Mamá se queda en casa: crisis de reputación en las residencias de ancianos

El 16 de noviembre, Candelas Leal tomó una decisión que hizo saltar todo por los aires. Recogió a su madre, de 91 años, de la residencia en la que vivía en Valladolid y se la llevó a casa, donde la cuida desde entonces. “Había pasado la covid y la tuvieron un mes tumbada en la cama, sin moverse, sola. Tras superar la enfermedad dejó de comer, yo la notaba tan apagada que pensé que se moría”, explica. Así que fue a buscarla en un taxi. “La encontré sin movilidad, desnutrida, deshidratada, con una infección de orina. Tomaba 20 pastillas y media al día”. Han sido meses duros, con Leal teletrabajando e ingeniándoselas como puede para atender a su madre, pero ahora la medicación se ha reducido a la mitad y ya es capaz de levantarse de la silla de ruedas e incluso hacer trayectos cortos con el andador. “Me estoy dejando la vida, pero la he salvado. A una residencia no vuelve”.

La confianza en los centros se ha resquebrajado y en la retina permanecen las imágenes del horror. Desde que estalló la crisis sanitaria han muerto 19.115 ancianos por la covid y otros 10.492 han fallecido con síntomas del virus, cuando no había suficientes pruebas diagnósticas. Ahora, pese a que los contagios y las muertes han caído en picado por la vacunación y a que comienza a reactivarse el ritmo de ocupación de las plazas vacías, siguen sin alcanzarse los niveles previos a la crisis. Muchas familias retrasan o descartan la decisión de recurrir a una residencia. Y eso obliga a buscar alternativas, como el cuidado en el hogar o contratar servicios externos.

No hay datos para el sector privado, pero las cifras del sistema de dependencia de usuarios de residencias con plazas públicas y concertadas lo corroboran: actualmente hay 159.000 usuarios, lo que supone 12.000 personas menos que en febrero de 2020. Los expertos consultados lo atribuyen al número de decesos, al parón que ha sufrido el sistema el último año y, también, a las reticencias de las familias a recurrir a una residencia en plena pandemia. En ese mismo tiempo, los servicios de ayuda a domicilio han aumentado en 7.000 casos, hasta superar los 259.500, y las prestaciones por cuidados en el hogar, un dinero que reciben los dependientes a los que cuida un familiar, en más de 28.000, hasta alcanzar a más de 457.000 personas.

Leal tira sola del carro. Compró una grúa, una cama articulada, un motor para la silla de ruedas, contrató un servicio de rehabilitación. Son varios miles de euros gastados, pero asegura que tiene la suerte de haber podido permitírselo. Ahora se plantea contratar a alguien, por tener un respiro, porque la carga no es solo física, también psicológica. Pero insiste en que no se arrepiente. Cumplió 50 años un día después de que su madre recibiera la segunda dosis de la vacuna, mientras se recuperaba. “Sus necesidades emocionales las tenemos que cubrir las familias y las residencias tienen que darse cuenta de eso. No son muebles”, dice.

Como cuenta, desde 2019 tenía plaza en un centro público. “Los problemas llegaron cuando se contagió y no tuve suficiente información, estuve nueve días sin hablar con ella, fue horrible, desesperante”. Las asociaciones de familiares hablan del descrédito del sector. Las empresas se defienden y aducen el abandono que sufrieron, sin poder derivar a los enfermos al hospital en muchos casos. Pero la mayoría reconoce una pérdida de confianza.

El resultado es que la atención recae aún más en los hogares, explica la decana de la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña, Raquel Martínez Buján, que está estudiando el impacto de la covid en los cuidados. “Hay dos tendencias: se han refamiliarizado y se han mercantilizado, es decir, que se contratan servicios de atención en el hogar, a través de empresas o de manera informal”, expone.

