y que devora la reputación de la formación conservadora

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, en enero de 2022, en Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, en enero de 2022, en Madrid.Eduardo Parra (Europa Press)

La cita para regalar aplausos al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es en el hotel Ritz de Madrid. Isabel Díaz Ayuso acude al evento dispuesta a fingir una reconciliación con Teodoro García Egea, secretario general del PP al que tiene bloqueado en el teléfono. Las mascarillas que tapan parte de sus caras facilitan a los dos políticos una fotografía de la paz sin temor a ser descubiertos en la mentira. Ambos saben que su guerra sigue viva y dejará víctimas; ambos ocultan información tóxica del contrario para un desenlace explosivo. Es lunes, 10 de enero de 2022.

El presidente del PP, Pablo Casado, mantiene desde hace meses un pulso por el poder con Ayuso, a la que él mismo encumbró. La pugna es parecida a otras vividas en los últimos 20 años entre los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y la cúpula nacional. La partida por el poder entre la Puerta del Sol y Génova 13 se juega ahora, como antes, en las cloacas de la política con chantajes, intentos de espionaje, traiciones, mentiras y corrupción. El PP regresa así al barrizal de las batallas internas que devoran su reputación, según recuerdan varios exdirigentes.

Estos son los hitos principales de los seis meses de tensiones que acabaron con la carrera de Casado, el primer líder en la historia del PP elegido por los militantes y destronado por los dirigentes.

1. Unos datos fiscales como arma de un chantaje. El presidente del PP recibe a finales de agosto una información sobre los negocios de Tomás Díaz Ayuso con la Comunidad de Madrid. El soplo lo da alguien que está lejos del palacio de la Moncloa y muy cerca del PP, según personas conocedoras del origen de la información. La confidencia sostiene que el hermano de la presidenta declaró 286.000 euros en el modelo 347 (ventas a terceros) por una intermediación con la Comunidad de Madrid en 2020.

[El contrato de las 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros a favor de Priviet Sportive, empresa de un amigo de los Díaz Ayuso, se firmó el 1 de abril de 2020 en la Consejería de Sanidad por la vía de emergencia —sin concurso público y con escasos controles—. Tomás Díaz Ayuso cobró de Priviet al menos 55.800 euros por unos días de gestiones para conseguir el material. El 20 de mayo de 2020, el consejo de Gobierno presidido por Ayuso se dio por enterado de esta y otras contrataciones].

Casado le cuenta en septiembre de 2021 a la presidenta que le llegó información del sospechoso negocio de su hermano. Y Díaz Ayuso le contesta: “Me extraña mucho lo que me estás contando. Esto ocurrió hace año y medio. Preguntaré a mi hermano y me informaré”. La presidenta asegura que días después escribió un mensaje a Casado para aclarar que su hermano tenía una relación comercial normal con la empresa que vendió las mascarillas y que no había nada ilegal.

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El secretario general del PP, Teodoro García Egea, exige en octubre de 2021 más explicaciones. “La amenazó con filtrar a varios medios el contrato de su hermano si ella no renunciaba a la presidencia del PP de Madrid”, aseguran desde el equipo de Ayuso. García Egea niega el supuesto chantaje. “Se le planteó que su hermano podría contratar con la Comunidad de Madrid, pero sin esconder su nombre detrás de una empresa”, señalan fuentes populares.

La dirección del PP manejó informes jurídicos sobre el caso donde se apuntaban posibles delitos (tráfico de influencias, malversación de fondos) que, de confirmarse, podían acabar con la imputación de la presidenta. “La operación es ética y estéticamente impresentable, pero dudo mucho que tenga encaje en el Código Penal”, opina un exdirigente del PP experto en Derecho Penal.

2. La otra filtración anónima. El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional y periodistas de varios medios reciben en noviembre pasado unos mensajes anónimos por teléfono donde se denuncia, sin pruebas, el supuesto pelotazo dado por el hermano de la presidenta (“300.000 euros”) a cuenta del contrato de las mascarillas. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se afana en quitar valor a la información. La respuesta del Gobierno regional a elDiario.es, primer medio que denuncia la adjudicación a un amigo de la familia Díaz Ayuso, es lacónica: “El contrato está fiscalizado y perfectamente legal”. Ni palabra del hermano.

