Castilla y León cierra la hostelería y los centros comerciales desde el viernes
Mañueco pide que el Gobierno asuma “las medidas de excepción” que la pandemia requiere, entre ellas el confinamiento domiciliario si fuera preciso. Ceuta solicitará la medida mañana
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Castilla y León da un paso más para intentar detener el avance de la pandemia. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este martes el cierre de la hostelería y de los centros comerciales. “Los datos son alarmantes y Castilla y León se encuentra en riesgo máximo, es preciso un llamamiento a la responsabilidad social”, ha defendido. Las medidas van en la línea de las anunciadas un día antes por Asturias, que además pidió al Ejecutivo decretar el confinamiento domiciliario en el Principado, algo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado con el argumento de esperar a comprobar la efectividad de las medidas actuales. Mañueco no lo ha solicitado en su declaración institucional, realizada por videoconferencia, aunque posteriormente se ha distribuido el documento completo firmado por el presidente y su gabinete, en el que pide al Gobierno que “asuma las medidas de excepción que la excepcional situación requiere”, entre las que se cita “el confinamiento, si fuera preciso”. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha anunciado que este miércoles solicitará a Sanidad el confinamiento domiciliario de la ciudad autónoma, así como el cierre de la actividad económica y social no esencial.
Las medidas entrarán en vigor en la madrugada de este viernes y durarán dos semanas. Mañueco ha explicado que se mantienen abiertos los locales de restauración que preparen comida para recoger o enviar a domicilio, así como el comercio minorista. Cierran los centros y parques comerciales, excepto los establecimientos que vendan bienes y servicios de primera necesidad, y los individuales de menos de 2.500 metros cuadrados, siempre que tenga acceso directo desde la calle. Se prohíben las actividades deportivas en espacios cerrados salvo para entrenamientos de deportistas profesionales o competiciones oficiales, que en todo caso serán sin público. También se suspenden las visitas a residencias y a centros de protección de menores, aunque con excepciones que no ha detallado. La comunidad mantiene el toque de queda desde las 22.00 a las 6.00 y un máximo de seis personas en reuniones sociales.
“Son medidas duras”, ha reconocido en una declaración institucional sin preguntas de los periodistas, pero ha insistido en el esfuerzo común para conseguirlo. La decisión llega tras una reunión con el comité de expertos que trabaja para evaluar cómo actuar según cada momento de esta crisis sanitaria. Mañueco se reunió hace dos semanas con Illa para analizar la situación del territorio y posibles nuevas intervenciones.
Las restricciones en Asturias, que entrarán en vigor este miércoles, se han impuesto tras registrar una tasa de incidencia acumulada de más de 400 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en dos semanas. Castilla y León duplica estos números, con 828, y desde octubre ha alcanzado muchos días cotas inauditas, por encima de los 1.500 positivos diarios. Los diagnósticos han subido un 34% en los últimos 15 días, siete puntos por encima del dato nacional. Las hospitalizaciones e ingresos en UCI se han incrementado, no obstante, a menor ritmo que la media. Pese a ello, el 23,17% de las hospitalizaciones se deben a la covid-19, que a su vez causa el 37,5% de los pacientes en las UCI de Castilla y León. El índice español está en 15,51% y 27,97%, respectivamente. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha subrayado que de mantenerse la escalada de afectados por el virus, el sistema sanitario corre un riesgo elevado de saturación y agotamiento.
Casado ha reiterado, al igual que en las últimas fechas, su petición de que el Gobierno les autorice a ordenar “confinamientos programados” para reducir los contagios: “Si no circulamos, el virus se para. Pero eso es lo que no queremos. Tenemos que conseguir ser conscientes de lo importante que es ese confinamiento inteligente”. Para ello necesitarían “herramientas legales” que las comunidades no poseen. La consejera vaticina un noviembre “terrible” y reclama que ese instrumento jurídico les permitiría intervenir si las medidas actuales no bastan. El vicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos), criticó este lunes que el Ejecutivo haya rechazado esta intervención y avisó en declaraciones al diario Abc de que de seguir así el avance de la pandemia, se acabaría dando “de bruces” con la realidad.
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