El ‘Niágara mexicano’ se ahoga en residuos tóxicos

El caso del río Santiago es uno de los más escandalosos de contaminación en México. La descarga de aguas negras y desechos agrícolas e industriales en el caudal del Estado de Jalisco (en el Oeste del país) fueron solapadas y consentidas durante décadas. La toxicidad ha llegado a los cuerpos de miles de niños y adultos afectados con daños renales, hematológicos y cognitivos. Especies de flora y fauna han desaparecido del mapa. Las cataratas del Salto de Juanacatlán, conocidas en los años setenta como el Niágara mexicano, han perdido su volumen y desprenden un olor fétido e insoportable según sus habitantes.

"Nos están envenenando", resume Alan Carmona, integrante del colectivo Un Salto de Vida. Las autoridades de Jalisco, del partido Movimiento Ciudadano, han lanzado una estrategia de rescate del río, pero acusan la falta de apoyo del Gobierno federal, en manos de Morena, para dar solución al problema. Los pobladores exigen desesperados un freno a la devastación y la reparación de las afectaciones.

El Santiago se extiende por casi 500 kilómetros desde el lago de Chapala hasta el Pacífico. Las ciudades de El Salto y Juanacatlán, donde se encuentran las cascadas, son parte del corredor industrial más importante de Jalisco, uno de los motores productivos más importantes de México. El río también da agua a más de ocho millones de personas y es la principal fuente de abastecimiento de Guadalajara, la segunda zona metropolitana más grande del país.

En 2008, un niño de ocho años que vivía en El Salto cayó al río y murió intoxicado. Un estudio del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua hecho entre 2009 y 2011 identificó 1.090 sustancias químicas en el Santiago. Otro informe de 2009 realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí encontró cadmio, precursor del daño renal, en el 98% de su muestra recogida en El Salto. El 94% de la muestra de Juanacatlán tenía plomo, asociado a afectaciones neurológicas en la sangre. Más de la mitad de los análisis de El Salto y un tercio de los de Juanacatlán contenían mercurio, que daña el sistema nervioso, el aparato digestivo, los pulmones y la piel.

El informe de la universidad potosina fue ocultado más de una década por autoridades locales a pesar de exponer un rosario de fenómenos como cambios en la sangre, trastornos emocionales, disminución de las habilidades cognitivas, problemas gastrointestinales y renales. "Todos aquí conocemos a algún amigo o familiar que ha muerto por la contaminación", asegura Carmona. Un Salto de Vida ha denunciado ante el ombudsman local lo que acusan es un "crimen de Estado" y un "genocidio".

El caudal tóxico no solo está compuesto por desechos industriales, aguas residuales, pesticidas y fertilizantes del campo. En El Salto está el vertedero de Los Laureles, uno de los más importantes para Guadalajara, cuyos lixiviados afectan la zona y que en abril pasado registró un incendio que duró al menos cinco días. Los planes de instalación de nuevas presas y termoeléctricas en la región han sido cancelados, pero hubo anuncios de inversiones millonarias para este corredor industrial. Todo quedó retratado a finales de 2019 en el toxitour, una iniciativa ciudadana que visibilizó los estragos en la zona. 

El abuso de las aguas ha sido crucial para el despegue económico de Jalisco. El Estado tiene leyes laxas y vigilancia insuficiente, sostiene la investigadora de Universidad Autónoma de Zacatecas, Cindy McCulligh. Las políticas de autorregulación del mercado e indemnización fracasaron por la corrupción y la impunidad. La norma federal que regula la descarga de sustancias no se ha actualizado desde 1996. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó el año pasado 2.696 inspecciones cuando el promedio entre 2010 y 2018 fue de casi de 7.700, según cálculos de McCulligh con datos oficiales. La investigadora asegura que la política de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la responsable de la disminución. "Es lamentable y un problema en todo el país", afirma. La Conagua responde que el enfoque es cualitativo y que se centra en las acciones que tengan mayor beneficio.

"Era un problema que no podíamos obviar", reconoce Patricia Martínez, coordinadora de Gestión Territorial del Gobierno de Jalisco. Las autoridades estatales impulsaron a principios de febrero un plan que puso en el centro del discurso este problema. El Gobierno anunció la clausura de Los Laureles para 2021, la creación de un registro de descargas contaminantes, una inversión de 2.000 millones de pesos (105 millones de dólares) centrada en el tratamiento de aguas residuales de las ciudades y emitió una lista de 29 empresas que "podrían" estar ligadas a la emisión de aguas contaminantes.

Se anunció “tolerancia cero” para estas compañías, entre las que figuran grandes productores de tequila, industrias petroquímicas, del sector automotriz y gigantes trasnacionales de los alimentos. “Algunas empresas limpiaron la casa y después dejaron entrar al Gobierno, es una simulación”, responde Carmona. “Se anuncian 800 millones de pesos [42 millones de dólares] para infraestructura, pero menos de dos millones a la detección de enfermedades, no hay un enfoque preventivo”, agrega.

“Como Gobierno estamos en deuda”, admite Sergio Graf, secretario estatal de Medio Ambiente. Las autoridades defienden que la estrategia es integral, que habrá estudios sobre el impacto sanitario y que puede conciliarse el crecimiento económico sin afectar el medioambiente. También reclaman la “ausencia” del Gobierno federal, aunque los funcionarios dicen que hay “voluntad” para colaborar. La Conagua, un organismo federal, investiga a las 29 empresas señaladas y ha destinado más de 150 millones de pesos, unos ocho millones de dólares, para la cuenca del río. "El deterioro es resultado de la inacción de la autoridad en sus tres niveles", defiende la Conagua.

La devastación del río ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió hace dos semanas medidas cautelares contra México si no revierte el daño. Los afectados analizan llevar el caso a tribunales internacionales. “Es posible revertir la situación, pero se necesitan medidas que tomen en cuenta a las comunidades”, insiste McCulligh. Mientras se reparten las responsabilidades por un crimen ambiental sistemático y prolongado, los niños analizados en los estudios silenciados se han convertido en adultos. Y exigen respuestas.