“Hay vacíos en la ley de eutanasia que a los médicos nos ponen en una situación difícil”

La ley lo que ha hecho es desenfocar el tema y hacernos perder una gran oportunidad de poder solucionar los problemas que presentan las personas al final de su vida de forma íntegra. Hay un problema en el cual una persona que expresa su deseo de adelantar la muerte, lo que nos dice desde el punto de vista clínico, es que hay una situación de factores que están modulando su estado de ánimo. Desde el punto de vista médico es como enfrentarnos a un síndrome, el síndrome de adelantar la muerte y como tantos otros síndromes clínicos, hay una causalidad multifactorial y dentro de esos factores, puede estar la enfermedad, pero no es el único factor. Ahí van a influir los apoyos emocionales, si tengo familia, mi condición socioeconómica, dónde vivo, con qué apoyos externos cuento, estoy recibiendo ayudas del Estado… Hay que hacer abordaje general del paciente para delimitar muy bien qué causas lo pueden estar conduciendo a experimentar ese sufrimiento insufrible. Y determinado el diagnóstico, habría que actuar: la gran revolución social pendiente está en incorporar el cuidado a las prestaciones sociales.

Es aquella que acontece respetando la dignidad del hombre, lo que quiere decir que es una muerte acompañada de un nivel de cuidados máximo alrededor de problemas físicos, psicológicos y emocionales; controlando en lo posible el dolor y el sufrimiento de los hombres; que se produzca en un entorno cercano; con el apoyo de la familia o de personas allegadas. Una muerte digna es una muerte en paz, acompañada, en la que el cariño no te abandona hasta el último momento.

La ley garantiza de forma estricta la ejecución del proceso eutanásico: el paciente solicita la eutanasia, aparece su médico responsable, luego un médico consultor y luego, la comisión. El cómo se va a desarrollar el proceso eutanásico está sólidamente garantizado, pero lo que no veo tan garantizado es el qué y el quién. Aparecen múltiples posibilidades que no quedan definidas: los médicos no sabemos qué quiere decir sufrimiento insoportable, no tenemos unas escalas para valorarlo de forma exacta. ¿Analizaremos en nuestra deliberación con el paciente la situación de los cuidados recibidos, con qué calidad e intensidad han sido recibidos, para saber si ese grado de desesperación no es fruto de un abandono institucional, sino que es fruto de su propio interior? No tenemos solucionado qué pasa con las personas con un trastorno mental y, de ellas, qué pasa con los deprimidos: cuando una persona pide adelantar su muerte, hasta un 30% puede estar sufriendo una depresión mayor. ¿Y una persona con una depresión mayor, realmente tiene capacidad de tomar una decisión que no tiene retorno? ¿Cómo vamos a valorar la capacitación de los pacientes para que tomen decisiones autónomas?

Rotundamente, no. Tampoco tendría mucha lógica. En una encuesta del departamento, un 20% de los encuestados médicos respondieron que serían objetores en cualquier circunstancia y un 40% que podría ser objetor según el caso. Si los agrupamos, aparece un núcleo importante de médicos que en algún momento de su desarrollo profesional podrían presentar objeción ante una eutanasia.

Además, hasta ahora, mientras no se produzcan modificaciones, nuestros códigos deontológicos, tanto el catalán como el español, siguen considerando la eutanasia como un ejercicio fuera de la corrección ética de la profesión. No tendría mucha lógica que generara discriminación y rechazo entre los profesionales.

Las administraciones están haciendo un esfuerzo encomiable para dar cobertura dentro de unos plazos razonables. Se están diseñando modelos de cómo se hará formación a los profesionales, pero faltan por definir circuitos, los puntos de apoyo cuando existan dudas para profesionales y familias… Queda un largo camino por andar, sobre todo en formación. Pero no tengo ninguna duda de que el sistema sanitario podrá afrontar con garantías el desarrollo de la ley.