Canadá da la residencia permanente a solicitantes de asilo que lucharon contra la covid-19

Marvyn Kabre llegó a Canadá en agosto de 2018 desde su natal Costa de Marfil. Unos meses después, comenzó a trabajar en una residencia de ancianos ubicada en Montreal. Kabre, de 40 años de edad, es uno de los denominados “ángeles de la guarda”: solicitantes del asilo canadiense que se han batido en las primeras líneas contra la covid-19. “Soy asistente al paciente en el turno de noche. Hemos trabajado muy duro, arriesgando nuestras vidas, para evitar la propagación del coronavirus”, señala. Marco Mendicino, ministro federal de Inmigración Refugio y Ciudadanía, anunció el viernes la puesta en marcha de un programa especial para otorgarles la residencia permanente por su labor.

“Las circunstancias actuales requieren de medidas excepcionales para reconocer su servicio durante la pandemia”, declaró Mendicino. El ministro citó los distintos requisitos que deben cumplir. El programa solo está dirigido a quienes trabajaron al menos 120 horas entre el 13 de marzo y el 14 de agosto como enfermeros, auxiliares de enfermería o asistentes en centros sanitarios (clínicas, hospitales, residencias con servicio de asistencia personal o en cuidados a domicilio). Además, deben haber presentado su solicitud de refugio antes del 13 de marzo y obtenido posteriormente un permiso de trabajo. También tendrán que demostrar que cuentan con al menos seis meses de experiencia antes del 31 de agosto de 2021.

“Esperábamos la noticia desde hace tiempo. Es un gran alivio. Va a permitir que continuemos formándonos en el medio sanitario”, afirma Kabre. Unas 1.000 personas podrán obtener la residencia permanente a través de este programa; la mayoría de ellas viven en la provincia de Quebec. A principios de junio, Radio-Canadá difundió un primer borrador de esta iniciativa, pero el Gobierno federal y las autoridades quebequesas todavía estaban negociando entonces los requisitos finales. Pese a que Ottawa se encarga de las solicitudes de refugio, el Gobierno quebequés cuenta con competencias para la selección de sus inmigrantes económicos. De ahí la necesidad de alcanzar un acuerdo conjunto.

Tras el anuncio de Mendicino, el primer ministro quebequés, François Legault, declaró: “Estoy muy contento de ver que el Gobierno de Quebec y el Gobierno federal van a trabajar juntos para dar las gracias a estos solicitantes de refugio que asumieron riesgos trabajando en el sistema sanitario durante la pandemia”. Cabe señalar que el borrador difundido por Radio-Canadá contemplaba más profesiones de las que aparecen en el programa oficial.

Maureen Silcoff, presidenta de la Asociación Canadiense de Abogados para los Refugiados, subrayó que el programa se alinea con la tradición humanitaria del país. “Estos trabajadores han permitido mantenernos a salvo cuando ni siquiera ellos mismos sabían si podrían permanecer en Canadá”, comentó en un comunicado. Pese a que el anuncio del programa ha sido recibido con entusiasmo por distintos sectores, otros lamentan que haya ignorado a un número importante de solicitantes de refugio que han cumplido con otras tareas esenciales durante la pandemia. Amnistía Internacional Canadá mencionó en su cuenta de Twitter que es “una buena noticia, pero a medias”, por la decisión de no incluir a estas otras personas.

Wilmer Cayo dirige De pie para la dignidad, una asociación que trabaja en favor de minorías en situación de vulnerabilidad. “Las personas que tendrán acceso al programa han tenido un papel muy grande durante la pandemia. Sin embargo, el sistema sanitario es un ecosistema. Los pacientes deben comer y el trabajo en las cocinas es importante. No pueden vivir en un medio insalubre, por lo que la tarea del personal de limpieza cuenta mucho. También hay que pensar en los agentes de seguridad. Todos ellos fueron ignorados”, señala frente al edificio que alberga la oficina del primer ministro, Justin Trudeau, en Montreal (Trudeau es también diputado por la circunscripción de Papineau). La asociación que dirige Cayo ha instalado aquí una carpa para ejercer presión sobre este asunto.

“El trabajo de los solicitantes de refugio no solo ha tenido lugar en la sanidad. Han cumplido responsabilidades en otros servicios esenciales. Pensemos por ejemplo en los cultivos y en los supermercados”, añade Cayo. Según datos de De pie para la dignidad, hay más de 3.000 personas en esta situación. “Muchos son haitianos, pero también hay colombianos, senegaleses, argelinos, entre otros. La gran mayoría es gente racializada, que de por sí enfrenta condiciones difíciles”, añade. Marvyn Kabre, el inmigrante de Costa de Marfil que trabaja como asistente de atención al paciente en una residencia de ancianos, comenta por su parte: “Estoy muy agradecido con las autoridades gubernamentales por este programa. Hemos actuado de todo corazón a pesar de los riesgos. Realizamos tareas que muchos aquí no quieren hacer. Y no solo en la sanidad”.

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