Solo cuatro comunidades han constituido las comisiones que tendrán la última palabra en la eutanasia

España está a punto de abrir las puertas a la eutanasia. Después de tres décadas de vaivenes jurídicos e intentonas legislativas fallidas, la norma que regula la prestación de ayuda para morir entrará en vigor en apenas cinco días y convertirá a España en el quinto país del mundo que contempla la eutanasia y el suicidio asistido como un derecho. La ley, coinciden defensores y detractores, es muy garantista, con varios filtros de control para acceder a una prestación reservada solo a personas mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” y lo pidan por escrito dos veces. Sin embargo, a pocos días de que la ley aterrice en la calle, todavía quedan inconcreciones de la norma por resolver y la maquinaria operativa de las comunidades funciona a medio gas. Las comisiones de garantía, por ejemplo, que son los órganos autonómicos que tendrán la última palabra para validar las solicitudes, todavía no están constituidas en la mayoría de los territorios. Solo seis comunidades las han creado y, de ellas, cuatro han designado a sus miembros. Los expertos consultados admiten que todavía faltan muchos detalles que pulir para que la ley puede echar a andar sin tropiezos.

Ya ha llovido desde aquel julio de 1993 en el que Ramón Sampedro, de 50 años y tetrapléjico la mitad de su vida por un accidente en el mar, pedía a un juzgado permiso para morir. “Soy una cabeza pegada a un cuerpo muerto”, lamentaba. La justicia le denegó la petición de eutanasia —acabó muriendo cinco años después tras recibir ayuda para suicidarse ingiriendo cianuro—, pero su demanda empezó a abrir un camino que el próximo viernes llega a su final: tras casi 30 años de disputa social y una quincena de propuestas legislativas fallidas, se podrá pedir la ayuda para morir en España. “Ahora tenemos que pasar de la legalidad a la realidad, del derecho al hecho”, advierte Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

La ley ya está aprobada desde hace tres meses y, aunque Vox la ha recurrido al Tribunal Constitucional, fuentes del alto tribunal ven muy remota la posibilidad de que se suspenda cautelarmente. Los expertos consultados coinciden en que la ley tiene muchos niveles de control y da seguridad al profesional. Para empezar, la persona que lo solicite tiene que, además de cumplir los requisitos clínicos, prestar un consentimiento informado y formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito con 15 días de diferencia entre ellas. Su médico responsable —un facultativo de cualquier especialidad elegido por el paciente para encargarse de su caso— tiene que evaluar la propuesta y deliberar con el enfermo la situación y las alternativas terapéuticas. Luego, el profesional tendrá que remitir la propuesta a un médico consultor ajeno al paciente para que corrobore la viabilidad de la demanda y si ambos profesionales dan el visto bueno, la comisión de garantía tendrá que verificar la idoneidad del caso y que todo el proceso se ajusta a la ley antes de avalar la prestación.

El circuito está claro sobre el papel, pero gris en la práctica. Queda trabajo por hacer y el tiempo se les echa encima a las administraciones sanitarias. Por ejemplo, el registro de objetores, que recoge los médicos que rechazan participar del acto eutanásico, y las comisiones de garantías —encargadas de evaluar cada petición de eutanasia, validar o rechazar la demanda y revisar el cumplimiento de todo el proceso legal— son dos de las piezas clave para que la norma empiece a rodar y en la mayoría de las comunidades ni siquiera están constituidos. En el caso de las comisiones tendrían que estar operativas cuando la norma entre en vigor, pero el grueso de las comunidades todavía están tramitando su creación o no han escogido a sus miembros.

De las seis comunidades (Baleares, Extremadura, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) que la tienen creada, solo Murcia, Baleares y País Vasco han revelado los nombres de todos sus miembros, entre los que se encuentran varios juristas y médicos y enfermeras especialistas en neurología, urgencias, cuidados paliativos y salud mental, entre otras disciplinas. “Es un camino que no conocemos. Los retos son todos. Se ha perseguido que la comisión fuese plural”, sostiene la presidenta de la comisión balear, Yolanda Muñoz, enfermera especializada en cuidados paliativos y con máster en Bioética.

La ley contempla que las comisiones estén formadas por, al menos, siete miembros, entre los que tiene que haber médicos, enfermeras y juristas. Con este marco, cada comunidad decide quién y cuántos. Las entidades temen que se creen comisiones muy conservadoras que entorpezcan, en la práctica, el desarrollo de la prestación. Ascensión Cambrón, portavoz en Galicia de DMD, reclama que se establezcan ciertos requisitos para los miembros de estas comisiones autonómicas, como no haberse manifestado públicamente en el pasado en contra de la eutanasia. “Si no se vigila esto se podría poner al zorro a cuidar de las gallinas”, advierte.

Uno de los miembros de la comisión murciana, el catedrático de Medicina Legal Aurelio Luna Maldonado, firmó una tribuna en EL PAÍS en 2020 en contra de la ley de eutanasia. Luna matiza que no se opone a la eutanasia sino “a esta ley”, porque opina que no garantiza que la prestación sea el último recurso tras unos buenos cuidados paliativos y “en la práctica, algo muy excepcional”. Este médico defiende que su rechazo a la norma no choca con su papel en el órgano que la aplicará en Murcia: “Las leyes están para cumplirlas aunque se discutan antes”.