3. Asesores municipales airean el contrato. Ángel Carromero es un dirigente del PP que hizo carrera en Nuevas Generaciones al lado de Casado. De aquello hace 15 años y ahora trabaja como alto cargo en el Ayuntamiento de Madrid. Dedica parte de su tiempo a defender los intereses de Casado sin necesidad de que nadie se lo ordene. Desde finales de noviembre, Carromero echa mano de otros cargos de confianza para animar a algunos medios a investigar el contrato con el que se lucró el hermano de la presidenta, según cuentan personas próximas a este alto cargo.

Carromero no tiene los documentos que acreditan el negocio de Tomás Díaz Ayuso. Es entonces cuando esos asesores municipales dan un salto cualitativo en sus gestiones y buscan ayuda en agencias de detectives, según indica a EL PAÍS un testigo de estos movimientos.

4. Dos detectives privados, una indiscreción. Julio Gutiez es dueño de la agencia de detectives Mira. Aunque el anonimato es garantía de éxito en su sector, es conocido en la política madrileña porque durante años estuvo imputado en la causa abierta por el espionaje a Ignacio González, expresidente madrileño, en Cartagena de Indias (Colombia), en 2008. El detective no delató a nadie durante los años en que estuvo imputado y el caso se archivó en 2017 sin que se conociera quién encargó el espionaje para destruir a González.

Cuatro años después, Gutiez irrumpe en el campo de la batalla que enfrenta al líder nacional del PP con la presidenta madrileña.

Cargos de confianza del Ayuntamiento de Madrid, vinculados directa o indirectamente a Carromero, consultan en diciembre pasado a dos detectives privados de dos firmas distintas acerca de la posibilidad de conseguir información fiscal de Tomás Díaz Ayuso, según explican a EL PAÍS personas conocedoras de estos contactos. Los espías contestan que se trata de un trabajo ilegal. Nadie les contrata y el espionaje no se produce. Julio Gutiez es uno de los dos detectives y confirma el contacto. La mecha del escándalo que amenaza de muerte a la cúpula del PP está encendida.

5. Dos exministros: el informador y el intermediario. El exministro de Justicia Rafael Catalá es amigo de Julio Gutiez. El detective le cuenta al exministro la consulta que le hizo un supuesto cargo municipal para husmear en las cuentas del hermano de Ayuso. Catalá traslada esta confidencia a la presidenta a mediados de diciembre. La información resultará clave en el hundimiento de Casado.

El exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que huyó de la política hace tiempo, recibe antes de Navidad una llamada de Díaz Ayuso para contarle lo que sabe por Catalá y pedirle que intermedie con el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Ruiz-Gallardón hace la gestión y le transmite a Ayuso que el alcalde de Madrid no sabe nada del intento de espionaje, pero que le ha garantizado que hará una investigación interna.

6. Un terremoto en manos de Ayuso. 2022 es un año decisivo para las aspiraciones de Pablo Casado, que espera una victoria holgada del PP en las elecciones de Castilla y León con la que potenciar su carrera a La Moncloa. El líder popular no puede imaginar que a la vuelta de la esquina está su infierno. Quien sí puede intuirlo es Isabel Díaz Ayuso, porque tiene en sus manos una información escandalosa desde mediados de diciembre. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, confirma en la tercera semana de enero que un medio de comunicación posee ya la información sobre el intento de espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La misma información que ellos han gestionado desde que Catalá les avisó un mes antes. La misma información que transmiten a Ruiz-Gallardón y que este traslada al alcalde de Madrid. La misma información que se publica en El Mundo el 17 de febrero de 2022 y que desencadena el ataque feroz de Díaz Ayuso: “Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel e injusto contra mí”.

