La crisis del coronavirus

El cierre de la hostelería avanza ante el rechazo a confinar en casa

Cuatro comunidades clausuran bares y restaurantes para frenar la segunda ola. El Gobierno se opone a una cuarentena y pide esperar al lunes para ver el efecto de las medidas actuales

Vista del centro comercial Río Shopping, en Valladolid.
Vista del centro comercial Río Shopping, en Valladolid./R. GARCÍA / EFE

Limitar actividades o a las personas. En el equilibrio entre ambas se debate ahora España para frenar la segunda ola del coronavirus. El estado de alarma aprobado la semana pasada en el Congreso no permite seguir avanzando en la restricción de la movilidad más allá de confinar perimetralmente territorios y establecer toques de queda. El Gobierno quiere esperar para comprobar si estas medidas surten efecto y, mientras, cada vez más comunidades optan por seguir acotando los espacios de las actividades sociales. Cataluña fue la primera en cerrar la hostelería. Le siguieron Melilla y Navarra, que prorrogó el martes la iniciativa. Ante la negativa de establecer confinamientos domiciliarios del Ministerio de Sanidad, el lunes se sumó Asturias y el martes, Castilla y León, que clausuró también los centros comerciales.

El presidente de esta última comunidad, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al Gobierno que “asuma las medidas de excepción que la excepcional situación requiere”, entre las que citó “el confinamiento, si fuera preciso”. Esto ha sucedido al mismo tiempo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunía con las autoridades sanitarias de Asturias, que habían solicitado lo mismo un día antes, para explicarles que es pronto para esa medida radical.

Tras el Consejo de Ministros del martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dejado claro que el Gobierno se mantiene firme en la decisión de rechazar ese confinamiento domiciliario: “En la primera oleada ya aprendimos que las medidas que se aplican tardan varios días en dar resultados. Es pronto para valorar el impacto de este nuevo estado de alarma, que limitó la movilidad en horario nocturno”.

La ministra, eso sí, ha abierto la puerta a tomar medidas nuevas en la reunión del miércoles del Consejo Interterritorial de Salud, pero de forma consensuada. “Mañana [por el miércoles] hay prevista una nueva reunión del Consejo Interterritorial donde vamos a adoptar decisiones compartidas que sean recomendaciones que según este estado de alarma tienen que dictar los presidentes autonómicos”, ha señalado Montero. El confinamiento no está ahora mismo encima de la mesa del Ejecutivo, pero nadie se atreve a descartarlo si llegado el final de este estado de alarma, el 9 de noviembre, se comprueba que las medidas actuales no son suficientes y la curva sigue subiendo. El Ejecutivo se quedó sorprendido por la petición de Asturias, una comunidad socialista, pero cree haber reconducido la situación y confía en que el presidente de esta comunidad, Adrián Barbón, esperará unos días más hasta ver la evolución de la curva tal y como le ha solicitado en privado el Ejecutivo.

No todos los ministros tienen la misma opinión sobre la dureza de las medidas a tomar, pero en el Consejo de Ministros apenas hubo debate sobre este asunto y el núcleo duro del Ejecutivo dejó muy claro que cree que las medidas actuales son las correctas y quiere esperar un poco antes de tomar nuevas decisiones. En el Gobierno se intenta con llamadas y trabajo político discreto evitar una carrera entre los presidentes autonómicos para ver quién toma las medidas más duras, sobre todo por sus consecuencias económicas: el cierre de nuevo de toda la restauración y buena parte del pequeño comercio llevaría una nueva oleada de ERTE y probable destrucción de empleo.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, también ha desechado la aplicación del confinamiento domiciliario de forma inminente. “No se va a descartar ninguna medida, pero hay que ser comedidos, no se pueden forzar medidas cuando no sea el momento. Es necesario un margen para valorarlas de forma clara”, ha señalado. Simón ha asumido que si una comunidad decreta un confinamiento domiciliario, “será difícil que no se tenga que aplicar a todas”.

Subida en los hospitales

Pero la vertiginosa subida de la curva en los hospitales y la preocupación por su saturación está llevando a algunas autoridades a dar nuevos pasos. La de cerrar la hostelería no es una medida cuyos resultados estén claros. Como casi todas, se aplica junto a otras y es casi imposible analizarlas de forma aislada. En las dos comunidades que ya llevan dos semanas con ellas (Navarra y Cataluña, además de Melilla) la incidencia ha seguido creciendo, aunque se ha desacelerado. “Antes de ver un cambio en la curva se llega a una meseta, eso ya es un primer signo positivo”, opina Pedro Gullón, vocal de la Sociedad Española de Epidemiología.

La combinación de medidas que permite el estado de alarma en España puede llegar a acercarse mucho al confinamiento domiciliario que proponen algunos expertos: más laxo que el de marzo, con posibilidad de salir a la calle a pasear. Es lo que sucede en Cataluña, donde el teletrabajo obligatorio siempre que sea posible sumado al toque de queda nocturno, al confinamiento perimetral de los municipios, la restricción de reuniones y el cierre de toda la hostelería implica de facto una enorme limitación a la sociabilidad.

