A dos años de un derrame tóxico en México, los afectados acusan desatención

A dos años del peor desastre ambiental provocado por la industria minera en México, los afectados acusan que la empresa ha incumplido el plan de remediación. El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre –una de las más grandes del mundo– derramó 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora (al norte de México). El Gobierno federal obligó a Grupo México –el operador de la minera- a crear un fideicomiso de 150 millones de dólares para reparar el daño de los 22.000 afectados. Sin embargo, a 24 meses, los pobladores acusan que se incumplieron con los compromisos.

Apolonio Fimbres Bartolini se dedica a la venta de machaca (carne seca) y chiltepín (un chile típico de la región), pero desde el derrame sus ventas cayeron porque la gente teme comprar productos de la zona afectada. Él se unió con otros lugareños y crearon una agrupación a la que denominaron Frente Unido por el Río Sonora para exigir una remediación integral en la zona. “Las autoridades federales y municipales nos tienen en el abandono. La gobernadora (Claudia Pavlovich) dice que nos va a ayudar, pero nada más puras promesas”, afirma. Uno de los compromisos de Grupo México era la instalación de 28 plantas potabilizadoras de agua, pero sólo se ha instalado una que ha dejado de funcionar por falta de recursos. “Estamos muy disgustados porque seguimos comprando el agua embotellada cuando antes la tomábamos de la llave (grifo)”, dice Fimbres.

La región del Río Sonora está compuesta por siete municipios donde habitan pequeños ganaderos y agricultores que cultivan ajo, calabaza, cacahuete, melocotón y chiles. También son productores de leche, queso y dulces típicos. Apolonio cuenta que mucha gente ha tenido que cambiar de actividad o se ha tenido que mudar. “El derrame amoló la agricultura, la ganadería, y estamos en la calle. El Gobierno federal parece que apoya a Grupo México, en vez de estar con nosotros”, se queja el productor de 78 años residente del poblado de Ures.

La clínica provisional que atendía a los afectados cerró el pasado 30 de junio sin ninguna explicación. Tampoco se construirá la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental –otro de los compromisos pactados en el fideicomiso- a pesar de que en los reportes oficiales la cifra de personas con daños en la salud va en incremento, denunció el Comité de Cuenca del Río Sonora en un comunicado. Según les han dicho, Grupo México ya no tiene recursos económicos para su edificación.

El fideicomiso creado en 2014 contemplaba pagos por las afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame. Sin embargo Hermes Díaz Ceniceros, integrante de la Red Fronteriza de Salud y Medio Ambiente -una asociación que apoya a los afectados-, explica que la principal inconformidad de los pobladores se debe a que estos recursos se repartieron entre parientes de políticos y familias adineradas del Estado. Además a los más perjudicados se les hicieron pagos muy pequeños por sus animales y sus cultivos que no compensaban las pérdidas que la minera les causó.

La sanción que impuso el Gobierno federal a Grupo México por la afectación fue irrisoria. En marzo de 2015, la Fiscalía ambiental (Profepa) multó a la compañía con 23,5 millones de pesos (1,3 millones de dólares), el equivalente al 0,22% del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre de ese año. La sanción se fijó con base a 55 irregularidades y al quebranto de tres leyes mexicanas para la protección del medio ambiente. El consorcio es uno de los principales productores de cobre a nivel internacional y tiene presencia en México, Perú y Estados Unidos. Su dueño es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México y cuya fortuna se ubica en el número 67 en el mundo según un listado de Forbes.

Sonora, donde ocurrió el derrame, es una de las entidades con mayor actividad agrícola y ganadera del país. Además es un Estado minero de gran importancia donde se encuentran las dos minas más grandes de México: Cananea (donde ocurrió el derrame) y La Caridad (ubicada en la sierra). El 30% de su territorio está concesionado y es un gran productor de oro, cobre, grafito, wollastonita, carbón antártico y molibdeno, según datos gubernamentales.