Los ecologistas recurren a la justicia para desatascar la limpieza de Palomares

Cuando John Kerry, entonces secretario de Estado de EE UU, y José Manuel García-Margallo, a la sazón ministro español de Exteriores, firmaron el 19 de octubre de 2015 la declaración de intenciones para la limpieza de las tierras de Palomares que todavía están contaminadas con plutonio —50.000 metros cúbicos— parecía que la solución a este largo conflicto medioambiental estaba cerca. Los dos aviones militares que el 17 de enero de 1966 colisionaron provocando la caída de cuatro bombas termonucleares —de las que dos se abrieron, esparciendo su carga radiactiva— eran de EE UU. Y medio siglo después ese país se comprometía a hacerse cargo de las tierras contaminadas.

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Pero la declaración conjunta no pasó de las buenas intenciones. Aunque estaba previsto que antes del 31 de diciembre pasado se firmase un texto jurídicamente vinculante, la parálisis política en España, con casi un año de Gobierno en funciones, y las elecciones estadounidenses, con la inesperada victoria de Donald Trump, dejaron el pacto en el aire. Fuentes diplomáticas admiten que el tema está "en punto muerto" y que no se abordó en la entrevista que Mariano Rajoy mantuvo con Trump en la Casa Blanca el pasado 26 de septiembre, ni en los contactos del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, con su homólogo Rex Tillerson. "Hay que esperar el momento adecuado, dado el recelo con el que la nueva Administración mira cualquier compromiso asumido en la etapa de Obama", alegan las mismas fuentes.

Agotada su paciencia, Ecologistas en Acción ha recurrido a la justicia para que la zona sea descontaminada. En la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional está abierto ya un procedimiento. Y la organización ecologista ha presentado este martes su demanda contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En el escrito se pide que "se ordene la clausura" del "área contaminada de Palomares (Almería) con fijación de plazo para llevarla a efecto". También, que se cumpla el plan del CSN aprobado en 2010 y que implicaba tratar los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada para reducirlos a unos 6.000 metros cúbicos, y proceder a continuación al "almacenamiento temporal" de esos desechos hasta encontrar una ubicación definitiva.

Tierras contaminadas

Nada más producirse el accidente —en el que por suerte no detonó ninguna de las cuatro bombas— el Ejército de EE UU realizó trabajos de descontaminación y se llevó 4.810 bidones de 208 litros con residuos radiactivos; principalmente, tierra y cultivos. Pero atrás quedaron 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas repartidas por varias parcelas que medio siglo después siguen valladas.

En las conversaciones con la Administración Obama se llegó a un acuerdo político para que fuesen almacenadas en una instalación del desierto de Nevada. La ejecución de los trabajos se estimó entre 12 y 24 meses y su coste en 640 millones de euros. La discrepancia estaba en quién los pagaba: Washington asumía el coste del almacenamiento a largo plazo (unos 500 millones), pero faltaba por ver cómo se repartían los gastos de tratar los residuos contaminados, compactarlos, empaquetarlos y transportarlos hasta Cartagena, a unos 100 kilómetros de Palomares, donde estaba previsto el embarque.

Mientras se reactiva o no este acuerdo, Ecologistas en Acción quiere que la justicia obligue a descontaminar la zona. Se trataría de un proceso similar al de las balsas de fosfoyesos de Huelva, cuyo plan de limpieza —pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental— tutela la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.