La UE admite que cada país ponga límites al pasaporte de vacunación

El certificado de vacunación no será una carta blanca para viajar por la Unión Europea como pretendía inicialmente Bruselas. Los 27 países de la Unión han pactado este miércoles reservarse la posibilidad de imponer restricciones y cuarentenas a todos los viajeros, incluso a los que lleguen provistos de un documento que acredite haber recibido una vacuna contra la covid-19. Los socios comunitarios quieren dejar claro que el llamado “certificado verde digital de vacunación” no es un pasaporte para cruzar libremente las fronteras y que su reconocimiento o no dependerá de las medidas vigentes en cada país para frenar la expansión del virus.

El acuerdo de los Veintisiete especifica que el reglamento del certificado “no debe abarcar las decisiones de los Estados miembros de imponer o eximir de restricciones a la libertad de movimiento”. El texto añade que “el uso del certificado verde digital con vistas a levantar las restricciones debe seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros”. La precisión ha sido incluida en la propuesta presentada por Portugal, país que ocupa la presidencia semestral de la UE, a los embajadores permanentes de los Veintisiete en Bruselas, reunidos este miércoles para fijar la posición negociadora del Consejo de la UE.

“Doy la bienvenida a este primer paso”, ha señalado el primer ministro portugués, António Costa, tras alcanzarse el acuerdo. Costa considera que “el certificado verde digital facilitará la libertad y seguridad de movimiento”. Pero este consenso subraya de manera tajante que el certificado no es un documento de viaje, “para reforzar el principio de no discriminación, en particular, hacia las personas no vacunadas”.

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El giro de los Estados miembros para restringir el uso del certificado coincide con una creciente resistencia de la opinión pública a la introducción de un salvoconducto que, de momento, solo estaría disponible para una pequeña parte de la población. En EE UU, la Casa Blanca descartaba la semana pasada la introducción de una credencial de ámbito federal que acredite la vacunación. La administración de Joe Biden aducía razones de privacidad y derechos fundamentales para rechazar ese tipo de iniciativas. En el Reino Unido, un nutrido grupo de parlamentarios de todo el espectro político han suscrito una carta en contra de la creación de un documento que, a la larga, podría limitar la vida social de los ciudadanos británicos.

Las autoridades europeas de protección de datos también han alertado sobre el peligro de que el certificado de vacunación acabe convirtiéndose en un requisito imprescindible para acceder a ciertos lugares públicos o realizar determinadas actividades. “Esto puede llevar a consecuencias imprevistas y a riesgos para los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE”, señalaron el Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos en un dictamen conjunto sobre la propuesta de reglamento de la Comisión.

Los Veintisiete se han hecho eco de ese dictamen y han limitado drásticamente tanto las potestades reconocidas al futuro certificado como la discrecionalidad de la Comisión Europea para prolongar o ampliar su utilización. A falta de la posición del Parlamento Europeo, cabe ahora la posibilidad de que el proyecto quede tan diluido que ponga en duda su objetivo de facilitar la movilidad dentro de la UE y salvar la campaña turística del próximo verano.

El Consejo parece dispuesto a asumir ese riesgo antes que a permitir que el certificado se convierta en un pasaporte de facto. Los embajadores incluso han añadido al proyecto la obligación de que el documento incorpore una taxativa declaración sobre su verdadero carácter. “Este certificado no es un documento de viaje”, señala la leyenda pactada por los embajadores y que deberá aparecer tanto en el formato digital como en papel del futuro certificado.

El texto recuerda que el conocimiento científico sobre la covid-19 sigue evolucionando, en particular, en relación con las nuevas variantes del virus. Y pide al titular del certificado que verifique las medidas de salud pública aplicables en el país al que desea viajar, para comprobar si va a ser sometido a restricciones de movimiento o a cuarentenas.

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La UE intentará evitar que la disparidad de criterios en cada país sobre la utilidad del certificado acabe en un caos transfronterizo o en una desorientación para los viajeros. Para asegurar la coordinación, la propuesta exige que los Estados se informen entre sí y a través de la Comisión “sobre los requisitos que los titulares de un certificado deberán cumplir al entrar en su territorio, sea cuarentena, aislamiento, prueba o cualquier otro tipo de restricción [a las personas vacunadas]”.

El proyecto legislativo aprobado por los embajadores en el Consejo debe ahora ser consensuado con el Parlamento Europeo. Y ambas instituciones mantienen su objetivo de que esté en vigor a finales de junio, aunque el Consejo introduce un período transitorio de seis semanas durante el que podrían operar los certificados o pruebas de vacunación adoptadas ya a nivel nacional.

Fecha de caducidad

La nueva versión del reglamento mantiene que el certificado se expedirá de forma gratuita, pero abre la puerta a que las autoridades cobren por “servicios asociados” a su elaboración. Y permitirá la imposición de una tasa en caso de que deba emitirse de nuevo “por pérdidas repetidas” del original.

Siempre que sea posible, los gobiernos deberán informar con 48 horas de antelación de las medidas restrictivas que van a imponer a las personas vacunadas, especificando el motivo para aplicarlas y su posible duración.

La propuesta portuguesa también limita la vigencia del futuro pasaporte. La Comisión Europea abogaba por mantenerlo en vigor hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare finalizada la pandemia de covid-19. El organismo presidido por Ursula von der Leyen también quería reservarse el derecho de prolongar su uso o incluso de extenderlo a otras enfermedades contagiosas similares a la covid-19. Pero el Consejo no acepta conceder esos poderes discrecionales a los funcionarios comunitarios ni supeditar el valor de un documento europeo al pronunciamiento de una organización internacional como la OMS. Las enmiendas introducidas al proyecto fijan una vigencia del certificado de 12 meses, es decir, hasta junio de 2022 si finalmente se aprueba en junio de este año.

En el último trimestre de vigencia, la Comisión deberá presentar un informe sobre los resultados de su uso. Y si Bruselas considera necesario prolongar la utilización del certificado, deberá presentar un proyecto legislativo que requerirá una tramitación ordinaria, es decir, aprobación por parte del Consejo y del Parlamento Europeo.

Limitaciones a la Sputnik

El Consejo también endurece el tratamiento de las vacunas no aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) a efectos del certificado. El proyecto de la Comisión permitía a los Estados reconocer las pruebas de vacunación con productos autorizados solo a nivel nacional en alguno de los socios de la UE, como ha sido el caso de la vacuna rusa Sputnik V en Hungría. Pero el nuevo texto subraya que solo la autorización centralizada en la EMA ofrece todas las garantías necesarias para que una vacuna sea reconocida como segura en los 27 Estados miembros. El proyecto de reglamento especifica que la obligación de aceptar los certificados solo atañe a las vacunas que han recibido una autorización de comercialización de la EMA. Hasta ahora, solo cuatro laboratorios han logrado ese visto bueno: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

La Sputnik está aún en proceso de revisión en la EMA. El reglamento, en su versión actual, prevé que el reconocimiento del certificado podría extenderse a las vacunas que en el futuro obtengan la luz verde de la autoridad europea.