El Gobierno se compromete a llevar al Congreso la ley de cambio climático en los primeros 100 días

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una “declaración de emergencia climática” en la que se reconoce la urgencia de actuar frente al calentamiento global. Este tipo de declaraciones, que no tienen rango legal alguno, se han ido aprobando en distintas instituciones dentro y fuera de España desde hace aproximadamente un año. Reino Unido e Irlanda fueron los primeros países en hacerlo, y después se han ido sumando más Estados, regiones y urbes. Dentro de España lo han hecho ciudades como Madrid y Barcelona, diputaciones, gobiernos regionales —lo acaba de aprobar esta semana el de Canarias— y otras instituciones, como algunas universidades.

El problema en muchos de estos casos es que las declaraciones de emergencia se quedan simplemente en eso, en declaraciones, como han criticado organizaciones ecologistas o los científicos, que alertan de la necesidad de actuar urgentemente. Esa urgencia por actuar se recoge en esta nueva declaración, que indica que “el único camino posible es la transformación hacia la neutralidad climática, que presenta una gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la economía española, a la vez que genera empleo de calidad”.

Respecto a las medidas que acompañan esa declaración, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la declaración aprobada este martes irá acompañada de una treintena de medidas. Ha destacado la remisión del proyecto de ley de cambio climático durante los 100 primeros días de Gobierno, la presentación de una senda para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de España de aquí a 2030 —como ya se había comprometido el Ejecutivo— y la presentación de un plan nacional de adaptación, algo que también contemplaba el anterior Gobierno socialista. Como novedad, Ribera ha anunciado que se creará una “asamblea ciudadana” sobre cambio climático, siguiendo el modelo francés, para reforzar la participación de la sociedad en este asunto.

La mayoría de las medidas que acompañan a la declaración, que en el caso de España tampoco conlleva obligación alguna, ya las incluyó en su hoja de ruta el Gobierno socialista anterior o están dentro del acuerdo que cerraron PSOE y Podemos para esta legislatura.

Respecto a la ley, que debe suponer el gran marco que guíe la actuación del Gobierno, el Ministerio para la Transición Ecológica ha detallado que la norma debe servir para garantizar “las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsando para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de cero gramos de CO₂ por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO₂ equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad”.

En el texto de la declaración se admite que la senda ya estaba contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se ha enviado a la Comisión Europea, en el que se comprometía a que España reduzca un tercio sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Para ello, al final de esta década el 74% de la generación eléctrica debe ser de origen renovable. Sin embargo, la vicepresidenta Ribera ha dejado la puerta abierta a que pueda haber una revisión al alza de esos compromisos.

Ribera, al igual que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado la transversalidad de las 30 medidas. Por ejemplo, se plantean medidas fiscales, como el veto a la creación de nuevos subsidios a los combustibles fósiles y la revisión de los actuales. Aunque incluyendo la salvedad de los “casos justificados por razones sociales o tecnológicas”, en los que sí se mantendrán o crearán nuevos. Además, la declaración contempla que no se otorgarán “nuevas solicitudes de autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen”, conocido como fracking. Y se presentará “antes del año 2021, una estrategia para la protección de la costa española”, al igual que una “estrategia de turismo sostenible de España”. Por último, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán contar con zonas de bajas emisiones, similares a las que ya tienen Barcelona y Madrid.

El pasado septiembre, unos meses antes de que se disolviera el Parlamento por la celebración de las elecciones, todos los partidos, salvo Vox, aprobaron en el pleno del Congreso una moción en la que se instaba a que España declarara el estado de emergencia climática. Y Pedro Sánchez se comprometió a hacerlo cuando fuera investido.