Sánchez y Ayuso se citan cuando Madrid ya vive un “momento crítico”

Con los contagios disparados, las muertes al alza y las unidades de cuidados intensivos volviendo a llenarse, la Comunidad de Madrid solicitó este jueves al Gobierno “que se implique de manera contundente” para frenar el avance de la pandemia en la región, a lo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respondió proponiendo una reunión con Isabel Díaz Ayuso. La amenaza de que el virus desborde la capacidad de gestión del Ejecutivo madrileño, consumiendo sus recursos, superando sus competencias e irradiándose por toda España como motor de una segunda ola, desbloqueó una cita bilateral pendiente desde que la líder del PP accedió al poder, en agosto de 2019. Tras meses de reproches cruzados, la reunión de Sánchez y Díaz Ayuso subraya tanto que Madrid vuelve a ser el epicentro de la pandemia como que la gestión de su Ejecutivo puede formar parte del problema. Nadie en el Gobierno regional aclaró este jueves si lo que solicita es activar el estado de alarma en su territorio.

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“La situación de la epidemia está empeorando”, lamentó en la mañana de este jueves Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta anunciará este viernes nuevas medidas de restricción a la movilidad y a la actividad en las zonas más afectadas por el virus. “Es urgente que el Gobierno de España se implique de forma contundente en el control de la epidemia en Madrid”, siguió. “Es imposible acabar con una epidemia de estas características solo desde el Gobierno regional”.

Un día después de sembrar el caos al anunciar que habría confinamientos selectivos en Madrid —para luego negarlo— la petición de ayuda al Ejecutivo central provocó la reacción de Pedro Sánchez, que subrayó en una carta dirigida a Díaz Ayuso la necesidad de “superar cuanto antes los momentos críticos que atraviesa la región”. “A la vista de la evolución de la pandemia considero capital reforzar los mecanismos de cogobernanza para complementar los esfuerzos y medios que ya viene desplegando tu Gobierno”, le escribió Sánchez a Ayuso, a la que propuso verse en la sede del Gobierno madrileño.

“Madrid ha estado demasiado tiempo sola”, contestó la líder del PP. “Celebro que el presidente acceda por fin a reunirse conmigo”. Al tiempo, la solicitud de Madrid puso negro sobre blanco las dificultades que están encontrando las comunidades para dar con herramientas legales adaptadas al combate de la pandemia. “Sabemos lo que tenemos que hacer porque ya lo hemos hecho”, dijo una fuente de la confianza de Díaz Ayuso sobre la movilización de recursos económicos, materiales y humanos necesaria para frenar al virus. “Tenemos un problema sanitario, y luego, otro jurídico o competencial, de argumentos para confinar o prohibir actividades”, añadió. “Las órdenes tienen que ser más claras”.

Los servicios jurídicos de la Comunidad llevan varios días estudiando qué herramientas tiene a su alcance la Administración para frenar el avance de una enfermedad que amenaza con desbordarse en los distritos del sur de la capital y en ciudades como Parla, Fuenlabrada y Alcobendas.

Dudas legales

“Y no está claro”, opinó José Luis Villar, profesor de Derecho Administrativo en la Complutense. “El estado de alarma permite limitar los derechos fundamentales, en ningún caso suspenderlos, porque para eso hace falta el estado de excepción”, explicó. “Las comunidades los pueden solicitar para todo o parte de su territorio, y que el presidente nacional delegue la autoridad en el autonómico”, abundó. “Si no se emplea eso, se necesita una autorización de un juez”, siguió. “Cabe la duda de cómo restringir el derecho a la libre circulación dentro de un perímetro, algo que podrían fundamentar en que no suprimen ese derecho, sino que lo limitan. Por eso no creo que usen la expresión confinamiento”.

Desde que Sánchez recordó a las comunidades que podían solicitar la declaración del estado de alarma, solo Melilla ha coqueteado con ello, y ninguna ha dado el paso. De hecho, el PP y distintos Gobiernos autonómicos llevan semanas reclamando una reforma legal que amplíe el margen de acción de los Ejecutivos regionales en la batalla con el virus. Madrid, además, carece de policía autonómica, con lo que fiscalizar cualquier limitación a la movilidad dependería de las fuerzas municipales y de las dependientes de la Delegación del Gobierno. “Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid”, resumió este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Este es el punto clave”.

Madrid no es solo el epicentro de la pandemia. Es el corazón de la red de carreteras y ferroviaria de España. La sede del aeropuerto internacional más importante del país. Y recibe a cientos de miles de habitantes de regiones limítrofes (Castilla-La Mancha y Castilla y León) cada día para trabajar. En consecuencia, la evolución de la enfermedad en sus fronteras es una cuestión nacional. Como un terremoto, el aumento de casos en Madrid reverbera en el resto del país, y llena ahora de preocupación al Gobierno de Sánchez.

El trasfondo de la petición de ayuda de Aguado, por tanto, fue de calado. En el día en el que la comunidad comunicó 1.301 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, 2.850 hospitalizados y 30 fallecidos en el día, el mensaje del portavoz gubernamental tuvo eco en dos esferas distintas.

A nivel interno, Aguado tomó la iniciativa frente a Díaz Ayuso, que es al mismo tiempo su socia y su rival electoral. A nivel externo, rompió con tres meses de estrategia conjunta: con sus palabras, el Gobierno madrileño pasó de lamentar que el estado de alarma no le permitiera gestionar la pandemia con autonomía, para solicitar ahora la implicación del Gobierno de Sánchez.

Aunque el resultado fue favorable a Díaz Ayuso, que logró una reunión largamente perseguida con Sánchez, el drástico cambio de guion no convenció ni siquiera a Rocío Monasterio, líder de Vox, único socio posible del Gobierno de coalición que formaron PP y Ciudadanos en agosto de 2019. “Yo lo que veo aquí es indecisión”, dijo la representante del partido de extrema derecha. “Su papel es gobernar, no derivar la responsabilidad a terceros”.

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