El consejero de Salud Pública de Melilla propone pedir el estado de alarma para controlar la expansión del coronavirus

El Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla pone sobre la mesa la posibilidad de pedir la declaración del estado de alarma. “La situación, al haberse complicado, exige medidas contundentes, proporcionales a la situación en la que nos encontramos”, ha dicho este viernes el responsable de Salud Pública, el socialista Mohamed Mohamed, en una rueda de prensa. Si la ciudad autónoma da el paso ―deberá solicitarlo el presidente de la ciudad autónoma― sería el primer territorio que solicita la declaración del estado de alarma.

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Actualmente, en la ciudad hay 362 personas con diagnóstico positivo de covid-19, de los que 25 se han confirmado en las últimas 24 horas. Según el informe del Ministerio de Sanidad de este viernes, la incidencia acumulada en las últimas dos semanas en Melilla es de 316 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional (233). Mohamed ha explicado que hay tres brotes que preocupan especialmente: el del centro penitenciario con ocho casos, el de la Jefatura Superior de Policía con 18 y de forma especial el del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con 57. Sanidad Pública ha identificado 15 brotes.

Mohamed asegura que Melilla necesita la restricción de la movilidad en el territorio y la limitación de las reuniones en el espacio público y privado. Esto requiere, en su opinión, “de forma indiscutible la activación del artículo 116.2 de la constitución. En otras palabras, Melilla tiene que solicitar, o en mi opinión y en opinión de la consejería competente en materia de salud pública, la declaración del estado de alarma”. Con esta orden, Mohamed no quiere confinar “de forma general” a la población, sino usarla “como paraguas legal” para que las autoridades de la ciudad autónoma puedan aplicar limitaciones a la vida social. El consejero propone que dicho estado de alarma no interrumpa las conexiones de la ciudad con la península.

El presidente y miembros del Ejecutivo de Melilla se reúnen este viernes por la tarde para estudiar si solicitarán o no el estado de alarma. Aunque no es seguro que la decisión definitiva se tome este viernes. Las decisiones en el Consejo de Gobierno de Melilla son complejas por el crisol político que lo compone: el presidente, Eduardo de Castro, es de Ciudadanos. El resto de miembros se reparten entre el PSOE y Coalición por Melilla.

La declaración del estado de alarma impide que la justicia tumbe las medidas adoptadas por las Administraciones que implican el menoscabo de derechos fundamentales. Así ha ocurrido en Melilla, donde la Justicia anuló hasta en dos ocasiones sendas órdenes para confinar el CETI, además de otras medidas propuestas por Salud Pública como la prohibición de fumar en la vía pública y de consumir cachimbas en terrazas y el cierre nocturno de las playas. Otras Administraciones han visto cómo la justicia también anulaba sus restricciones, pero la mayoría de autonomías han podido aplicarlas sin baches judiciales. Ese es el motivo por el que los presidentes de las comunidades autónomas rechazaron o no consideraron necesaria (de momento) la propuesta de Pedro Sánchez de estados de alarma territorializados.

Tras recibir respuesta negativa de la Justicia, el consejero de Salud Pública decidió revocar todas las órdenes publicadas con medidas restrictivas y echar marcha atrás hasta la llamada orden de “nueva normalidad” de junio. Al mismo tiempo, el Gobierno local recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) los tres autos en los que se dejaba sin ratificación las medidas extraordinarias ordenadas por el Ejecutivo a finales de agosto.

Melilla se enfrenta a su peor escenario epidemiológico desde el fin del estado de alarma sin haber conseguido sacar adelante ninguna de las nuevas medidas restrictivas propuestas en agosto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Tras el ofrecimiento de Sánchez, el presidente De Castro descartó, en principio, la opción de solicitar el estado de alarma en la ciudad de forma inmediata por considerarlo una medida “muy fuerte, muy limitativa de derechos y que no puede tomarse de forma arbitraria”. “Sería una medida in extremis”, comentó a EL PAÍS a finales de agosto, “es un arma que tenemos en la recámara”.

El 25 de agosto, con la segunda ola de casos al alza, el presidente del Gobierno animó a sus homólogos de las comunidades autónomas a solicitar la aplicación del estado de alarma en sus territorios, en todo o en parte, si lo consideran necesario. “La situación en nuestro país no es homogénea. Hay provincias que parecen haber logrado mayor eficacia en el control del virus y tienen un escenario más tranquilo. Otras están teniendo problemas para hacer frente a la situación”, dijo Sánchez. “Todas las comunidades tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o parte de su territorio”.

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