La justicia asume el control de la restauración de las balsas de fosfoyesos
La Audiencia Nacional carga contra “injustificadas demoras” en la regeneración
![Balsas de residuos de fosfoyesos de Fertiberia, al fondo Huelva.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2SLDZIINU6GZSMANQIPPFEWI4A.jpg?auth=480ad1cc9bcedbcc5e595b240ff79c8aa9a628546b7d8b22e4e30c5a30d19d05&width=414)
La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido tomar el control de la restauración de las balsas de fosfoyesos de Huelva, donde Fertiberia depositó durante décadas sus residuos. En 2007, los jueces ya ordenaron el cese de los vertidos y la regeneración, una decisión que el Tribunal Supremo convirtió en firme en 2011. Los magistrados sostienen ahora que se han producido “continuas e injustificadas demoras en la presentación del proyecto técnico de ejecución de regeneración”. Por eso, esta sección ha dictado un auto, fechado el 27 de mayo, en el que asume el control del proceso, que hasta ahora ha estado en manos del Gobierno y la Junta de Andalucía.
Los magistrados piden al Ministerio de Medio Ambiente que le comunique la “persona responsable” encargada del seguimiento del proceso de regeneración. A este departamento y a la Junta también les reclaman que, “en el plazo de un mes”, informen sobre las características del “proyecto de ingeniería básica” presentado por Fertiberia en abril y sobre si se considera “idóneo para la recuperación ambiental de los terrenos”. Insta a las dos Administraciones a que den un plazo para la ejecución de las obras. Si el proyecto fuera válido, los jueces exigen al ministerio y a la Consejería de Medio Ambiente a que lo aprueben y concedan “la autorización ambiental”, algo de lo que también tendrán que informar a la Audiencia Nacional.
Los magistrados advierten de que, una vez que reciban toda esa información o transcurrido un mes, se reservan la potestad de adoptar “las medidas que se estimen oportunas para garantizar la ejecución de lo resuelto a fin de alcanzar la efectiva restauración ambiental de los terrenos en el plazo más breve posible”. Y apuntan que podrán fijar “un plazo límite” para la regeneración.
Fertiberia asegura que tardará 10 años como mínimo en limpiar la zona
Pese a que en 2011 ya era firme la obligación de regenerar las balsas, Fertiberia no presentó hasta abril de este año el “proyecto de ingeniería básica”. La Audiencia Nacional critica este retraso de tres años. Pero, aunque reconoce que podría ordenar a las Administraciones que acometieran la regeneración, prefiere no hacerlo aún. Fertiberia fue obligada en 2011 a depositar una garantía hipotecaria y un seguro por valor de 21,9 millones de euros. En caso de que la sociedad no inicie la restauración, ese dinero sería utilizado para esas obras.
El Ministerio de Medio Ambiente ha interpretado que el auto confirma “la actitud que está manteniendo y mantendrá” este departamento para “que Fertiberia cumpla la sentencia”. El director de la planta de Fertiberia en Huelva, Roberto Ibáñez, ha asegurado que desconocía el contenido del auto. Ha añadido que la sociedad ha sido y seguirá siendo “proactiva” en este proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son los primeros interesados en solucionar este problema y que están trabajando en ello. Ha sostenido que, tras presentar el proyecto básico, en tres meses esperan tener listo el de ingeniería de detalle. En todo caso, el proceso de regeneración duraría, como poco, 10 años. “Habrá que ir haciendo anualmente una revisión”, ha dicho Ibáñez. Es decir, que aunque comenzase el próximo lunes, acabaría en 2024, 13 años después de la sentencia del Supremo.
La regeneración consistirá en aislar, cubrir y, finalmente, reforestar un área de 440 hectáreas sobre el que se han acumulado durante décadas entre 30 y 40 millones de toneladas de fosfoyesos, según la compañía. Los ecologistas y la propia Junta incluyen más terrenos y muchos más millones de toneladas. La Mesa de la Ría de Huelva exige que se lleven los residuos. Esa opción, según Ibáñez, es inviable “económica y medioambientalmente”. La Junta calculó en 2010 que la operación costaría 2.500 millones y duraría 30 años.
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