El camino de cerrar bares y luego restaurantes ha acabado con el confinamiento domiciliario en otros lugares de Europa, si bien las medidas son tan heterogéneas que es prácticamente imposible comparar. Existe una miriada de cierres de hostelería totales, parciales, en zonas concretas, con limitación de horarios y sus resultados han sido dispares. De nuevo: es muy difícil analizar las consecuencias de limitaciones concretas.

Un país que ha ido dando pasos a una suerte de confinamiento sin adoptarlo de forma radical es Bélgica. En primer lugar se establecieron limitaciones horarias, luego se cerraron bares, más tarde restaurantes; se aplicó después un toque de queda. Se intentaba evitar el confinamiento total, pero los hospitales empezaron a colapsar. El Gobierno llegó al convencimiento de que la única manera que ha resultado ser efectiva para controlar la situación con los hospitales a tope era un confinamiento light: cierre de tiendas, teletrabajo obligatorio y tiendas de bricolaje y librerías abiertas. Las cafeterías y restaurantes también están abiertos pero solo despachan productos para llevar. La conclusión: la hostelería no era suficiente y había que cerrar todos los focos de contagio, que básicamente están en los interiores. Y en cambio, puedes salir a correr, al parque, a la montaña, etc.

Algo parecido ha sucedido en Francia, República Checa, Irlanda y el Reino Unido, donde cierres de bares y hostelería permitían a menudo tantas excepciones que no resultaron útiles. Alemania, sin embargo, ensayó la medida con éxito en la primera ola y esta semana vuelve a aplicarla. Todos estos países, menos este último, han adoptado algún tipo de confinamiento domiciliario. En el Reino Unido las medidas de restricción o cierre de bares, pubs y restaurantes fueron muy irregulares y confusas desde un principio. En primer lugar, porque cada nación tiene sus propias competencias sanitarias. Escocia tardó más en abrir que Inglaterra, y comenzó a restringir los aforos mucho antes en esta segunda ola. Gales o Irlanda del Norte también ordenaron el cierre antes. Además, la estrategia local ensayada sin éxito por el Gobierno de Boris Johnson contemplaba demasiadas excepciones e invitaba al incumplimiento. Los establecimientos de las zonas que permanecieron en el nivel 1, o medio, y en el nivel 2, alto, no podían atender a más de seis personas por mesa, y quedaba prohibido que fueran de dos núcleos convivenciales diferentes. Desde un principio resultó complicado vigilar el cumplimiento de la norma (al menos, en lo que se refería a la mezcla de hogares diferentes), y la hostelería no estaba muy dispuesta a aplicar una rigidez que hubiera acabado por hundir sus expectativas económicas. En el caso del nivel 3, o muy alto (Liverpool, Mánchester, Leeds o la región de Yorkshire), las restricciones estaban llenas de huecos legales. En teoría, el cierre completo quedaba en manos de las autoridades locales, y ninguna lo decretó. Los locales podían permanecer abiertos, solo si estaban en condiciones de atender en mesa y ejercer de restaurantes. La mayoría de los pubs tienen esa posibilidad, aunque tuvieran que reducir aforo. Bastaba con darse una vuelta por Mánchester, la ciudad con mayor incremento del índice de transmisión, para comprobar que la gran mayoría de establecimientos seguían abiertos. Solo los muy pequeños habían renunciado a seguir adelante.

Según datos de Public Health England, el organismo gestor de la sanidad pública en Inglaterra, desde que abrieron los establecimientos el 9 de julio hasta el pasado 23 de septiembre, la hostelería fue únicamente responsable del 5,18% de los nuevos rebrotes del virus. Pero las cifras generales de contagios son muy altas, y en estos momentos se duplican cada dos semanas. El Gobierno de Johnson ha optado finalmente por un confinamiento total, sin excepción alguna. A pesar de que, como durante la primera ola, se permite salir al exterior para hacer ejercicio, los campos de golf o de tenis (donde, en teoría, el riesgo de contagio sería muy bajo), también permanecerán cerrados durante cuatro semanas.

Uno de los problemas a la hora de tomar medidas en España es que no se conoce dónde se producen los contagios. Solo están categorizados el 12% de los positivos que se pueden agrupar en brotes. Según estos datos, la hostelería tampoco supone el mayor foco de transmisión, que está más bien en el ámbito social y familiar. Pero existen enormes vacíos de conocimiento que hacen complicado actuar quirúrgicamente. Esta es la razón por la que algunos expertos y comunidades abogan por restricciones más severas. Los últimos en sumarse fueron ayer los presidentes de Ceuta y de Castilla y León, quienes pidieron al Gobierno que les permita decretar el confinamiento domiciliario. De momento, tendrán que seguir esperando. Al menos, hasta el 9 de noviembre, fecha que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha señalado como hito para comprobar si las medidas adoptadas hasta ahora surten efecto.

Con información de Lluís Pellicer, Rafa de Miguel, Ana Carbajosa y Juan Navarro.

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