Cinco comunidades abogan por que la vacuna sea obligatoria para sanitarios y trabajadores de residencias

Sanidad y las comunidades estudian cambios forzosos de puesto laboral y hacer dos test a la semana a los empleados de centros de mayores

Un sanitario realiza un test de covid-19 a una usuaria de una residencia.
Un sanitario realiza un test de covid-19 a una usuaria de una residencia.Mònica Torres

La vacunación contra la covid es voluntaria en España. La población está respondiendo a la llamada al pinchazo como pocas en el mundo, pero el crecimiento de los contagios en las residencias, que se han multiplicado por ocho en dos semanas, comienza a preocupar tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas. Al menos cinco de ellas reclaman, de una u otra forma, que la inoculación sea obligatoria para los profesionales que cuidan a personas vulnerables —como sanitarios y empleados de residencias— tal y como ha hecho Francia. El Ministerio de Sanidad siempre se ha mostrado en contra de forzar la vacunación, pero sí es partidario de endurecer las medidas de control en los centros sociosanitarios. Junto a las comunidades, está estudiando la forma de hacerlo y se plantea que los trabajadores de estos centros que no se vacunen tengan que pasar dos análisis semanales o incluso sean trasladados de manera forzosa a puestos donde no estén en contacto con los ancianos.

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Coronavirus surge in Spanish nursing homes fuels debate on mandatory vaccination for carers

La comunidad que más claramente abogó por la obligatoriedad de la vacunación fue Galicia, cuyo Parlamento incluso aprobó una ley que recogía esta posibilidad, aunque fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves que no es legal, pero ha abogado por la obligatoriedad en ciertos sectores: “¿Cuál es mi opinión? En determinados supuestos en los que el trabajo de una persona tiene relación directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que debería prevalecer la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse”.

En esa línea, la Junta de Andalucía ha solicitado que sea obligatoria la vacunación del personal sanitario y de los trabajadores de las residencias, una petición que también secunda la patronal del sector. Murcia está estudiando cómo encajar legalmente que tengan que inocularse todos los trabajadores esenciales que traten con personas vulnerables, entre los que incluye a sociosanitarios, médicos y enfermeros. Fuentes del Gobierno Canario han explicado este jueves que esta comunidad también está estudiando obligar a vacunarse a los funcionarios públicos. Su presidente, Ángel Víctor Torres, ya se refirió a esta cuestión la pasada semana, cuando apuntó que determinados funcionarios —sin especificar cuáles— deberían recibir la vacuna si su trabajo es de cara al público.

A esta tendencia se suma el Diputado General de Álava, Ramiro González, quien ha preguntado a sus servicios jurídicos si hay amparo legal para ello. “Las personas que no quieran vacunarse no deberían trabajar en contacto con directo con las que están en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas mayores que están en las residencias”, ha dicho en una conferencia de prensa ante el incremento de contagios en estos centros. En Bizkaia y Álava, el personal de las residencias que ha rechazado las vacunas está entre el 5% y el 6%.

Por último, el mandatario cántabro, Miguel Ángel Revilla, pidió en la conferencia de presidentes de la semana pasada que los pinchazos fuesen obligatorios no solo para ciertos trabajadores, sino para toda la población. Mientras, comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o el País Vasco rechazan esta posibilidad.

Vacunación obligatoria para sanitarios

Aunque casi todas las democracias del mundo dejan la vacunación a la voluntad de sus ciudadanos, algunas sí que obligan a algunos trabajadores a inocularse. En Italia la ley que obliga al personal sanitario a vacunarse, incluidos médicos, enfermeros y auxiliares, entró en vigor en abril. La normativa contempla como sanción extrema la suspensión de empleo y sueldo, pero la empresa, tanto pública como privada, debe advertir antes al profesional y ofrecerle la vacuna y otras opciones como cambiarlo de funciones para que no trabaje en contacto con el público donde sea posible. La ley contempla que las sanciones estén en vigor como fecha máxima hasta el 31 de diciembre. La normativa se está aplicando de manera dispar en las distintas regiones, en las que recaen las competencias de sanidad, pero algunas como Véneto ya han enviado entre julio y agosto las primeras cartas de suspensión a 16 médicos y 200 enfermeros que no se han vacunado y no han acreditado un motivo para no hacerlo.

El ejemplo más reciente es el francés. Su Tribunal Constitucional ha avalado este jueves que todos los profesionales en contacto con público vulnerable, como sanitarios, bomberos y servicios de emergencias, o trabajadores en residencias de ancianos reciban la vacuna so pena de quedar suspendidos de empleo y sueldo. Según la ley, estos empleados tienen hasta el 15 de septiembre para comenzar la pauta de vacunación y hasta el 15 de octubre para completarla.

