Más de seis millones de españoles sufren pobreza alimentaria por falta de recursos

El 10,7% de la población recibe ayuda de familiares, entidades o la Administración para acceder a la comida

Vecinos durante un reparto de alimentos en el barrio de Aluche de Madrid, el verano pasado.
Vecinos durante un reparto de alimentos en el barrio de Aluche de Madrid, el verano pasado.Santi Burgos

En España hay más de seis millones de personas que sufren pobreza alimentaria. Un 13,3% de hogares no tienen una dieta adecuada, en cantidad y calidad, por falta de recursos. Es una de las conclusiones de un estudio de la Universidad de Barcelona (UB) financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, la primera aproximación que se hace en España sobre inseguridad alimentaria utilizando la escala de Naciones Unidas. El estudio fue presentado este jueves en Madrid.

La investigadora principal del estudio, realizado a partir de 1.300 encuestas telefónicas (a fijos y móviles), es Ana Moragues-Faus, doctora en Economía Agroalimentaria de la Facultad de Economía y Empresa. El informe también concluye que el 10,7% de la población recibe ayuda para poder alimentarse (de familiares, administraciones —becas comedor o tarjetas monedero— o entidades sociales).

Moragues señala que el trabajo es un “piloto” sobre un fenómeno del que en otros países hay datos. Su objetivo es aportarlos por primera vez y “poner la inseguridad alimentaria y el problema del derecho a la alimentación en la agenda pública española”. El informe, que obtuvo financiación en una convocatoria de proyectos de investigación de la Fundación Daniel y Nina Carasso tras la covid, “nace de ver que aquí la pobreza alimentaria se obviaba”.

El título del informe es Alimentando un futuro sostenible. Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles antes y durante la covid-19. “Durante la pandemia se habló mucho de las colas del hambre, que son solo la punta del iceberg de lo que están viviendo los hogares, tanto en calidad y como en cantidad de la alimentación”, defiende.

Por la muestra del estudio, de tamaño reducido pero equilibrada por comunidades autónomas, los resultados tienen un error del 2,7% y no pueden analizarse por comunidades, sería poco riguroso, reconoce Moragues, convencida de que “es necesario hacer un análisis más grande”. Si se cruzan los niveles de inseguridad alimentaria con otras variables se produce una sobre representación de rentas altas, alerta también.

“El 13,3% de los hogares españoles supone toda la población de la Comunidad Valenciana y Baleares juntas”, subraya Moragues. Hogares cuyos miembros no son capaces de acceder a alimentos variados, por ejemplo, lo que afecta a la calidad de su dieta. La autora añade que el 5,2% de los hogares (2,4 millones de personas) sufre inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que supone que han tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos. La inseguridad alimentaria grave, además, se ha duplicado desde que empezó la pandemia, pasando del 0,8% de hogares al 1,9%.

A partir de las preguntas de los encuestados, el informe también muestra cómo la pobreza alimentaria ha empeorado con la pandemia, “pero la diferencia es pequeña, lo que demuestra que hay un problema estructural invisibilizado, más allá de crisis coyunturales”. El número de hogares que experimentan inseguridad alimentaria ha aumentado de un 11,9% a un 13,3% a raíz de la pandemia, un incremento de 656.418 personas.

Sobre el perfil de los hogares que sufren inseguridad alimentaria, responde a niveles de renta más bajos (con dificultades para llegar a fin de mes, algún miembro en situación laboral precaria). Pero esta relación también aparece “en hogares con niveles socioeconómicos medios y medios-bajos”, alerta. También influye en estos niveles de pobreza alimentaria la presencia de alguna persona con enfermedad crónica, discapacidad o exceso de peso.

Sumado a estos factores, no consumir cinco raciones al día de fruta o verdura por falta de recursos; o no ingerir carne, pescado o un equivalente cada dos días “se relaciona claramente con experimentar diferentes niveles de inseguridad alimentaria”. “La restricción de uso del equipamiento para cocinar o almacenar alimentos es también un dato que destaca de manera significativa en estos hogares”, apunta. Con la muestra de esta primera aproximación “no salieron datos significativos sobre hogares con niños”, aclara la investigadora.

La doctora, que ha regresado a España recientemente tras pasar varios años en el Reino Unido, insta a las autoridades “a que garanticen el derecho a la alimentación y cumplan el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2: hambre cero”. Antes, “es necesario incluir la medición de los niveles de inseguridad alimentaria en estadísticas de alcance nacional para monitorizar el estado del derecho a la alimentación sostenible, promoviendo soluciones”. Con datos, se podrán diseñar soluciones más efectivas, concluye el texto.

