PSOE y Podemos llegan a la hora decisiva de la investigación sobre la pederastia en la Iglesia con planteamientos distintos

EL PAÍS ha documentado, ante la inacción de la Iglesia y de los poderes públicos, 1.246 víctimas de pederastia en templos y colegios religiosos españoles. Los expertos en la materia señalan que esa cifra no se acerca ni de lejos a la dimensión real del problema, mucho mayor. En un país de características parecidas como Francia hay al menos 216.000 afectados. Este martes es un día histórico para esas personas, a las que les arrebataron la infancia y les amargaron después, con rechazo, incomprensión e incluso violencia. El pleno del Congreso debatirá la proposición no de ley del PSOE y el PNV para formar una comisión de investigación, compuesta por un equipo de expertos y encabezada por el Defensor del Pueblo. No es el planteamiento que defiende el socio minoritario del Gobierno, que apuesta por una investigación parlamentaria que sirva como paso previo para la puesta en marcha de una “comisión de la verdad”, una fórmula similar a la impulsada en Francia o Australia.

Esta iniciativa propone comparecencias en el Parlamento públicas y privadas de víctimas, así como de los obispos, que sirvan como paso previo para desarrollar una comisión a la que se dote de poderes para investigar los abusos. Unidas Podemos (UP) cree que los dos proyectos pueden convivir, aunque prefiere consensuar una única comisión. Sin embargo, el PSOE rechaza que se compongan dos iniciativas. Los socialistas tienen ventaja, ya que su propuesta es la primera que pasa por el pleno del Congreso y empuja a UP a posicionarse. Aunque poco antes, el mismo martes, hay otra votación decisiva: la propuesta de UP pasará por la Junta de Portavoces para decidir si se debate en el siguiente pleno. Si el PSOE vota en contra, el grupo morado anuncia que haría lo mismo ante el proyecto socialista. El escenario ideal para ambos partidos es llegar a un acuerdo y que se vote una única iniciativa.

La diputada socialista y presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, asegura que las negociaciones entre su grupo y UP siguen abiertas. “Estamos hablando para que esto salga adelante”, explica Calvo, que anticipa la posibilidad de incluir “ajustes” en la propuesta de PSOE y PNV para llegar a un punto intermedio. No especifica cuáles son esos posibles cambios, pero habla positivamente de algunas de las ideas centrales del proyecto de UP. “Los expertos nos dirán qué vamos a necesitar para llegar hasta el final en las causas que se van a ir abriendo. Los juristas que formen parte de esa comisión nos harán una recomendación. Nos dirán si tenemos que hacer algún cambio legislativo”, indica la diputada socialista, que abunda en la misma idea: “El Defensor del Pueblo nos podrá hacer recomendaciones de cambios legales para descubrir la verdad”. Es una vía con resonancias similares a la que tomaron en Francia, mediante decreto ley, para dotar de poderes suficientes a la comisión para investigar.

El presidente del grupo parlamentario de UP y negociador de la formación en este asunto, Jaume Asens, no entiende el “empeño” del PSOE en que el Defensor del Pueblo dirija la investigación: “Para nosotros, la vía parlamentaria es incluso secundaria, pero es el mejor primer paso para crear una auténtica comisión de la verdad, que tenga poderes delegados y permita citar a quien quiere, que pueda obligar a entregar documentación. El Defensor nunca tendrá esas atribuciones”. Recuerda que el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) ya hizo una investigación y llegó a la conclusión de que no tuvo ni poderes ni recursos suficientes para esclarecer el escándalo.

La proposición no de ley del PSOE y el PNV abre la posibilidad de algo parecido a la comisión de la verdad al afirmar que “los grupos [políticos] adoptarán las iniciativas que consideren convenientes a la luz de las conclusiones y recomendaciones expuestas”, pero no queda del todo claro. Es la meta final en la propuesta que hace Unidas Podemos, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que plantea la comisión de la verdad como un “organismo jurídico independiente, de carácter temporal, cuyo único cometido sea realizar la investigación de los hechos”. La puesta en marcha de esta comisión iría precedida por la comisión de la investigación parlamentaria.

El objeto de la comisión en el Congreso que plantea UP, con el apoyo de ERC y EH Bildu, es investigar “la existencia de redes y estructuras dentro de la Iglesia católica que facilitan, perpetúan y tapan las agresiones sexuales en la infancia; el grado de conocimiento por parte de los organismos y departamentos públicos; el número de víctimas y victimarios; y todos aquellos elementos necesarios para planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención a las víctimas”. Durante la comisión parlamentaria, UP propone abordar la pederastia clerical desde varios prismas: conocer experiencias de investigación de abusos nacionales (Navarra) e internacionales (Alemania o Francia); mecanismos de búsqueda activa y escucha restaurativa de las víctimas; políticas públicas de prevención de la pederastia; descripción y cuantificación del problema... En el texto, el grupo morado plantea algunas solicitudes de comparecencias. Menciona al presidente de la Conferencia Episcopal Española (Juan José Omella), a los arzobispados que se han manifestado a favor de la investigación pública (Arzobispado de Pamplona, de Santiago de Compostela o de Madrid), a víctimas que ya han compartido su testimonio en público, a los líderes de colectivos de afectados y a varios expertos en la materia.

