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Choque en el Gobierno por la ley de libertad sexual y la reforma del Código Penal

La Moncloa intenta zanjar el conflicto con un mensaje de consenso y anuncia que sacará la nueva norma para el 8 de Marzo

Ley de libertad sexual
La ministra de Igualdad, Irene Montero, este jueves en el Congreso. EFE

El Gobierno de coalición vive el segundo episodio de tensión en dos días, esta vez a cuenta de la futura ley de libertad sexual, que promueve el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero (Unidas Podemos). Uno de los puntos de esa ley, prevista como una norma integral que abarca cambios en muchos niveles, supone la reforma del Código Penal. Se trata de revisar las penas por delitos sexuales, que incluyen en su fase de borrador una revisión de los castigos (con reducción de años), eliminar el término abuso o incluir como agravantes las agresiones en pareja o el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima, tal como adelantó EL PAÍS. La propuesta de la nueva ley se solapa con el proyecto de la reforma amplia del Código Penal que Pedro Sánchez encargó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (PSOE), y que prevé incluir nuevos delitos medioambientales o la revisión de las penas del delito de sedición.

Tras un enfrentamiento que viene de semanas atrás y una mañana de jueves agitada en la que trascendió el choque, a mediodía La Moncloa ha tratado de dar por zanjada la crisis con un mensaje oficial. "La ley de libertad sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad ante el 8 de Marzo". Eso significa, según fuentes de Unidas Podemos, que la nueva norma incluirá la reforma del articulado del Código Penal relativos a los delitos sexuales y que se hará en la fecha que barajaba Unidas Podemos: el Día Internacional de la Mujer, como confirman desde Moncloa.

Desde Bruselas, Pedro Sánchez también ha tratado de zanjar la polémica con la garantía de que la norma estará para ese día, que es lo que más preocupa a Unidas Podemos. "Es una ley muy ilusionante para las dos formaciones de la coalición progresista. Tenemos que modificar el Código Penal para dar mayor seguridad a las mujeres. Llegaremos a tiempo, pero más allá de la fecha [el 8 de marzo] que cumpliremos con ella, lo importante es que nos vamos a volver a situar a la vanguardia de la igualdad de genero y la protección de las mujeres". El presidente considera que es una polémica "menor" y la da por resuelta.

La crisis llega porque Igualdad, en manos de Unidas Podemos, entendió que Justicia, controlada por el PSOE, estaba retrasando la aprobación de la norma y ponía así en riesgo que se pueda llegar al 8 de marzo, algo estratégico para el grupo de Pablo Iglesias. Así que el equipo de Irene Montero decidió que la mejor manera de presionar era dar a conocer a los medios la tensión que había entre los dos ministerios. Una vez estallada la polémica, y después de conversaciones entre las dos formaciones, La Moncloa decidió atajarla con la garantía de que la norma llegará a la fecha clave.

El acuerdo de Gobierno que firmaron ambos partidos recoge aprobar una ley integral para la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales y hacerlo con la revisión de los delitos. “En el marco de esta ley reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, ‘Solo sí es sí”, señala el texto del acuerdo.

Fuentes de la vicepresidencia primera, en manos de Carmen Calvo, que controla lo que va al Consejo de Ministros y es la encargada de dirimir las discrepancias entre ministerios, limitaban a media mañana la importancia de este choque, señalando que la discusión técnica entre ministerios es habitual en todas las leyes y esta no es una excepción. La norma está en esa fase y cuando esté madura irá al Consejo de Ministros, rematan. Será Calvo quien medie para ver cómo queda firmalmente la norma.

Fuentes de Justicia añadían, por su parte, que no hay ninguna intención de bloquear el proyecto, sino que se trata de estudiar técnicamente la propuesta y añadir el criterio de este departamento. La revisión, añaden estas fuentes, supone reformar una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales y necesita una especial armonización con el resto del Código Penal.

Cuando en enero, según fuentes de la negociación, representantes de Igualdad y de Justicia se reunieron, los primeros informaron de su proyecto y plantearon que los delitos sexuales se revisaran en esta ley. Justicia respondió que la reforma de esos delitos, igual que el resto de la revisión del Código Penal, corresponde a su cartera y al macroproyecto de reforma. Y de ahí venía el desencuentro, adelantado por eldiario.es y confirmado por EL PAÍS.

Otras fuentes del Ejecutivo confirmaban que había discusiones entre ministerios sobre la ley y que Unidas Podemos estaba absolutamente empeñado en sacar la reforma antes del 8 de marzo, pero los representantes de otros ministerios en manos de los socialistas preferían esperar a que la norma esté técnicamente mejor perfilada y trataban de convencer a la formación de Iglesias para que tuviera paciencia. Iglesias y Montero han insistido en las reuniones internas de la coalición en que la ley tenía que estar sí o sí para el 8 de marzo.

Este ha sido el segundo frente abierto de la coalición en dos días, después de la crisis por la política de inmigración. Precisamente este jueves PSOE y Unidas Podemos han estrenado la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición, el organismo que deberá velar por el cumplimiento del acuerdo sobre el Ejecutivo de coalición, y que aún no se había constituido.

Según el protocolo firmado, la comisión la integrarán dos representantes de la Presidencia del Gobierno, dos de la vicepresidencia Primera y otros dos de la vicepresidencia Segunda. A ellos se unirá un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación, un "representante del área de comunicación" de la Vicepresidencia de Iglesias, y un representante de ambos grupos parlamentarios, Socialista y Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en Común.

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