Manuela Bobadilla, subdirectora de Cuidados y Humanización del Servicio Extremeño de Salud y miembro de la comisión de esa comunidad, pone en valor la necesidad de una visión multidisciplinar ante la dificultad que supondrá tomar las decisiones que tendrán entre manos. “Es laborioso determinar los perfiles. La formación en bioética es importante y que sea gente con trayectoria profesional y experiencia reconocida, personas con convicciones y ganas de participar”, valora. En Baleares todos los miembros son trabajadores de la Administración. “Se ha perseguido que estén representados diversos ámbitos. Entre los juristas se ha pretendido que sean respetuosos con la ley y conocedores del ordenamiento jurídico. Hay también especialistas en neurología porque puede ser relevante la prevalencia de problemas neurológicos en las solicitudes de eutanasia y porque en situaciones con problemas neurológicos es donde podemos encontrar más dificultades para garantizar la voluntad de la persona que lo pide”, ejemplifica Muñoz.

José Luis Jiménez es uno de los nombres propuestos a la Xunta por los colegios de médicos de Galicia para formar parte de este órgano. Es presidente del Colegio de Médicos de Ourense e internista. “La patología crónica compleja va a estar en el fondo de muchas de las solicitudes que se presenten, y dentro de ella la pluripatológica. Es así porque la nuestra es una sociedad envejecida, especialmente en Galicia”, augura. Las organizaciones que representan a los facultativos gallegos echan en falta entre los miembros de este órgano a trabajadores sociales. Así como se establece la presencia de psiquiatras para que evalúen si la petición de ayuda para morir está o no influenciada por una depresión curable, por ejemplo, “el trabajador social debería valorar cuánto de esa desesperación tiene que ver con su situación social, que a lo mejor también se puede solucionar”, esgrime Jiménez.

Nel·lo Monfort, médico rural de atención primaria en Morella (Castellón) y miembro del comité consultivo del Gobierno valenciano para implementar la ley, alerta también de la importancia de las variables sociodemográficas: “La gente del medio rural aborda la enfermedad y el envejecimiento de manera muy diferente al mundo urbano. Aquí se siente como una pérdida de capacidades, en la ciudad se piensa en la vejez cuando te jubilas. Aquí, la gente prefiere morir en casa, te piden que no la envíes a un hospital, está más habituada a manejarse con la muerte, muchos abuelos conviven en casa hasta el final. Ahora bien, tanto en el medio rural como el urbano, hay un desconocimiento muy grande sobre la eutanasia y la ley”.

Cabos sueltos

Aparte de la formación de las comisiones, quedan más cabos sueltos que inquietan a los profesionales. Por ejemplo, dirimir qué es el “padecimiento grave” del que habla la ley. O cómo se abordan las peticiones de personas con trastornos mentales y de qué forma se evalúa si la demanda es una voluntad profunda o está influida por la propia patología psiquiátrica. “Hay muchos puntos sin aclarar de la ley, como en qué consiste el sufrimiento o el carácter irreversible de la enfermedad, que es un elemento que va en función del conocimiento: hoy puede ser irreversible y mañana no. Todas estas no son variables físicas. El padecimiento no está relacionado con la enfermedad per se, si no, todos los diagnosticados tendrían que solicitar la eutanasia. Influye también la situación socioeconómica, el apoyo de la familia…”, valora el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Manuel Martín Carrasco.

Los sufrimientos extremos pueden causar depresiones u otros trastornos mentales que pongan en cuestión si la decisión del paciente de pedir ayuda para morir es consciente y autónoma. Juan Fernández Hierro, presidente del comité de bioética del área sanitaria de Vigo y uno de los psiquiatras propuestos por los colegios médicos para integrar en Galicia el órgano que aplicará la ley, explica que esa labor de verificar si un enfermo está capacitado para tomar una decisión clínica ya la realizan ahora estos especialistas cuando pacientes con trastornos mentales firman consentimientos informados para una intervención de riesgo, por ejemplo. “No se puede poner una escala numérica de cuánto sufre un enfermo por un trastorno mental, pero sí [se puede dilucidar] si ese paciente es realmente libre para tomar una decisión” pese a sus dolencias, explica este psiquiatra gallego.

Para Muñoz, algunas de las dudas que hay ahora, se disiparán cuando la ley aterrice en la calle. “Son problemas complejos cuando lo presentas en el terreno de lo abstracto. Si lo bajas al caso concreto, a la comunicación médico-paciente, esta complejidad se diluye: tienes la comunicación no verbal, la familia, el entorno… Todo eso te ayuda a analizar la situación”, tranquiliza. La SEP está elaborando con Sanidad cursos de formación a médicos para aprender a evaluar las capacidades de un paciente.

