Los contagios de coronavirus se multiplican por ocho en las residencias de mayores en solo dos semanas

La quinta ola ha irrumpido en las residencias de mayores y los contagios crecen con fuerza. En solo dos semanas, los positivos se han multiplicado por ocho. Si del 5 al 11 de julio había 123 ancianos infectados, del 19 al 25 eran 1.029, según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que publica las cifras semanalmente. Hay que remontarse a principios de febrero para encontrar otro periodo con más de un millar de casos activos, pero hay una gran diferencia respecto a entonces: en aquellos siete días hubo 606 muertes; del 19 al 25 fueron 37. La campaña de inmunización ha bajado en picado los fallecimientos en estos centros, que fueron uno de los grandes focos de la pandemia, y la mayoría de los ancianos permanecen ahora asintomáticos o con formas leves de la enfermedad. Pero los expertos advierten de que el riesgo aún acecha: la vacuna no es infalible, los mayores no tienen un sistema inmune tan robusto como los jóvenes y, además, cada positivo implica un aislamiento, periodos que pasan factura, especialmente a quienes tienen deterioro cognitivo. La clave está en calibrar las medidas restrictivas y los protocolos y ajustarlos a la situación epidemiológica, para lograr un equilibrio entre la protección y el bienestar emocional.

Las muertes y los contagios en residencias se redujeron drásticamente en España cuando terminó la campaña de vacunación, coincidiendo además con la bajada de la tercera ola. Desde entonces, el goteo de casos y de fallecimientos no ha cesado, aunque han sido cifras muy bajas para un sector que cuenta con más de 380.000 plazas. Incluso llegó a registrarse una semana sin decesos, según los informes del Imserso, elaborados con datos de las comunidades autónomas. Pero las cosas han cambiado, y mucho, en el último mes. Con una nueva oleada que multiplicó por tres la incidencia acumulada en España del 5 al 23 de julio —jornada en que se situaba en 677,78 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días—, no es de extrañar que los positivos se dispararan en los centros: desde el inicio de la pandemia, los epidemiólogos han repetido una y otra vez que si la situación es mala en una región, es normal que el virus se cuele. Las residencias recalcan, eso sí, que la situación no tiene ahora nada que ver con la de anteriores olas. La mayoría de los ancianos y del personal están vacunados y eso lo cambia todo.

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Cada comunidad, como a lo largo de toda la pandemia, aplica una receta, y el escenario varía por autonomías. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana llevan 17 semanas sin muertes. Cataluña ha ampliado de una a tres las PCR semanales al personal de residencias no vacunado y el número permitido de visitantes se ha restringido de tres a dos, además tienen que presentar un test de antígenos negativo y las salidas del centro deberán ser de al menos tres días. En Aragón, de momento, no se han planteado restricciones nuevas y se toman medidas residencia a residencia, pero los trabajadores no vacunados tendrán que pagar de su bolsillo un test diagnóstico cada tres días. En Andalucía, la Junta asume cada semana el cribado de un tercio del personal de sus centros, de forma que cada 21 días han sido examinados todos. En Madrid, donde el lunes estudiarán si deben ampliarse las restricciones, los test son mensuales. En Galicia, con un cribado semanal, se permite incluso contacto físico con los familiares durante las visitas, aunque con mascarilla y previa desinfección.

“Hay que extremar las medidas de precaución”, defiende José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y explica que hay tres vectores de contagios: los trabajadores, las visitas y las salidas. “Las visitas deberían ser preferiblemente de personas con la doble pauta de vacunación y en lugares abiertos”, prosigue. Aunque pide un equilibrio, los mayores no pueden volver a quedar totalmente aislados. “Ya han sufrido mucho tiempo de aislamiento y soledad”. El año y medio de pandemia pesa. Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, una de las cuatro grandes patronales del sector, afirma que sienten “mucho cansancio y mucha incomprensión ante noticias que se publican”. Desde el inicio de la crisis sanitaria, 29.675 mayores que residían en estos centros han fallecido por covid, más de 10.000 de ellos con síntomas compatibles con la enfermedad y a los que ni siquiera se les pudo hacer un test que confirmara el diagnóstico. “Ahora, en los centros, estamos haciendo cribados continuos, así que van saliendo positivos. La mayoría de ellos son asintomáticos, cosa que es muy positiva, pero en cierto modo peligrosa porque la persona no siente nada y hay más riesgo de que el contagio se propague”, sostiene Fernández.