Más rechazos de plazas

La patronal de ayuda a domicilio Asade, que aglutina a 40.000 empleados y trabaja sobre todo con conciertos o licitaciones públicas, no ha notado una subida significativa de la demanda. Sin embargo, varias empresas sí notan el repunte. Cuideo, que hace de intermediaria entre familias y trabajadores a domicilio, ha visto cómo sus usuarios se han doblado, pasando de unos 4.000 de media al mes antes de la pandemia a 8.000 ahora. La empresa emergente Qida [leído cuida] ha triplicado sus servicios, de 250 hace un año a 800. Y Andrés Rodríguez, director general de Macrosad, que atiende a 11.000 usuarios de ayuda a domicilio en Andalucía, ha visto la demanda subir en un 20%, mientras que en sus ocho residencias ha caído un 10%.

La lista de espera para acceder a una plaza pública ha descendido respecto a antes de la pandemia en ocho regiones que han facilitado datos: seis autonomías y las diputaciones de Álava y Gipuzkoa. Solo ha aumentado en Extremadura. Parte del descenso se debe, sin duda, a las muertes (el año pasado fallecieron más de 55.000 personas mientras aguardaban por algún trámite de la dependencia), pero los expertos consultados aseguran que los recelos de las familias influyen. En Madrid, la lista ha caído de 6.294 personas en febrero de 2020 a solo 510 en abril. Es el descenso más abrupto.

Varias regiones reconocen que hay familias que no aceptan la plaza que se les ofrece, aunque aseguran que últimamente la situación se está normalizando. Pero solo dos han aportado cifras que permitan comparar el número de rechazos anterior a la pandemia con el actual: Asturias y Cataluña. Y demuestran que la situación no es homogénea en todo el país. Si bien en la primera ha permanecido estable (solo 20 más en 2020 respecto a 2019), en Cataluña los recelos son bastante mayores: de las 19.681 personas que esperaban por una plaza pública en enero de 2020, 5.215 habían renunciado al menos una vez a ocuparla (pueden seleccionar tres opciones, por lo que tienen margen). A principios de mayo aguardaban 16.889 usuarios, de los cuales 7.277 habían desistido en alguna ocasión.

Andrés Rueda, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, señala que “hay 15.000 plazas vacías en Cataluña: quiere decir que hay oferta y, sin embargo, baja la demanda”. “Se debe a la historia reciente. Las residencias más castigadas por la pandemia, que han salido en los medios, tienen más dificultades para cubrir plazas. Estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo, pero tardará años, hay que dar pasos antes, como subir las ratios y aportar financiación”, expone.

Dos de las tres patronales de la dependencia consultadas reconocen que, tras este año, ha existido un problema de pérdida de confianza. Aunque las tres insisten en que el sector empieza a recuperarse. Ignacio Fernández, presidente de la FED (alrededor de 2.000 residencias), explica que llegaron a tener “entre un 15% y un 30% de desocupación, en función de las zonas, porque la incidencia ha sido dispar”, y estima que ahora están “entre un 10% y un 20%”. José María Toro, secretario general de CEAPS (unos 2.000 centros), cuenta que el golpe ha sido elevado, pero cree que la mala imagen no es justa, dado que se vieron solos luchando contra el virus, y en la desocupación han influido también la falta de diligencia de la Administración y las restricciones impuestas, que hacían que los familiares se lo pensaran antes de recurrir a una residencia. Jesús Cubero, secretario general de Aeste (unos 400 centros), no ve una pérdida de confianza y añade factores como la mala situación económica de las familias, “que ha llevado a personas en paro o en ERTE a asumir los cuidados”.

Para las asociaciones de familiares, la crisis de reputación es indiscutible. “Son un negocio”, critica María José Rodríguez, de Marea de Residencias. Paulino Campos, presidente de la asociación gallega de familiares Rede y portavoz de La Plataforma, que agrupa a organizaciones de todo el país, sostiene que en este tiempo los familiares han sentido “pánico”. Hay familias que han optado por un cambio de centro “porque muchas marcas se han quedado con el sambenito de la covid pegado a sus instalaciones”, tras unos primeros días de pandemia de “falta de personal, carencia de medios de protección, no existencia de protocolos, personal no formado ni informado, comunicaciones nulas, irresponsabilidades en las gestiones de aislamientos o sectorizaciones de contagiados y sintomáticos, no derivación a los hospitales, abandono sistemático”, enumera. Define lo ocurrido como “la mayor catástrofe humana vivida en España después de la Guerra Civil”.