El Defensor del Pueblo pide a Interior un plan de seguimiento a menores víctimas de violencia machista

La última tenía tres años y esperaba a los Reyes Magos cuando fue asesinada. Se llamaba Ciara. Su padre, Rubén Darío, la mató a ella y a su madre, Mónica Linde, el 6 de Enero. 35 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres en los últimos siete años, cuando empezaron a ser contabilizados en la estadística oficial de violencia de género. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reclama para ellos un sistema específico de seguimiento integral al margen del que ya existe para las mujeres. Pide que integre las actuaciones de las distintas administraciones que les atienden, desde la policía a los servicios sociales de comunidades autónomas o ayuntamientos. También pide revisar la custodia o permitir el empadronamiento de las mujeres y los niños en los lugares a los que se trasladan para protegerse aunque no den una dirección por motivos de seguridad.

En marzo de 2019, se incluyeron preguntas específicas sobre el potencial riesgo de los menores en los protocolos policiales que se aplican a las mujeres cuando van a denunciar, el sistema viogen. El Ministerio de Interior aprobó este cambio seis meses después de que Itziar Prats perdiera a sus hijas, Nerea y Martina (de seis y dos años), a las que mató su padre, Ricardo Carrascosa, en septiembre de 2018. Y cinco años después de que España firmara en 2014 el Convenio de Estambul, un acuerdo europeo sobre violencia contra las mujeres que incluye entre sus medidas la protección y el apoyo a sus hijos e hijas.

Mariposas contra la violencia de género

La carta del Defensor del Pueblo en la que desgrana nuevas recomendaciones para mejorar la lucha contra la violencia de género -cuya ley acaba de cumplir 15 años de vigencia-  está dirigida precisamente a Prats. Marugán le escribe: "Gracias a testimonios como el tuyo hoy somos más conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de buscar soluciones que permitan una mejor y mayor protección de estos niños y niñas que conviven en entornos de violencia". Itziar Prats encabeza una movilización tejiendo mariposas que reparte para concienciar de que hace falta un cambio para frenar la violencia machista que empiece desde la educación de los más pequeños. Le han llegado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos miembros de su gabinete. En la sesión de investidura, las llevaba la diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell.

La familia de las niñas, Prats y también los abuelos maternos, reclamaron la responsabilidad patrimonial del Gobierno por no protegerlas, en un escrito en el que señalan los ministerios de Justicia e Interior y que es el paso previo al juzgado. En paralelo, acudieron también al Defensor del Pueblo, que ha revisado el caso con las Administraciones.

Una cadena de errores

El caso de esta madre muestra una cadena de errores que desembocó en el asesinato de las niñas. Itziar Prats denunció el riesgo que corrían sus hijas tras las amenazas que recibió del padre: “Me voy a cargar lo que más quieres”, había advertido él. Ella acudió al Centro de la Mujer de Castellón, lo dijo en una comisaría, en un juzgado de guardia y en el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Castellón. Un médico que la atendió alertó de que podía tratarse de un caso de violencia de género. El padre se suicidó tras matarlas.

El abogado de Prats, Gabriel Rubio, considera que las recomendaciones del Defensor "recogen los fallos del sistema que denunciamos desde un principio y del que Itziar y sus hijas fueron víctimas". Recuerda que algunas de esas medidas deberían estar en marcha desde hace años. "Es preocupante que sea el Defensor quien tenga que recordárselo a los órganos competentes. Al menos nos queda el consuelo de que la pérdida de las niñas Nerea y Martina sirva para que todas las administraciones implicadas sean conscientes de la obligación que tienen de cumplir y hacer cumplir los convenios internacionales de los que España es parte".

Informes obligatorios

Marugán también reclama otras medidas que ya están aprobadas pero aún no desarrolladas, como la revisión del régimen de visitas y custodia. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un texto apenas desarrollado desde su aprobación en 2017, prevé suspender el régimen de visitas y la custodia compartida a los maltratadores.

El Defensor solicita que los puntos de encuentro familiar, que dependen de las comunidades autónomas, hagan informes obligatorios de los casos en los que detecten cualquier situación de riesgo para los menores. Reclama más policías en las unidades de famila y mujer para que "en esos primeros momentos de la denuncia la víctima se sienta escuchada y se reduzca de forma efectiva la duración medioa dle tiempo de tramitación de los expedientes".

En las recomendaciones repara en la doble victimización de las mujeres, a menudo obligadas a un periplo por oficinas y administraciones que el Defensor propone evitar con protocolos de intervención integral y catálogos con todos los recursos a disposición de las víctimas. "Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es la dispersión de los servicios y los recursos qu ese ofrecen a las víctimas y la falta de coordinación", advierte.

La lucha contra la violencia de género es una de los ejes del programa conjunto de Gobierno PSOE/ Unidas Podemos en un escenario político en el que la tercera fuerza en apoyos, el partido ultraderechista Vox, pide la derogación de las leyes específicas de violencia de género y niegan que exista. Entre las propuestas de ese acuerdo de Gobierno está la puesta en marcha de las medidas pendientes del pacto de Estado  y el desarrollo de un Plan Integral de Compesanción, Reparación y Recuperación para mujeres que padecen esta violencia, que incluye impulsar la autonomía económica de las víctimas.