Los expertos explican que la infección en esta población puede agravar patologías de base. El jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Benito Almirante, recuerda que hay pacientes con una inmunidad más deficitaria, personas trasplantadas o inmunodeprimidas en las que la vacuna no produce la misma respuesta y no otorga la misma protección. “Es posible que, al estar vacunados, haya menos gravedad de la infección por la covid, pero que otras patologías de base se descompensen y haya más mortalidad”, agrega el especialista. Precisamente, un estudio del Vall d’Hebron en colaboración con la patronal catalana ACRA ha revelado, tras estudiar más de 2.000 casos de 160 residencias durante marzo y mayo de 2020, que hay varias características clínicas que elevan el riesgo de mala evolución por covid entre los residentes. Almirante, que es autor de este estudio, señala que, aparte de la edad, “tener demencia es la problemática de base que implica un peor pronóstico” si el paciente contrae la covid.

Quienes tienen deterioro cognitivo preocupan. Toni Andreu, director de Estrategia de ACRA, defiende que, aunque sea doloroso, aumentar restricciones es “absolutamente necesario” porque la alternativa sería “terrible”. “Cuando el virus entra en la residencia, se extiende de una manera muy rápida y eso tiene como consecuencia empezar a hacer procesos de sectorización y aislamiento que tienen un impacto muy negativo para la salud emocional y física de los usuarios”, explica. Especialmente con demencias. Andrés Rueda, miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, confirma que uno de sus principales temores ahora mismo son los aislamientos. Cada caso supone un periodo de cuarentena. “Se ha bajado la guardia en prevención. Nos preocupa la velocidad con la que aumentan las infecciones, en un contexto de una variante [la delta] más transmisible”.

Coincide en esto último Jaime Pérez, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Vacunología. El especialista en medicina preventiva indica que la respuesta de los mayores a la vacuna es “excelente”, pero precisa que hay estudios que apuntan que con el tiempo es posible que su efectividad disminuya un poco y que quizás sea necesaria una tercera dosis en determinados grupos. Y recalca: “La mejor manera de proteger estos centros ante futuros brotes son las medidas de protección y conseguir que toda la población se vacune lo antes posible para controlar la incidencia en la comunidad”.

Cataluña, la comunidad donde la quinta ola ha pegado más fuerte (927 casos por 100.000 habitantes a 14 días), es también la región con mayor impacto en sus residencias. Según los datos del Departamento de Salud, más actualizados que los del Imserso, las muertes, que a principios de julio apenas eran una o dos a semana, se cuentan ahora por decenas cada semana, aunque siguen lejos de las cifras reportadas en las oleadas anteriores. La situación, no obstante, preocupa. Hay 122 residencias —el 12% de todos los centros en la comunidad— con casos activos. Vicente Botella, presidente de Upimir, patronal catalana de pequeñas y medianas residencias, habla de un “retroceso brutal”. El auge de contagios ha vuelto a tensionar los centros. “Hay mucho malestar entre los familiares y todo esto supone también una carga de trabajo para los profesionales. Nos están cargando de trabajo y lo que se mengua es la atención a los usuarios. Estamos muy faltos de personal”, lamenta.

Las asociaciones familiares lamentan el efecto negativo del aumento de las restricciones. Mariví Nieto, miembro de Marea de Residencias, entiende que “tiene que haber”, pero critica que sean muchas veces “excesivas”. Pide que si hay contagios no se cierre todo el centro, como hacen algunas autonomías. María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1 y miembro de la asociación estatal La Plataforma, define como un atropello a los derechos de los ancianos “tantas limitaciones a derechos fundamentales, como la libertad de movimiento”. “Los están encerrando, no los consideran ciudadanos de pleno derecho. Están una prisión sin delito ni condena”, protesta, y asegura que han denunciado las restricciones ante la Fiscalía. “Nuestros familiares lo llevan muy mal, piensan que los hemos abandonado. La protección no es encerrarlos, sino tener profesionales suficientes para hacer bien las sectorizaciones, mantener los grupos burbuja y hacer test a residentes y trabajadores. Ahora están haciendo medidas que no son efectivas y los están condenando a vivir en soledad la última etapa de su vida”.