Las muertes por covid siguen al alza en residencias: la semana pasada se registraron 148 fallecimientos

España encadena cuatro semanas en las que se registran más de 1.000 casos nuevos de coronavirus en residencias de mayores. Del 9 al 15 de agosto se contabilizaron 1.193 positivos, según los datos que ha publicado este viernes el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Son 78 más que entre el 2 y el 8 de agosto. El ritmo de contagios se ha estabilizado, después de que a principios de julio las cifras se fueran multiplicando de una semana para otra. Las muertes, en cambio, continúan al alza, lo cual va en consonancia con los casos que se han ido diagnosticando en las últimas semanas. La semana pasada, 148 ancianos murieron tras haber dado positivo, son un 42% más que la anterior (104 decesos).

El Imserso publica los datos cada viernes, con información de la semana anterior, y depura las cifras de semanas previas, en caso de que haya retrasos o actualizaciones que comuniquen las comunidades autónomas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la información del 2 al 8 de agosto: los 1.068 contagios de los que se informó el viernes pasado son ahora 1.115. Pero, pese a las leves modificaciones, las cifras permiten observar las tendencias. Y en las últimas semanas el número de nuevos contagios ha permanecido estable entre los 1.100 y los 1.200 contagios. No se veían estas cifras desde la primera semana de febrero.

Sin embargo, ahora la mayoría de las infecciones son asintomáticas o leves. No obstante, ni la vacuna protege al 100% ni el sistema inmune de los mayores es tan fuerte como en otras franjas de edad, lo que explica que siga habiendo fallecimientos. Aunque sin llegar a los 606 de aquella primera semana de febrero, ni a los 778 de la última de enero, el periodo con más decesos en 2021. En lo que va de año han perdido la vida 4.208 mayores que vivían en estos establecimientos. La letalidad desde que finalizó la campaña de vacunación en todas las residencias, entre el 8 de marzo y la actualidad, es del 7,7% (si se estudia el año completo, que también incluye el efecto de la tercera ola, antes de la protección de las vacunas, es del 19,8%).

La situación en las residencias ha despertado la preocupación de las autoridades. Las comunidades autónomas han ido aumentando las restricciones, y la semana pasada la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que incluye a técnicos de las comunidades autónomas y del ministerio y asesora en materia de salud pública, recomendó una batería de medidas en estos centros, que incluían la realización de dos análisis a la semana a los trabajadores no vacunados y la posibilidad de cambiarlos de puesto. Muchas ya imponían pruebas obligatorias a este colectivo, por ejemplo en La Rioja y en Aragón, cada 72 horas.

Este jueves, la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo confirmó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que había tumbado la obligatoriedad para todos los trabajadores de ser sometidos a pruebas diagnósticas periódicas en la región. En la sentencia se argumentó que el Gobierno regional no había aportado datos suficientes para poder hacer un “juicio de proporcionalidad” sobre esta medida, que afecta a un derecho fundamental, y recordaba que para restringirlos no bastan “meras consideraciones” de precaución.

Las grandes patronales y organizaciones profesionales como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales llevan semanas reclamando más medidas en los centros, consideran inviable la propuesta de cambiar de puesto de trabajo a los empleados no vacunados y han reclamado la vacunación obligatoria para los trabajadores de residencias, así como que se les priorice a la hora de recibir una tercera dosis, algo que por el momento no ha sido autorizado en España.

Una caída del 47%

En el primer semestre del año murieron 23.749 personas que vivían en residencias gracias a la ley de dependencia, es decir, que tenían una plaza pública, concertada o con una prestación vinculada al servicio (un dinero que se da al usuario para que abone parte del precio de la plaza, el resto lo pone de su bolsillo). Son muertes por cualquier causa, no solo por coronavirus. Pero son un 47% menos que las 44.882 registradas ese mismo periodo de 2020, durante la primera oleada de la pandemia, según un análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con datos del Ministerio de Derechos Sociales. Se nota la bajada de los fallecimientos gracias a la vacuna. Esta organización destaca que, en cambio, la cifra de muertes de quienes eran atendidos en su domicilio fue similar (51.587 en 2020 frente a 51.462 en 2021).

La asociación critica, además, que la burocracia lastra la aplicación de la ley de dependencia. Entre enero y julio murieron 29.157 personas con alguna prestación o servicio reconocido que estaban esperando ser atendidos o aguardando a ser valoradas para saber si tenían derecho a ello. Fueron de media 139 al día. En un comunicado, sostiene que pese a que en 2021 se han recuperado los recortes de 2012, con la inyección del Gobierno de 623 millones de euros, “el Ministerio de Derechos Sociales no logra que las comunidades autónomas agilicen el sistema y reduzcan significativamente la lista de espera, que solo ha bajado un 2,2% (5.044 personas)”. Aunque reconoce que el número de beneficiarios ha aumentado un 4,2% (más de 47.000 usuarios), un indicador positivo.

La organización destaca que más de 430.000 personas están esperando por algún procedimiento. “Son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”, se apunta en el comunicado en el que reclaman al Gobierno y a las autonomías reformas que agilicen los trámites, y “avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito” para poner en marcha las prestaciones.