7. El comunicado conjunto que Ayuso rechazó; el fin de Casado. Casado acude el 18 de febrero a la cadena Cope para responder a Díaz Ayuso: “La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros”. La frase parece una condena inequívoca a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero solo unas horas después, Casado da un paso atrás que pocos entienden. Cita a Ayuso y le ofrece una componenda: el cierre del expediente abierto a cambio de que la presidenta reconozca que no hubo espionaje. La presidencia no acepta el trato y Casado opta por hacer público un comunicado el sábado 19 de febrero en el que anuncia el cierre del expediente de manera satisfactoria y desmiente que la dirección nacional haya intentado espiar a la presidenta. Mientras distribuyen el comunicado que absuelve a Díaz Ayuso, uno de los principales dirigentes populares sigue detallando a EL PAÍS las sospechas de corrupción sobre la presidenta madrileña.

Un veterano del PP ajeno a los dos bandos, pero conocedor de las intrigas de estos últimos meses concluye: “Casado ha caído porque durante sus tres años y medio de mandato dejó muchas heridas abiertas en los territorios y ahora los barones se han vengado. El intento de espionaje, si existió, no explica lo sucedido; es solo la gota que ha colmado el vaso. Pablo Casado y Teodoro García Egea se creyeron que tenían un poder que no tenían”.

Extorsiones en las batallas internas por el poder

La presidencia del PP de Madrid en juego. Isabel Díaz Ayuso quiere ser presidenta del PP de Madrid. Y ha denunciado que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la amenazó con filtrar información sobre los negocios de su hermano si no renunciaba a la presidencia del partido en Madrid. Ayuso no aceptó el chantaje y salieron las informaciones sobre el dinero público que ganó su hermano a costa de la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid.


Las presiones contra la candidatura de Cobo y Gallardón; la retirada de una revista. Esperanza Aguirre reivindicó en otoño de 2005 la presidencia del PP de Madrid dado que ya era presidenta de la Comunidad, a la que había llegado tras la repetición electoral provocada por los dos tránsfugas socialistas que impidieron la investidura de Rafael Simancas. Alberto Ruiz-Gallardón, que entonces era alcalde de Madrid, apoyó a su vicealcalde, Manuel Cobo, como candidato para disputar el puesto a Aguirre. A partir de ese momento, arreciaron las presiones contra Ruiz-Gallardón desde la dirección nacional del PP, a través de mensajes anónimos e incluso con informaciones preparadas contra Cobo. La revista Época, que se alimentaba en parte de la publicidad de la Comunidad de Madrid, preparó un número donde contaba supuestos secretos de Cobo para desprestigiarlo. Cuando Cobo decidió retirarse, alguien ordenó cambiar la portada y parte del contenido de la revista antes de que llegara a los quioscos. Algunos ejemplares se conservaron.

Seguimientos ilegales con dinero público para acabar con el adversario

Dinero público para espiar a adversarios de Esperanza Aguirre. Ex guardias civiles contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Consejería de Interior de Madrid hicieron seguimientos en 2008 a dos políticos, Manuel Cobo y Alfredo Prada, que apoyaban a Mariano Rajoy. Dos de esos exguardias civiles confesaron los seguimientos, recogidos en distintos partes y confirmados por informes periciales de la Policía Nacional. Además, atribuyeron a dirigentes políticos la orden para hacer esos trabajos ilegales, pero fueron absueltos del delito de malversación de fondos públicos por un jurado popular.


Un vídeo acusatorio grabado en Cartagena de Indias. Una agencia de detectives siguió a Ignacio González hasta Cartagena de Indias en 2008, en un viaje que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid hizo en calidad de presidente del Canal de Isabel II. Las fotos de aquel espionaje, adelantadas por EL PAÍS, no contaban nada. El vídeo del seguimiento incorporaba unos subtítulos que supuestamente se correspondían con las conversaciones que mantenía González con sus acompañantes. Esos subtítulos fueron inventados para incriminar al expresidente en un delito, según ha denunciado él mismo en la causa donde está imputado.


Policías espías en el Ministerio del Interior. Media docena de comisarios están procesados por el espionaje a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de robarle documentación que pudiera incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy. 

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