La diferencia con España es que en Francia hay un gran número de antivacunas que están complicando el plan de inmunización. El Ministerio de Sanidad español no tiene el dato concreto de cuántos sanitarios se han vacunado, pero fuentes del departamento recalcan que lo han hecho la “grandísima mayoría”, algo que ratifican las comunidades autónomas consultadas. Una fuente del ministerio explica: “Fueron el primer colectivo y respondieron fantásticamente. Por el momento no estamos teniendo problemas de brotes en hospitales”. Sin embargo, reconoce que sí preocupa la situación de las residencias de ancianos, donde hay un mayor porcentaje de trabajadores que ha rechazado el pinchazo, aunque tampoco se facilita una cifra oficial.

La ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el organismo técnico que ha elaborado documentos como el semáforo de restricciones, está ya estudiando cómo endurecer las medidas de control en los centros sociosanitarios. Entre ellas está hacer dos pruebas PCR o de antígenos semanales a los trabajadores sin inocular. Incluso la posibilidad de trasladarlos de puesto para que no estén en contacto con los ancianos. Pero todavía son conversaciones que tendrán que pasar por la Comisión de Salud Pública y ser aprobadas por el propio CISNS, señalan fuentes de la ponencia.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos abordó la semana pasada con la ministra una campaña para concienciar a los sanitarios de la vacunación. Aunque asumen que son una minoría los que rechazan las inyecciones, lo consideran inasumible. Su presidente, Tomás Cobo, explica a EL PAÍS que quienes no lo hagan pueden estar violando el código deontológico, puesto que ponen en riesgo la salud pública. “En los casos que tienen contacto con pacientes habría que plantearse apartarlos y ponerlos en otras tareas”, asegura.

De la misma opinión es Juan Pablo Horcajada, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona: “Creo que el personal sanitario debería vacunarse de forma obligatoria. La ley no funciona de esta manera de momento, pero creo que las personas que no se quieren vacunar no deberían visitar pacientes, ancianos ni gente inmunodeprimida porque les pueden transmitir la enfermedad por mucho que vayan protegidos, ya que es un virus con el que no siempre funcionan al 100% las medidas de protección”.

Debate legal

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, explica que la vacunación obligatoria tiene dos vertientes: la legal y la de oportunidad. Cree que en España hoy por hoy no es necesaria, ya que la población está acudiendo masivamente a recibir la vacuna. “El problema puede venir en el último tramo, cuando nos falte un pequeño porcentaje para alcanzar la inmunidad de rebaño”, subraya. Teniendo en cuenta que no hay vacuna aprobada para los niños menores de 12 años (que suponen un 11% de la población), será imposible alcanzarla si no se vacuna a, prácticamente, todos los demás.

En el aspecto legal, De Montalvo sostiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la vacunación obligatoria en una situación epidémica como la actual, ya que el beneficio para la población compensa la intrusión en el cuerpo de los ciudadanos que supone inocularles un fármaco, con los riesgos (mínimos) que esto conlleva. “El último auto del Constitucional [que suspendía la ley de obligatoriedad gallega] me ha dejado muy perplejo porque sigue insistiendo en que no tiene encaje en la Ley General de Sanidad de 1986, cuando el Supremo ha dictado que se pueden tomar las medidas necesarias, y la vacunación es clásica en epidemias”, sostiene.

Para tomar esta medida, ya sea a toda la población o a colectivos concretos, las autonomías buscan paraguas legales. El Consejo de Gobierno de Baleares aprobó en mayo un decreto para modificar la Ley Balear de Salud Pública que contempla la posibilidad de “someter a medidas profilácticas” de prevención del coronavirus, incluida la vacunación obligatoria, a determinados colectivos sin especificar. Sin embargo, desde la Consejería de Salud todavía no se han definido estos grupos (que serían de trabajadores sanitarios y sociosanitarios) e insiste en que el porcentaje de vacunación entre ellos es elevado y por el momento no se ha planteado la posibilidad de obligar a su inmunización.

Con información de Silvia Ayuso, Lorena Pacho, María Sosa, Lucía Bohórquez, Guillermo Vega, Juan Navarro, Isabel Valdés, Sonia Vizoso, Jessica Mouzo, Eva Saiz, Pedro Gorospe y Ferran Bono.

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Sobre la firma

Pablo Linde

Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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