La justicia pide que se levante el secreto del plan de limpieza del accidente nuclear de Palomares

Hace ya 54 años que Estados Unidos activó la operación Broken Arrow (flecha rota, en inglés), la denominación que usa ese país para los siniestros con armas nucleares. Pero lo que rodea a aquel accidente de 1966 que contaminó de plutonio los suelos de Palomares (Almería) sigue envuelto en el secreto una vez acabada la dictadura y tras más de cuatro décadas de democracia en España. Hasta tal punto que la Audiencia Nacional ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique el Plan de Rehabilitación de Palomares, considerado oficialmente secreto desde que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) lo aprobó en mayo de 2010. Ese plan, además, no se ha desarrollado nunca, con lo que alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas siguen depositadas en varias parcelas de esa pedanía de Cuevas de Almanzora. El CSN argumenta que una década después aún no se ha completado ese informe de rehabilitación. Por eso, la Audiencia Nacional pide también al Gobierno que le detalle "el tiempo estimado para la finalización de dicho informe y se aporte cuanta documentación se haya elaborado" desde 2010, según el auto de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo al que ha accedido EL PAÍS. 

Aquel 17 de enero de 1966 dos aviones —un bombardero y una nodriza— del Ejército de Estados Unidos colisionaron sobre Palomares. Cuatro bombas termonucleares cayeron sobre esa pedanía; dos de ellas se rompieron y esparcieron varios kilos de plutonio. Tras el siniestro, el Ejército de EE UU y la dictadura española emprendieron una operación de limpieza. Estados Unidos trasladó a su territorio 4.810 bidones de 208 litros cada uno llenos de residuos, principalmente, tierra y cultivos afectados por la radiación. Pero atrás dejaron 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas, algo que no se conoció hasta la llegada de la democracia a España. 

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El Gobierno lleva años intentando que EE UU asuma la limpieza o, al menos, se lleve las tierras más contaminadas. Tras años de negociaciones infructuosas, en 2015 se cerró una "declaración de intenciones" con la Administración de Barack Obama para que se hiciera cargo de parte de esa tierra. Pero la llegada de Donald Trump dejó aquella declaración en nada. Así que el plan de rehabilitación, que sigue siendo secreto, siguió sin aprobarse definitivamente ni aplicarse. 

Ecologistas en Acción decidió en 2017 llevar el caso a la Audiencia Nacional y presentar una demanda para que se limpien las tierras. Los residuos, proponía esta organización, se almacenarían de forma temporal hasta que EE UU asuma su responsabilidad. "Pedíamos que se aplicara el plan de 2010", explica el letrado José Ignacio Domínguez, que ha llevado el caso para Ecologistas en Acción. "Pero estábamos trabajando a ciegas, pedíamos que se aplicara un plan cuyo contenido completo no se conocía", añade Domínguez.

Durante la instrucción del caso, el CSN se ha negado a aportar el plan de rehabilitación. El 21 de enero los cuatro magistrados de la sala que lleva este asunto comenzaron a deliberar sobre el fallo referido a la demanda de Ecologistas en Acción. Pero en vez de acordar una sentencia, la sección séptima decidió instar al Consejo de Ministros a levantar el secreto sobre el plan de limpieza de 2010 y sobre toda la documentación asociada, además de solicitar que se dé una fecha definitiva de aprobación del programa de rehabilitación.

Ahora, la pelota está en el tejado del Consejo de Ministros, que deberá decidir si obedece o no. Si no, la Audiencia Nacional podría elevar la disputa a la sala de conflictos del Tribunal Supremo.

Pero en su auto, los jueces dejan abierta una puerta al Gobierno para que tenga margen de acción, ya que indica que el plan se desclasificará y se remitirá a la Audiencia Nacional "con las indicaciones que sean procedentes en relación con la confidencialidad de su contenido".

Discrepancias

El auto contiene un duro voto particular del magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, que considera que la petición de desclasificación que han elaborado sus compañeros de sección no está suficientemente armada y que deja la puerta abierta para que el Gobierno siga manteniendo bajo secreto el plan de limpieza. 

Moya, además, critica que el Gobierno mantenga la documentación bajo secreto con el argumento de que se ponen en peligro algunos intereses. "En un asunto en el que existen fuertes indicios de que se está poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente, la mera alusión a los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España (...) no permite vedar la participación pública en la toma de decisiones", sostiene en su voto particular el juez. "La intención de proteger los intereses del sector agrícola y las expectativas turísticas de la zona, así como del desarrollo urbanístico inherente a esta actividad, ya fueron consideradas como el pretexto de la dictadura de Franco para la clasificación de esta materia", añade. 

Moya sostiene que la única razón que se podría esgrimir ahora para impedir la desclasificación del material sobre la limpieza de Palomares es que se pondrían en peligro las "relaciones internacionales con Estados Unidos", ya que se incluyen informes elaborados por ese país. Pero el magistrado cree que esto "proyecta una idea indebida de que el proyecto de rehabilitación está indisolublemente ligado a la colaboración de los Estados Unidos, lo que ha de ser negado de manera tajante". Porque el juez opina que "la obligación de descontaminar estos terrenos, una vez que se ha considerado que el mantenimiento de la situación puede afectar a la salud, (...) corresponde a la Administración Pública de España, como país soberano, que no puede justificar su inacción en la falta de cooperación de un país extranjero".

El magistrado, en línea con lo que propone Ecologistas en Acción, pide que se acometa la limpieza y que se guarden en contenedores los residuos temporalmente en algún lugar hasta que EE UU se haga cargo de ellos.