El mercado persa municipal de la pandemia sale a la luz: de los 1,69 euros por mascarilla en Zaragoza a los 6,24 en Madrid

El Tribunal de Cuentas examina centenares de contratos de emergencia de los principales ayuntamientos españoles durante los meses más duros de 2020

Un avión con 65 toneladas de material sanitario que la Generalitat Valenciana compró a China, y que incluía mascarillas, guantes, equipos de protección individual y gafas de protección ocular, en marzo de 2020.
Un avión con 65 toneladas de material sanitario que la Generalitat Valenciana compró a China, y que incluía mascarillas, guantes, equipos de protección individual y gafas de protección ocular, en marzo de 2020.Juan Carlos Cárdenas (EFE)

Hay contratos y contratos. Durante el pico de la primera ola del coronavirus, el Ayuntamiento de Zaragoza adquiría mascarillas FFP2, de las que más protegen, a 1,60 euros la unidad. Por las mismas fechas, Madrid las compraba a 6,24 y Palma de Mallorca a 3,99. El mercado persa vivido por los principales ejecutivos locales de España durante los meses más duros de la pandemia ―marzo, abril y mayo de 2020― ha salido a luz gracias a un extenso informe del Tribunal de Cuentas de 77 páginas y 800 de anexos. Publicado hace solo unos días, la lupa del máximo órgano fiscalizador ha puesto de manifiesto la diferencia de precios a la que se adquirían materiales de primera necesidad para los sanitarios y funcionarios de las principales administraciones locales, pero también cuestiona sus procedimientos a la hora de comprarlos, sobre todo con los contratos de emergencia, la principal herramienta que tienen los alcaldes y alcaldesas para acelerar las compras en situaciones de crisis.

El órgano ha examinado al dedillo cientos y cientos de dosieres con las adjudicaciones a dedo de aquellos ayuntamientos que tienen más de 300.000 habitantes, como son Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canarias, entre otros. Hay numerosos cuadros gráficos donde se muestran la diversidad de precios a la hora de comprar productos básicos sanitarios, en un contexto donde la escasez y la lucha fratricida por acopiarse de guantes, mascarillas, geles y demás enseres para sus ciudadanos era una prioridad para salvar vidas. He aquí una lista con los principales comentarios del Tribunal de Cuentas y los materiales adquiridos por los organismos municipales.

Mascarillas. El precio más alto de todos los contratos examinados para las mascarillas FFP2 y KN95 fue de 6,24 euros/unidad, concertado por el Ayuntamiento de Madrid el 25 de marzo de 2020, a través de la empresa municipal de Servicios Funerarios. El ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida pagó de media 4,76 euros por las mascarillas. Ese mismo mes de marzo Barcelona las adquirió a 2,57 y Zaragoza a 1,60 euros, por ejemplo. Es interesante observar también cómo el precio varía conforme pasan los meses en función de la oferta. En diciembre de 2020, por ejemplo, Málaga concierta contratos por tan solo 0,69 euros la unidad.

Guantes. Durante el pico de la pandemia, se hizo mucho énfasis en que el virus era muy contagioso con el tacto. Un año después, en abril de este año, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaban que la posibilidad de contagiarse tocando superficies contaminadas de covid era de una entre 10.000. Es decir, que el uso de desinfectantes ya es innecesario. Pero en el pico de la pandemia, la escasez de informes y de estudios llevó a estos ayuntamientos a comprar guantes a diestro y siniestro. El pico máximo de compras, destaca el informe del Tribunal de Cuentas, fue a 0,21 céntimos la unidad, concertado por Barcelona. Mientras que en el mismo mes, Zaragoza los adquiría a solo 0,06.

Los test anticuerpos. El precio más alto por un test anticuerpos, aquellos que demuestran si se está protegido frente al coronavirus o si ha estado en contacto con el virus, fue de 16,03 euros/unidad, correspondiente a un contrato del Ayuntamiento de Madrid. El contrato fue realizado por la empresa municipal de servicios funerarios y adjudicado a una empresa de Malasia. La capital de España pagó un precio medio de 13 euros por cada test de anticuerpos; Zaragoza, 8,65; Valencia, 7,36 y Las Palmas de Gran Canaria, 10,76. La media de los ayuntamientos analizados se sitúa en 9,14.

Gel hidroalcohólico en unidades de cinco litros. El gel hidroalcohólico fue uno de los productos estrella durante los meses más duros de la pandemia. La escasez en casi todas las farmacias llevó a los ayuntamientos a pagar cifras desorbitadas. El 23 de abril de 2020 Barcelona compró geles hidroalcohólicos de cinco litros a 98 euros la unidad. El precio más barato fue adquirido por Alicante, en julio del mismo año por 16 euros. De media, Madrid pagó 23 euros. Barcelona, 52, y Valencia, 57. La evolución de los precios también varía en función de los meses.

