Las residencias ven inviable trasladar de puesto a sus trabajadores no vacunados para proteger a los mayores

Las patronales del sector consideran insuficientes las propuestas de los técnicos de las comunidades y Sanidad para controlar los brotes en los centros sociosanitarios

Una trabajadora recibe la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en la residencia Sa Serra, de Sant Antoni de Portymany (Ibiza).
Una trabajadora recibe la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en la residencia Sa Serra, de Sant Antoni de Portymany (Ibiza).Sergio G. Cañizares (EFE)

Las residencias consideran descafeinadas las medidas presentadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a las comunidades autónomas para hacer frente a los brotes en estos centros. Se trata de un documento técnico, con las recomendaciones de un grupo de expertos que avala que los trabajadores no vacunados sean sometidos a dos pruebas diagnósticas semanales —algo muchas comunidades ya hacen con mayor o menor frecuencia— y que se evalúe si son trasladados de puesto para que no estén en contacto con los residentes y evitar así contagios. Las cuatro grandes patronales del sector ven inviable esto último, dado que la gran mayoría de los empleados de las residencias son auxiliares y su labor es, precisamente, atender a los mayores en su día a día, por lo que es muy difícil su recolocación. Todas reclaman que la vacunación sea un requisito indispensable para poder trabajar en estos centros, y el documento insiste en la voluntariedad de esta medida. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una organización profesional, ahonda en esta idea y lamenta la “falta de compromiso” de las autoridades sanitarias con las residencias.

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Los casos se han disparado en el último mes, según las cifras del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Del 5 al 11 de julio no se registraron muertes en estos centros, la primera vez en todo el año que sucedía algo así: 123 casos diagnosticados y ningún fallecimiento. La última semana para la que hay datos en todo el país, del 26 de julio al 1 de agosto, hubo 71 decesos y 1.150 nuevos positivos. La situación en esta quinta ola ha mejorado mucho respecto a la de las anteriores, dado que muchos mayores cursan la infección de forma asintomática, pero la situación preocupa. Para abordarla, la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a técnicos de las comunidades autónomas y del ministerio, ha consensuado un documento que en ningún caso es vinculante, se trata de un conjunto de recomendaciones, como en su día lo fue, por ejemplo, el semáforo de restricciones. Cada autonomía puede adaptar estos consejos a su realidad o no aplicarlos si no lo creen necesario.

Por ello, en el sector de las residencias no lo consideran un documento ambicioso. “Es generalista, no concreta nada, son meras recomendaciones”, critica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes. “No se entiende que no se regulen cuestiones tan importantes para mantener la protección de las personas vulnerables que viven en residencias como la obligatoriedad de la vacunación de los trabajadores o la exigencia de un pasaporte covid para las visitas”, apunta. Las patronales del sector están de acuerdo en reclamar que el pinchazo sea un requisito para trabajar en los centros, así como que se exija haber completado la pauta de vacunación o una prueba negativa para las visitas. Aunque todas destacan que las medidas preventivas les parecen bien, entre ellas la exigencia de dos pruebas diagnósticas a los empleados sin inmunizar, plantean dudas como quién sufragará dichos test. Y critican el desconocimiento del sector por parte de las autoridades sanitarias.

“Tengo la impresión de que quien dicta este tipo de medidas desconoce por completo el cuidado de los mayores, y que lo único que se busca es pasar de puntillas ofreciendo soluciones basadas en un mundo ideal. La realidad es otra: estamos en una pandemia y contamos con un ministerio que debe afrontar una situación complicada, hablar con los distintos sectores y proponer medidas necesarias, aunque suponga que no todo el mundo quede satisfecho”, sostiene Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. “No puedo mandar a alguien contratado como gerocultor a trabajar en la lavandería. Además de que nuestro personal, en un 99% de los casos, es de atención directa. Si hay cuatro o cinco sin vacunar en un centro, veo complicado poder reubicarlos, habría quejas del resto de compañeros… ¿Qué hacemos? ¿Contratamos más o que los que se han vacunado asuman además esas tareas?”, resume Juan Vela, presidente del Grupo Social Lares, que agrupa a las residencias sin ánimo de lucro.

Además, el sector ve con potenciales problemas legales con esta medida. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 39, recoge la posibilidad de la movilidad funcional “de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador”. El empresario, según esta norma, puede modificar el puesto de trabajo a tareas tanto superiores como inferiores, incluso no correspondientes al grupo profesional, siempre que haya razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y que el tiempo de este cambio sea el “imprescindible”.

Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Sevilla, cree que “se plantean dudas sobre si un cambio en el puesto de trabajo podría resultar ilícito”. “Ahora mismo no hay ninguna legislación, ni en el plano laboral ni en el de la salud, que establezca que la vacunación es un requisito para el desempeño de determinados trabajos, y no podría adoptarla una comunidad autónoma, sino el Gobierno. Si un empleado va a los tribunales, se revisará caso por caso, y podría considerarse ilegal y acarrear consecuencias para el empleador porque una recomendación no tiene ningún valor jurídico”. José Repiso, el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud andaluza, considera esta recomendación “un brindis al sol” que, además, “competería a las empresas”.

En opinión de Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, con la recomendación tal y como está ahora, dependería del caso concreto y de lo que digan los técnicos de prevención de cada empresa y en cada caso. “Pero si lo dijera una ley sanitaria, sería obligatorio conforme la ley de prevención de riesgos. Y sería perfectamente aplicable”, concluye.

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, expone que “se están poniendo encima de la mesa cribados que ya se están haciendo en algunas comunidades”. “Nos parece bien que sean obligatorios para toda España, pero necesitamos saber quién los pagará”. Pedimos concreción, que tengamos claro que el único objetivo es proteger a las personas más vulnerables. Que haya una quinta ola y que haya afectado a las residencias a nosotros nos deja muy claro que hay que protegerles, y hacerlo manteniendo sus libertades y que las familias puedan acceder a los centros, y para esto es evidente que la prevención es la única solución”, reclama Pascual, quien se muestra convencida de que la vacunación obligatoria acabará siendo un requisito para los trabajadores. Coincide Ignacio Fernández, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia: “Ha ocurrido en países como Francia. Sería mucho más lógico decirles que reconsideren su postura y, entretanto, se les interrumpe el contrato y podrán volver o cuando se inmunicen o cuando se haya vencido al virus, porque si no, serán un peligro para muchas personas”.

Declaraciones de Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas.Vídeo: CINTA PASCUAL VÍA EFE

Reforzar los controles

Fuentes de Sanidad reconocen la preocupación por los contagios en las residencias, muchos de ellos provocados por trabajadores, aunque se desconoce cuántos por empleados sin vacunar. La mayoría ha aceptado el pinchazo, pero un porcentaje minoritario se niega. El ministerio no valora, hoy por hoy, ninguna medida coercitiva, ni la obligación de inocularse para estos empleados. Al menos cinco comunidades autónomas se han mostrado favorables a que la vacunación sea un requisito en las residencias. Pero el departamento que dirige Darias sí es partidario de reforzar los controles y persuadir a todo el que trabaje en un centro con personas vulnerables para que tenga la pauta completa. Los técnicos ven necesario, asimismo, que entre las nuevas contrataciones en las residencias se garantice que todo el personal cuente con información y formación específica y actualizada sobre las medidas de prevención y control en los centros, antes de su incorporación al puesto de trabajo. Y que se promueva “de forma activa” la vacunación entre trabajadores. En contextos de alta transmisión del virus como el que se vive ahora, los técnicos de la ponencia de alertas recomiendan que quienes vayan a visitar a los residentes mantengan la mascarilla y la distancia. Cuando haya pocos contagios en la comunidad, si los visitantes están vacunados “se podría valorar flexibilizar estas medidas”, se especifica.

Consultadas por este periódico, la mayoría de las comunidades autónomas han respondido que estudiarán las recomendaciones, si bien las pruebas diagnósticas a los trabajadores no vacunados es algo que ya realiza buena parte de ellas. Lo hacían una vez por semana Andalucía, Galicia (tanto vacunados como no); Extremadura, cada 15 días (tanto inmunizados como no) y dos veces semanales en Murcia. Otras son incluso más estrictas de lo que marca la recomendación de la ponencia de alertas y las hacen cada 72 horas o tres veces por semana. Es el caso de Baleares, Cataluña, La Rioja y Aragón. En esta última son los propios trabajadores los que tienen que sufragarse el test. Lo recomiendan en sus protocolos, sin ser obligatorio, Madrid y Castilla y León.

Un caso particular es el de Castilla-La Mancha, que redactó una orden para realizar este tipo de pruebas a los trabajadores y el Tribunal Superior de Justicia tumbó algunos de sus puntos, entre ellos, los test periódicos a empleados. Su viceconsejera de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, ha reconocido el revés que supone esto para luchar contra los brotes en estos centros y ha recurrido la decisión, por lo que seguirán aplicando la medida hasta el 20 de agosto. “Muchas decisiones que se toman en los gobiernos [luego] los jueces entienden que no deben ser y es un poco frustrante. Consideramos las pruebas muy importantes”, dijo Saavedra el miércoles.

Con información de Juan Navarro, Caridad Bermeo, Ferran Bono, Eva Saiz, Guillermo Vega y Lucía Bohórquez.

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