Operación Silencio

Contra los buenos augurios surgidos el lunes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que relanzaría la atención a la desaparición forzada, días después es obvio que su Gobierno pretende encorchetar ese problema, lo que incluye sofocar los reclamos de las buscadoras.

La esperanza de que en este sexenio las instituciones sí atendieran, de manera humana y eficaz, a las familias de quienes perdieron en la vorágine de la desaparición forzada a un ser querido, se marchitó en unos cuantos días.

Antes que dar pasos para crear un mecanismo donde las buscadoras sean interlocutoras de la presidenta, decisión que daría más fuerza y legitimidad a lo anunciado el lunes por Sheinbaum, Palacio Nacional se erigió como la víctima más importante del caso Teuchitlán.

Así de vueltas dio en una sola semana la consternación surgida hace dos semanas, luego de que el grupo Guerreros Buscadores entrara al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y se difundieran imágenes de calzado y diversas pertenencias ahí abandonadas.

A partir de esas fotografías —de lo que al final fueron 154 pares de zapatos, decenas de mochilas y otros objetos— y de algunos testimonios estallaron los temores de que ese predio fuera un campo de exterminio en el que incluso se hubieran utilizado hornos.

La espiral mediática hizo eco a una conmoción social inédita en años. Al punto que Sheinbaum, a pregunta expresa sobre ese “crematorio”, lo calificó en la mañanera del día 10 de marzo de “terrible”; y la semana siguiente anunció reformas legales y un decreto para reforzar tanto la capacidad institucional en contra de la desaparición forzada, como la búsqueda de los desaparecidos.

El Gobierno, sin embargo, calladamente decidió una operación silencio. La Fiscalía General de la República se prestó para la desactivación del escándalo mediático. Alejandro Gertz Manero, titular de esa dependencia, atendió de manera expedita la encomienda.

Gertz dio el miércoles una rueda de prensa en la que se tomó muy a pecho su papel de fiscal y sentó en el banquillo de los acusados no a unos criminales, sino al gobierno del Estado de Jalisco. El funcionario federal enumeró una docena de omisiones de la fiscalía jalisciense en el caso Teuchitlán.

Desde septiembre que fue asegurado el rancho Izaguirre luego de una operación de la Guardia Nacional, dijo en pocas palabras el fiscal Gertz, su par de Jalisco no ha emprendido los mínimos protocolos de resguardo e investigación de ese predio y lo que en él había.

En la rueda de prensa, el fiscal evadió algunas preguntas excusándose en que no ha atraído el expediente, y por tanto no ha emprendido sus propias pesquisas. Si la cosa hubiera quedado ahí, tendríamos solo la típica táctica de ampararse en formalismos para no atender un problema.

De manera inopinada, y más sorpresiva aún viniendo de un funcionario refractario a los medios de comunicación, Gertz invitó a la prensa a un recorrido al día siguiente en el rancho Izaguirre, ese mismo predio que él jurídicamente aún no tenía a su resguardo.

Las autoridades de Jalisco respondieron de forma medrosa; y con irresponsable aquiescencia dispusieron que quien quisiera entrara el jueves al campo de entrenamiento criminal donde se teme que hayan sido asesinados e incinerados un número indeterminado de jóvenes.

El jueves fue un día para el calendario del horror, un muestrario de la indolencia de las más altas autoridades, y la constatación de las verdaderas intenciones del gobierno federal: se trataba de quitarse de encima el caso Teuchitlán, no de velar por la justicia a las víctimas.

El fiscal Gertz promovió una visita que no sólo atentaba en contra de la posibilidad de extenuar los peritajes que él mismo califica de incompletos, sino que fue diseñada para que los voceros del régimen montaran una operación a fin de restar credibilidad a las buscadoras.

De la mano, la presidencia y la fiscalía general demostraron que lo suyo no es buscar, sino acallar.

Que lo importante no es si en Teuchitlán hay evidencias para dar con el paradero de una persona, que lo importante es decir lo que no hay, o lo que se supone que no hay, porque ni la FGR ni la Comisión Nacional de Búsqueda (o lo que quede de ella) han investigado.

Para ese propósito de invisibilización, Gertz y Sheinbaum echaron mano de personajes en los medios de comunicación que siguieron el mismo guion: acreditados como prensa, se instituyeron en peritos, en testigos de descargo: “hoy fue un día soleado, presidenta”.

En el rancho Izaguirre fue pisoteada, nunca mejor dicho, la posibilidad de encontrar a jóvenes que, sustraídos de sus casas con engaños, o autoengañados por el fulgor del dinero fácil, han sido tragados por la maquinaria criminal de cárteles necesitados de ejércitos.

Si lo burdo de la operación propagandística para negar que en México hay hornos crematorios de los criminales no fuera suficiente, las imágenes de buscadoras que irrumpieron, con justificada desesperación, en el predio resultaron desgarradoras.

El show de Gertz Manero, que por supuesto no asistió a su propio evento, se montó a pesar de que era previsible que lo que sí se removería con ese tour sería el dolor de familias que llevan años sin noticias de un ser querido.

Hace poco alguien recordaba un proverbio de supuesto origen indio. Si quieres matar un elefante y no ser incriminado por ello, reza el dicho, hazlo en una plaza atestada de gente: habrá tantas versiones que resultará más fácil salirte con la tuya.

Eso hizo el jueves Palacio Nacional. Acarreó jilgueros para llenar de ruido los medios con las versiones interesadas de quienes fueron para desmentir a las madres.

Pocas veces que se recuerde había incurrido la prensa oficial y la oficiosa en un comportamiento así: dar la espalda a las buscadoras para lavar la cara al Gobierno.

Porque ahora resulta, según ha insistido el régimen en la mañanera y otros espacios, que la víctima más importante de Teuchitlán es la presidenta de la República, y también, desde luego, el expresidente que vive en Palenque.

Que las buscadoras rasquen de nuevo la tierra fuera del foco mediático, que su reclamo de justicia sea otra vez la parte baja del rating, que México se trague a sus hijos sin que los locutores pierdan la sonrisa, que Teuchitlán dé paso al nuevo escándalo estéril… eso fue lo que se pretendió con el show del jueves.

Menos mal que el grupo que hoy detenta el poder era oposición en 2014. De haber sido gobierno, desde el basurero de Cocula sus paleros dirían a los cuatro vientos, sí, aquí fueron quemados, ya no protesten padres de Ayotzinapa, dejen al gobierno en paz.

Por su parte, Jalisco le debe a su sociedad, y a la nación, una relatoría honesta del proceder del nuevo y el anterior gobierno con respecto al rancho Izaguirre y a otros casos similares, pues de años atrás datan varias denuncias de campos de exterminio en esa región.

Igualmente, el Gobierno de Jalisco no se puede desentender, así haya pasado el expediente a la fiscalía general, de su deuda con las madres buscadoras para dar con el paradero de desaparecidos en la entidad. Es un dolor que ha de atender y para el cual debe procurar justicia.

No vaya a ser que en Jalisco se confundan y, por imitación, crean que lo que han de hacer es lo que el Gobierno federal: anunciar decretos y, a la vez, armar un montaje para que las madres no tengan credibilidad cuando dicen que sobran los testimonios de la incineración de cuerpos en campos de exterminio.