Gel hidroalcohólico en unidades de 0,5 litros. Barcelona llegó a pagar hasta 7,17 euros, Madrid, 4,52, Valencia, 2. El precio medio pagado por Madrid fue de 3,94 euros; Barcelona, 5,64; Valencia, 2.

Objeciones del Tribunal de Cuentas. En el caso de Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao y Alicante “se han detectado contratos en que la justificación de la tramitación de emergencia resulta indebida, inadecuada o insuficiente, o bien pone de manifiesto una actuación acorde a la norma pero una defectuosa planificación de la gestión contractual”.

Alguna o varias de estas incidencias afectan al 14% de los fiscalizados de Barcelona: 1.004 contratos por importe de casi 68 millones de euros. Acuerdos que incluyen desde la compra de guantes, mascarillas, test o mamparas, hasta comidas a domicilio, portátiles, obras en el espacio público o campañas de comunicación. En el caso de Madrid, subraya el tribunal, suponen el 12% de los 470 contratos firmados por un importe de 112 millones de euros. Además, añade el informe, en uno de cada cinco de estos contratos no se acreditó la existencia y tampoco constaba que se hubieran realizado las actuaciones necesarias para su dotación.

Las mayores reprimendas, sin duda, se las lleva el Ejecutivo que dirige el popular José Luis Martínez-Almeida. “La normativa de Madrid”, recuerda el tribunal, “exigía que en el momento de iniciarse las actuaciones se incluyera un presupuesto estimado de ejecución por capítulos suscrito por un técnico municipal”. Sin embargo, no consta la existencia de ese presupuesto en 20 contratos, que representan el 34% de los contratos examinados en la fiscalización. Es decir, más de uno de cada tres. En 17 contratos, además, no figura tampoco la memoria justificativa. Estos suponen el 29% de los examinados.

Fuentes municipales añaden que el análisis que hace el Tribunal de Cuentas es muy poco significativo sobre el total de los contratos por emergencia de 2020. Fuentes del área de Hacienda recalcan que estos contratos representan el 4,95% de los 2.028 millones que se contrataron en Madrid el pasado año.

Contratos que no son de emergencia y pasan como de emergencia

Varios de estos ayuntamientos analizados han formalizado contratos de emergencia que, a juicio del tribunal, no son tal. Hay muchos llamativos:

Madrid: la capital de España realizó contratos de emergencia para adquirir licencias de software de gestión remota de puestos de trabajo. El acuerdo se firmó el 19 de octubre de 2020. “Con una adecuada planificación de la gestión contractual habría sido posible disponer de las licencias de software en octubre de 2020 sin necesidad de acudir en esas fechas a la contratación de emergencia”, señala el informe.

Otro contrato de emergencia fue el pebetero que instaló Almeida en los alrededores de la Fuente de Cibeles, que se adjudicó por un importe de 122.000 euros. “No se aprecia la vinculación de esta actuación con la finalidad de hacer frente a la situación sanitaria”, recalca el informe. En el mismo caso se sitúa el diseño del pebetero, que fue adjudicado también como de emergencias por un importe de 10.890 euros.

Barcelona: en el caso de la ciudad condal, la alcaldesa Ada Colau hizo un contrato de emergencias para la captación de los fondos europeos. Fue adjudicado el 29 de octubre de 2020 por importe de 88.939,00 euros. “El servicio contratado no guarda relación con las necesidades inmediatas derivadas de la situación sanitaria causada por el COVID-19″, explica el tribunal, que también cuestiona varios contratos de obras.

Zaragoza. El Tribunal de Cuentas también objeta un contrato del Ayuntamiento de Zaragoza que fue ejecutado a través de emergencias. Se trata de un diseño de un espacio virtual que permitía recrear una experiencia “completa” de la ofrenda de flores durante las fiestas del Pilar del pasado año. Fue adjudicado el 31 de julio de 2020 por 45.000 euros.

Málaga. El Ayuntamiento del popular Francisco de la Torre realizó dos contratos que muy poco tienen que ver con la emergencia sanitaria y que, sin embargo, se hicieron por la vía de emergencias. Uno sobre un curso de Excel para funcionarios de 28.656 euros y otro sobre la reparación de vehículos de cuatro ruedas de la Policía Local, y se adjudicó por emergencia por un importe de 4.132,23 euros, IVA excluido, a pesar de tener un contrato en vigor que cubría las reparaciones de estos vehículos.

Bilbao: El Tribunal de Cuentas cuestiona tres contratos adjudicados por un importe de 38.135 euros que tenían por objeto emitir a través de medios de comunicación y redes sociales “mensajes de ánimo a la ciudadanía, para ayudar a combatir el desaliento causado por el confinamiento”. Sin embargo, recalca el informe, tampoco resulta justificada la vía de emergencia.

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Sobre la firma

Manuel Viejo

Es de la hermosa ciudad de Plasencia (Cáceres). Cubre la información política de Madrid para la sección de Local del periódico. En EL PAÍS firma reportajes y crónicas desde 2014.

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