Uno de esos expertos es Miquel Hurtado, víctima que destapó los abusos en el monasterio de Montserrat (Barcelona) y que firma el informe que, en buena parte, sustancia la propuesta de UP, según explica Asens. A lo largo de 31 páginas, Hurtado explica su modelo ideal: “Resultaría recomendable la creación de una comisión parlamentaria que estableciera cuál es el modelo de comisión que se debe crear en España, tras analizar experiencias internacionales similares”. “En base al modelo seleccionado”, continúa Hurtado, “el legislador deberá configurar por ley el mandato legal y régimen jurídico” de la comisión de la verdad. El informe derivado de la investigación parlamentaria debería establecer, considera el autor, si el ordenamiento jurídico español permite que el Congreso otorgue en una comisión independiente el poder de obligar a comparecer y de exigir la entrega de información documental, es decir, “acceso a los archivos canónicos donde están documentadas las denuncias de pederastia clerical gestionadas internamente por la Iglesia y no notificadas a la justicia civil”.

Ninguno de los partidos se atreve a aventurar qué pasará el martes. Preguntado por su optimismo ante la posibilidad de un acuerdo, Asens lo deja en el aire: “La verdad es que no sé qué decirte. No entiendo las razones del PSOE para esta posición. Me da la sensación de que no quieren molestar a la Iglesia. Tenemos tiempo hasta el martes para llegar a un acuerdo”. Calvo cree que la creación de dos comisiones sería “incompatible” con la solución al problema. “Volveríamos a la casilla de salida”, añade la exvicepresidenta del Gobierno, que reivindica la conexión del Defensor del Pueblo con el Congreso: “Es un Alto Comisionado de las Cortes Generales en el que están representadas distintas sensibilidades políticas de la Cámara”.

El PSOE plantea que esta institución dé cuenta del avance de la investigación regularmente en la comisión de Justicia. De momento, no adelanta los detalles de su propuesta: “La logística de los trabajos se va a encargar de configurarla un equipo de expertos, que compondrán la comisión de investigación”, comenta Calvo, que asegura que la dotación presupuestaria será “suficiente, y si necesitase más la Cámara nutrirá de más recursos”. Destaca que esa comisión de expertos decidirá sobre las responsabilidades patrimoniales de la Iglesia: “La propia Conferencia Episcopal se está preparando, por lo que hemos escuchado”. El presidente del despacho de abogados contratado por los obispos para desarrollar una auditoría sobre los abusos dijo que propondrán indemnizar a las víctimas. Omella, en la presentación de esa iniciativa, comentó que la Iglesia colaboraría con las investigaciones de los poderes públicos.

“Lo que nos han trasladado las víctimas”, continúa Calvo, “es que vayamos con unanimidad, que haya armonía en este asunto. Las víctimas necesitan ser escuchadas y que nos pongamos de acuerdo lo más rápido posible. Este es el principio del fin de este doble calvario. Es lo que nos trasladaron en la reunión de tres horas y media que tuvimos el lunes. Necesitamos la mayor unidad posible el martes para sacar esta propuesta adelante”. Asens destaca que las víctimas con las que han hablado prefieren su modelo: “Parece que el PSOE quiere una comisión de perfil bajo, pasando la patata caliente al Defensor del Pueblo. Si asumen el compromiso de que esto sea el paso previo a una comisión de la verdad, estamos dispuestos a aceptarlo. Es lo que quieren las víctimas”.

Los afectados por la pederastia llevan años solicitando una iniciativa como esta, pero no se ha puesto en marcha hasta que EL PAÍS publicó 251 casos inéditos en diciembre de 2021 y el Vaticano anunció una investigación al respecto.

Diferencias entre las víctimas

Infancia Robada, una de las asociaciones de víctimas que acudió a la reunión a la que alude Carmen Calvo, emitió un comunicado en el que indica que se pone “a la entera disposición del Defensor del Pueblo, de su equipo institucional y jurídico para aportar todo aquello que podamos bajo nuestra dilatada experiencia”. Además, agradece “el afán conjunto de comenzar con inmediatez los trabajos encaminados a esclarecer los hechos y evitar que estas lamentables situaciones vuelvan a reproducirse en un futuro”. Uno de los principales representantes de este colectivo, Juan Cuatrecasas, es diputado socialista.

A mediados de febrero trascendió otro comunicado, suscrito por el presidente de otra asociación de víctimas, Mans Petites, por varios miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra y por el escritor Alejandro Palomas, uno de los rostros más visibles de la pederastia en la Iglesia en las últimas semanas. En el texto afirman estar de acuerdo con la creación de la comisión parlamentaria “para escuchar a expertos nacionales e internacionales, responsables públicos, representantes de la Iglesia y de las víctimas, para poder diseñar luego una hoja de ruta compartida que nos permita abordar la problemática”. Y, además, también apoyan la propuesta socialista: “Que se constituya también una comisión de expertos coordinada con el Defensor del Pueblo para continuar el trabajo parlamentario. Pedimos al conjunto de fuerzas políticas que se pongan de acuerdo en una propuesta o propuestas que permitan un proceso de escucha, así como una investigación que esclarezca las responsabilidades que sean oportunas”. El presidente de Mans Petites, Manuel Barbero, ha insistido en los últimos días en que la vía que le parece más adecuada es la que defiende UP.

Las víctimas que se han reunido con los partidos consultadas por este periódico tampoco tienen claro qué pasará el martes. Algunas creen que el escenario más probable es que Unidas Podemos termine apoyando la propuesta socialista con algunos cambios solicitados por los morados. Otras, que UP vote a favor y después active el trámite de la comisión parlamentaria. Y algunas apuntan al rechazo de UP, pese al coste político que entraña. La incógnita se resolverá el martes.