La FAO, la organización de Naciones Unidas para la Alimentación, recuerda el estudio, “define la inseguridad alimentaria como la falta de acceso regular a la cantidad necesaria de alimentos inocuos y nutritivos capaces de asegurar el crecimiento y desarrollo normal de las personas, para que estas puedan llevar una vida activa y saludable”. Para medirla utiliza la Escala de Experiencia de la Inseguridad Alimentaria (FIES en sus siglas en inglés), que se basa en ocho preguntas que muestran desde la incertidumbre sobre la capacidad de obtener alimentos, hasta el hecho de no consumirlos durante un día o más. “La FIES es una medición basada en la experiencia para determinar la gravedad de la inseguridad alimentaria, que se apoya en las respuestas directas de las personas a preguntas sobre su acceso a alimentos adecuados”, apunta el estudio sobre el reconocimiento que la FAO ha hecho de la escala de medición.

Ana Moragues recuerda que el informe anual de la FAO, basado en encuestas telefónicas para aplicar la FIES, “señala que, entre 2017 y 2019, en España existen cuatro millones de personas que sufren inseguridad alimentaria moderada o leve”. La diferencia con los seis millones de los que habla el estudio de la UB se debe a que es más actual, incluye la inseguridad alimentaria grave y el informe de la FAO solo incluía mayores de edad, apunta Moragues.

En España, el INE recoge en la Encuesta de Condiciones de Vida un indicador de consumo de carnes o similares como uno de los ocho elementos a medir para cuantificar cuando una persona se encuentra en situación de privación material severa. Los últimos datos muestran que un 3,8% de la población en 2019 y un 5,4% en 2020 no se pudieron permitir el consumo de carne, pollo, pescado o el equivalente para los vegetarianos al menos cada dos días. Por último, cita el cuestionario Foessa (vinculado a Caritas), que incluye seis preguntas específicas sobre alimentación, en su último ejercicio revela que el 2,6% de la población española está pasando hambre o la ha pasado frecuentemente en los últimos años y que el 8,3% no puede permitirse una dieta adecuada. Estos últimos datos no se basan en la escala FIES y son difíciles de comparar con los del estudio, aclara el texto.

Las entidades celebran que la inseguridad alimentaria tenga un primer estudio

Tras la presentación del estudio en Madrid este jueves, los participantes en una mesa redonda coincidieron en celebrar que el trabajo pone sobre la mesa el problema de la inseguridad alimentaria en España. Lidia García, del Observatorio del Derecho a la Alimentación, valoró que los datos son "el primer paso para reconocer que España tiene un problema con la inseguridad alimentaria” y pidió medidas “para garantizar el derecho a la alimentación”. “Los alimentos son un bien común, no solo un bien con el que ganar dinero: está vinculado con la comunidad, la cultura, la transferencia de conocimientos entre generaciones, culturas y territorios”, defendió.

Víctor Rodríguez, de Caritas Diocesana de Madrid, explicó que muchos de los usuarios de la entidad piden comida porque, aunque disponen de recursos, priman pagar la vivienda antes que comprar alimentación. “En España no está garantizado el derecho a la alimentación”, coincidió y se refirió, sobre todo, a menores de familias migrantes. En un ejercicio de autocrítica, Rodríguez puso en cuestión el sistema de entrega de alimentos basado en productos secos o envasados, por las limitaciones que tiene en variedad y falta de fresco. “Hay que hacer cambios para sustituir la entrega por facilitar la compra, tarjetas bancarias solidarias”. Por una cuestión de autonomía y de variedad en la dieta, argumentó.

Ana Bella Estévez, de la Red de Mujeres Supervivientes (en su caso al maltrato) explicó que, gracias a las entidades, al salir de una casa de acogida consiguió comer, aunque certificó: "Me harté de comer macarrones y natillas". Estévez celebró que con el tiempo, y al trabajar "el empoderamiento de las mujeres, generando cambios de víctima a agente de cambio", tras la covid vieron la necesidad de "trabajar empoderamiento alimentario". "Nunca lo habíamos visto hasta la pandemia, mujeres que vendían los muebles porque no tenían para comer. Hemos de aprender también a cuidar y amar lo que comemos", defendió.

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Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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