La ley de libertad sexual prevé centros de atención 24 horas para las víctimas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere impulsar una "poderosa e inquebrantable alianza feminista" que convierta a España en un referente internacional de los derechos humanos. Es la declaración de intenciones que ha hecho este lunes en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Montero ha desgranado los ejes de su política. Su primera medida es el impulso de la ley de libertad sexual, cuyo texto se presentará en el Consejo de Ministros el próximo 3 de marzo después de que el Gobierno desatascara el choque que tuvo su departamento con Justicia a finales de la semana pasada. Esta nueva norma, que pretende un enfoque integral contra la violencia sexual como en su momento fue la ley 1/2004 de violencia de género para la violencia en las relaciones de pareja o exparejas, prevé la creación de centros de atención integrales para las víctimas que funcionarán 24 horas al día. 

Según explican desde el departamento de Montero, se trata de centros especializados en atención e intervención en violencias sexuales para "víctimas que han sufrido violencia sexual tanto en el pasado como recientemente". Estarán formados por equipos interdisciplinares con psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales y juristas expertas en violencia sexual.

La ministra ha desgranado las principales medidas de su cartera para esta legislatura, tras señalar que la violencia contra las mujeres “constituye una de las violaciones de derechos humanos más graves, habituales y silenciadas de cuantas se cometen en nuestra sociedad”.

En su comparecencia ha recordado a las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003, cuando comenzaron las estadísticas oficiales. Son 1.044 mujeres. Solo en lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por este motivo. Solo una de ellas presentó denuncia. "La mayoría de las víctimas no denuncian estos hechos", ha admitido Montero. Desde que hay estadísticas, los datos muestran que más del 70% de las asesinadas nunca había dado la voz de alarma contra su agresor. "Es esencial reconocer que la respuesta institucional debe ser mucho más amplia", ha señalado Montero, que pide acompañar a "todas las víctimas, no solo a las que denuncian".

En ese sentido, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 pero apenas desarrollado, prevé medidas de apoyo a las mujeres como el reconocimiento de ayudas y respaldo desde los servicios sociales municipales aunque no medie denuncia o el cribado sanitario, es decir, que los servicios sanitarios y los médicos de cabecera se vuelquen también en la detección de casos.

Todas las violencias

Montero ha subrayado que, con esta nueva ley de libertad sexual, será la primera vez que el ordenamiento jurídico español dará un marco normativo integral que reconocerá como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración del derecho a decidir acerca de la vida sexual. Abarca agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, acoso, extorsión sexual y engaño pederasta, entre otras. Y también la violencia ejercida con la tecnología, la mutilación genital femenina, la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual, el matrimonio forzado o la trata por razones de explotación sexual.

"A este ministerio y a esta ministra le gustaría abolir la prostitución", ha dicho Montero sobre uno de los debates que atraviesan al feminismo, dividido entre un sector mayoritario que quiere acabar con esta práctica y otro, con menos partidarias, que reclama que se protejan los derechos de las que llaman "trabajadoras sexuales". La ministra ha admitido, no obstante, la dificultad de llevarlo a cabo como han constatado sus antecesoras en el cargo. El ministerio iniciará "de forma inmediata" los trabajos para una futura ley integral contra la trata.

La lucha contra la violencia es uno de los ejes de esta legislatura para el Ministerio de Igualdad, en la que Montero ha anunciado también políticas de redistribución y contra las brechas de género, para la que plantea el desarrollo de una ley de tiempo corresponsable, o políticas de cuidado de la diversidad contra la discriminación a personas por su orientación o identidad de género o por su origen étnico o racial, para lo que ha anunciado la tramitación de una ley para la igualdad social de las personas LGTBI  y una ley trans, "que garantice el anclaje de los derechos y libertades fundamentales de las personas trans, que pasan tanto por la autodeterminación como por la plena despatologización".