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Anticorrupción investiga compras de material sanitario por el Ayuntamiento de Almeida durante la pandemia

La fiscalía abre diligencias por unas presuntas comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios, uno de ellos Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, que contactó con un cargo del Consistorio

Jose Luis Rodriguez Almeida
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno en 2021.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación de dos contratos de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid por un valor de casi 11 millones de euros en marzo de 2020, según ha adelantado eldiario.es este viernes y ha podido confirmar EL PAÍS. Presuntamente, dos empresarios españoles cobraron comisiones millonarias ―seis millones― durante la primera ola, en el pico más alto de la pandemia, cuando en Madrid fallecían cientos y cientos de personas al día en los hospitales, casas y residencias de mayores de la capital. Las compras investigadas son un contrato por un millón de mascarillas FFP2 por 6,6 millones de euros y 250.000 tests de anticuerpos por 4,2 millones de euros.

Las posibles ilicitudes de los contratos de emergencia son dos años después objeto de creciente atención. Esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, abierta hace año y medio pero conocida ahora, se suma a la reciente apertura de diligencias sobre el contrato que benefició al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A las indagaciones de ese otro caso se ha sumado la Fiscalía Europea.

Los dos empresarios que supuestamente mediaron para el Ayuntamiento de Madrid son Luis Medina Abascal ―hijo de la modelo de alta costura Naty Abascal y el ya fallecido duque de Feria, Rafael Medina― y Alberto Luceño Cerón, también empresario y amigo de este. Los investigadores sospechan que estos dos administradores se pusieron en contacto con un alto cargo del Ayuntamiento durante la segunda quincena de marzo de 2020. Según fuentes municipales, estos empresarios aseguraron tener contactos con empresas asiáticas que fabricaban material sanitario: mascarillas, EPI, guantes... Las compras se produjeron en un contexto donde era prácticamente imposible lograr contratos de este tipo por todo el mundo. Las administraciones locales y regionales se desvivían por estos materiales, un auténtico mercado persa.

El Ayuntamiento, a través de la empresa funeraria municipal, que es de titularidad pública, realizó entonces un contrato con la empresa Leno, radicada en Malasia, tal y como consta en el contrato al que ha accedido EL PAÍS. Los empresarios Medina y Luceño son los que hicieron de intermediarios de Leno para el Ayuntamiento. Anticorrupción, meses más tarde, detecta un ingreso de seis millones en las cuentas de estos administradores. Cinco millones fueron a parar a Alberto Luceño y uno, a Luis Medina Abascal. ¿Cómo llegaron estos empresarios a ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Almeida? “De las investigaciones en curso y de datos personales no podemos hablar”, responden fuentes del Consistorio. No hay respuesta.

¿Cómo se hizo el contrato con la empresa de Malasia? La empresa funeraria, de titularidad pública desde 2016 por orden de la entonces alcaldesa Manuela Carmena, era la única empresa del Ayuntamiento que podía realizar este tipo de contratos. No era nada sencillo firmar acuerdos con empresas asiáticas. Todas exigían siempre un adelanto económico. Si los ayuntamientos españoles querían millones de mascarillas, tenían que adelantar siempre una gran cuantía económica y, de alguna manera, rezar para que llegaran estos materiales y no fuera un pufo económico.

La única empresa del Ayuntamiento que podría hacerlo era la de servicios funerarios municipales. Según cuentan fuentes municipales, al estar toda España confinada, los representantes de los grupos políticos que están presentes en el Consejo de Administración de la empresa funeraria crean un grupo de WhatsApp. En este grupo se anuncia que van a hacer este tipo de contrato con esta empresa asiática. Todos los partidos están a favor. Sin embargo, el alto cargo del Ayuntamiento que valida esta acuerdo y que depende del área de Hacienda omite una información clave: que el Consistorio ha llegado a esta empresa asiática gracias a estos dos empresarios. Este periódico se ha puesto en contacto con esta trabajadora, sin respuesta.

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Meses más tarde, concretamente en noviembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción inicia las investigaciones. Llama a declarar como testigo a la alto cargo de Hacienda que validó estos contratos. ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid no se personó en aquel momento? “Si la investigación de la Fiscalía concluyera que se cometió un delito que hubiera supuesto un perjuicio para las arcas municipales, estudiaremos la manera de personarse como acusación como posible perjudicado”, contestan fuentes del entorno del alcalde. El Consistorio formalizó 72 contratos a través de la funeraria municipal por un valor de 42,1 millones de euros, según los datos del Tribunal de Cuentas.

La noticia de este viernes ha pillado al alcalde de Madrid y varios de sus concejales en Sevilla, en el congreso nacional del PP. Aquí, a preguntas de los periodistas, Almeida ha dicho que “están muy tranquilos” y que su administración ya ha aportado toda la documentación necesaria.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha defendido la coalición de Gobierno durante un acto en la capital. “El Gobierno no está en entredicho”. Para la oposición, sin embargo, sí. Más Madrid se plantea pedir un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones. “En lo peor de la pandemia había algunos intentando aprovecharse, forrarse, con la desgracia ajena”, ha dicho su portavoz, Rita Maestre. “Los comisionistas se llevaron seis millones de dinero público, de los impuestos, que se ha ido a bolsillos de un puñado de empresarios. No hay nada más deplorable”. El PSOE, por su parte, cree que el alcalde “ya sobra”. Su portavoz, Mar Espinar, ha pedido una comparecencia pública de Almeida. El próximo lunes, a las diez de la mañana, la empresa funeraria ha convocado un consejo extraordinario.

El contrato de las mascarillas y la lupa del Tribunal de Cuentas

El precio más alto de todos los contratos examinados para las mascarillas FFP2 y KN95 por el Tribunal de Cuentas fue de 6,24 euros/unidad, concertado por el Ayuntamiento de Madrid el 25 de marzo de 2020, a través de la empresa municipal de Servicios Funerarios. Este es uno de los contratos que se están investigando ahora. El ejecutivo de Almeida pagó de media 4,76 euros por estas mascarillas. Ese mismo mes de marzo Barcelona las adquirió a 2,57 y Zaragoza a 1,60 euros, por ejemplo.

El precio más alto por un test anticuerpos, aquellos que demuestran si se está protegido frente al coronavirus o si ha estado en contacto con el virus, fue de 16,03 euros/unidad, correspondiente también a contrato del Ayuntamiento. La capital de España pagó un precio medio de 13 euros por cada test de anticuerpos; Zaragoza, 8,65; Valencia, 7,36 y Las Palmas de Gran Canaria, 10,76. La media de los ayuntamientos analizados por el Tribunal de Cuentas se sitúa en 9,14.

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Manuel Viejo

Es de la hermosa ciudad de Plasencia (Cáceres). Cubre la información política de Madrid para la sección de Local del periódico. En EL PAÍS firma reportajes y crónicas desde 2014.

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