El proceso para objetar tampoco está claro y algunos profesionales consideran que un registro como el que plantea la ley (la norma recoge que debe manifestarse “anticipadamente y por escrito”) es un error. “Esto puede provocar que haya una legión de objetores antes de saber lo que se van a encontrar”, avisa Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial. Jiménez advierte de que la objeción puede estar circunscrita a un caso concreto, no a todos. “Los médicos no tenemos por qué ser señalados. La objeción es un derecho que el profesional tiene siempre, esté o no en un registro”, sostiene. En Castilla-La Mancha todavía se está tramitando el registro, pero ya están “recibiendo algunas solicitudes de objetores de conciencia individualizadas que constan como tales sin necesidad de que el registro exista”, apunta Regina Leal, directora gerente del servicio de salud de la comunidad.

La ley no da plazos para la creación del registro de objetores y, consultadas todas las comunidades, solo Baleares ha concretado que, a falta de una ley que lo regule y que “se elaborará más adelante”, por ahora, el objetor tendrá que comunicarlo por escrito a sus responsables directos. Extremadura ha explicado que el suyo tampoco está aún operativo porque está desarrollando “la parte funcional del registro”. Las últimas encuestas realizadas en colegios de médicos de Bizkaia, Tarragona, Las Palmas y Madrid dan un apoyo de los médicos a la regulación de la eutanasia por encima del 67% y la objeción de conciencia se sitúa entre el 15% y el 25%.

Otras cuestiones sin resolver se refieren a cómo se elige al facultativo consultor o de qué forma se procede si el médico responsable se declara objetor. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el consultor será de una gerencia sanitaria diferente, para que no conozca al paciente y evitar el “sesgo de subjetividad”, señala Leal. El ministerio, no obstante, ultima con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud un manual de buenas prácticas que, previsiblemente, unificará criterios de actuación. Según una portavoz de Sanidad, esta guía también contemplará “las recomendaciones sobre los medicamentos a administrar” para que la prestación se haga de forma homogénea en España.

“Intentar tenerlo todo solucionado es una quimera. Hay que ir adaptándose a los retos que plantea esta ley. Hay que aceptar situaciones imprevistas porque cada paciente es un mundo”, tercia Rodríguez Sendín. Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, un órgano que se ha mostrado contrario a esta norma, admite que la ley es garantista, pero alerta de que tiene “muchos conceptos indefinidos y ambiguos”. “No queda claro si el derecho a solicitar ayuda para morir es una solución a casos extremos, una alternativa más o la opción principal. Además, la ley parte de un modelo deliberativo entre el médico y el paciente, pero deja fuera al órgano máximo de deliberación, que son los comités de ética asistencial de los centros”, expone De Montalvo, quien teme entrar en “una pendiente resbaladiza”, esto es, que se acabe planteando y ejecutando la eutanasia en casos que no corresponde.

El presidente del Comité de Bioética critica, además, los plazos para desarrollar la ley, demasiado cortos, a su juicio. Sobre todo, en un contexto de pandemia mundial “con los servicios sanitarios saturados”. También Galicia se queja y tacha los plazos de “demasiado breves” para poner en marcha una prestación tan compleja y que ha generado “constantemente dudas tanto jurídicas como técnicas que no han sido realmente bien solventadas por el Ministerio de Sanidad”. Fuentes del Gobierno valenciano aseguran también que han trabajado a contra reloj para implantar la ley en tres meses cuando lo habitual es emplear el doble de tiempo. Apuntan, no obstante, que hay un margen porque la comisión de garantías no deberá actuar hasta 15 días después de que el paciente solicite a su médico responsable ayuda a morir. En total, se calcula que el procedimiento completo puede durar unos 40 días.

La formación de los profesionales es otra de las tareas pendientes. Una portavoz de Sanidad señala que el ministerio está trabajando en “una oferta de formación continuada específica” para los sanitarios. El Colegio de Médicos de Barcelona también ha preparado ya unos protocolos y guías para formar e informar a sus facultativos acerca de la nueva ley. “Hemos creado píldoras formativas para explicar los criterios que hay que cumplir y hemos hecho unas preguntas y respuestas. Se tendrá que hacer mucha pedagogía y requerirá de una formación intensiva. Los médicos tienen mucha presión asistencial y no se van a leer el BOE”, asume Josep Arimany, presidente de la comisión consultiva sobre la ley creada por los colegios de médicos catalanes. Cataluña, que prevé crear y constituir su comisión el martes, también ha empezado a hacer webinars formativos sobre la ley con los profesionales.

Los expertos no esperan un aluvión de demandas el 25 de junio, pero tampoco se atreven a descartarlo. DMD estima, a partir de los datos de Países Bajos y Bélgica, que, como máximo, las solicitudes de eutanasia corresponderán al 1% del total de defunciones. Esto es, unas 4.200 al año. Aunque Velasco augura que este primer año serán muchas menos.

Con información de Ferran Bono, Isabel Valdés, Juan Navarro, Lucía Bohórquez, Guillermo Vega, Eva Saiz, Mikel Ormazábal y José María Brunet.