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Los respiradores que nunca llegaron y el gel que no servía: los fiascos de las compras del Gobierno

Sanidad trata de recuperar el dinero adelantado para adquirir material sanitario que resultó defectuoso o que no se recibió

Un avión fletado por el Ejército del Aire español carga material sanitario en el aeropuerto de Shanghái, en marzo.
Un avión fletado por el Ejército del Aire español carga material sanitario en el aeropuerto de Shanghái, en marzo.EFE
Elena G. Sevillano

El 31 de marzo, en pleno pico de la pandemia, el Gobierno compró a una empresa llamada MJ Steps 10 dispositivos de ventilación mecánica destinados a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos, que esos días no dejaban de ingresar pacientes graves con coronavirus. Pagó por los respiradores 468.300 euros. Eran, según el contrato, “una prioridad” y se contrataban con esa empresa por vía de emergencia (a dedo) al confiar en que esta respondería con “premura”. Pero los respiradores nunca llegaron, y ahora el Ministerio de Sanidad trata de recuperar el dinero que adelantó a esta compañía con sede en Suiza y oficina en Sant Boi (Barcelona).

Según ha podido saber EL PAÍS, hay otros cuatro contratos de material sanitario en los que se ha iniciado un procedimiento de rescisión ante los incumplimientos de los adjudicatarios. Uno de ellos es de gel hidroalcohólico. Se firmó el 26 de marzo con la empresa china Shandong Liangfu Pharmaceutical, a la que se pagó en dólares y por adelantado todo el importe: algo más de un millón de euros. Una primera entrega de envases de gel desinfectante llegó a enviarse por avión desde Shanghái, pero nunca salió de la aduana del aeropuerto de Barajas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios examinó el producto y determinó que no cumplía los requisitos. El gel no obtuvo permiso de importación.

Estos casos se suman al único conocido hasta ahora, el de los test rápidos de diagnóstico del coronavirus que compró Sanidad en marzo a un distribuidor español llamado Interpharma y que tuvo que devolver porque estaban defectuosos. El ministerio publicó en abril 61 contratos del material comprado en su mayor parte en China después de que la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, le recordara que debía hacerlos públicos, aunque los firmara por vía de emergencia y sin licitación formal. Sin embargo, ha mantenido en secreto lo ocurrido posteriormente con esos tratos comerciales. Sanidad no responde a las preguntas sobre el estado del material, ni siquiera cuando se hacen a través del Portal de Transparencia. Solo en un caso, y al recibir una pregunta específica sobre ese contrato, el ministerio ha reconocido por escrito que los respiradores de MJ Steps no se recibieron.

Fuentes conocedoras del estado de los envíos de material relatan que buena parte de lo comprado todavía no ha llegado a España. A finales de junio solo se había recibido un 20% de los millones de mascarillas, batas, gafas e hisopos adquiridos durante las últimas semanas de marzo y las primeras de abril a proveedores en muchos casos desconocidos con los que la sanidad pública española nunca había trabajado. En los primeros 61 contratos firmados con distintas empresas, el Gobierno gastó más de 1.000 millones de euros. Los acuerdos se firmaron en las peores semanas de la crisis, con el mercado internacional estresado por el exceso de demanda de todos los países, que competían por hacerse con la producción china. El Gobierno llegó a pagar hasta 28 veces más por el mismo tipo de mascarillas. La prioridad era conseguir material, al precio que fuese.

Ya entrado julio, el porcentaje de lo pagado y efectivamente recibido subió entre el 30% y el 35%, según estas fuentes. En todos los contratos se especifica que se necesita el material con urgencia, por lo que es probable que finalmente sean más de cinco los contratos que intente rescindir el Gobierno por la demora. El ministerio está tratando de determinar si, ante alguna incidencia, puede anular el contrato alegando el incumplimiento del adjudicatario o si se trata de supuestos de fuerza mayor y debe conformarse con que la empresa en cuestión le envíe un producto de sustitución o los que compró originalmente, aunque sea meses más tarde.

El Gobierno no contaba con que los brotes, que en algunos territorios han derivado en transmisión comunitaria (sin que se sepa de dónde proceden los contagios), llegaran en pleno verano. La compra centralizada que lanzó Sanidad en julio (y posteriormente retiró para licitarla de nuevo esta semana) preveía recibir el material a finales de septiembre y completar con él la reserva estratégica prometida por el presidente, Pedro Sánchez. Mientras tanto, la llegada progresiva de lo comprado en grandes cantidades en marzo y abril debería ser suficiente. Sin las prisas de los primeros meses, mucho material está llegando ahora en tren y no en avión, lo que ha abaratado el capítulo del transporte. En las semanas más complicadas Sanidad llegó a pagar un millón de euros por cada vuelo de carga.

Con el nuevo acuerdo centralizado, por valor de más de 2.500 millones de euros, el Gobierno y las comunidades adquirirán 4.200 millones de unidades de batas, guantes, gafas de protección, mascarillas y kits de extracción a un precio máximo. El pliego inicial tenía unos criterios de solvencia tan estrictos que recibió críticas de empresarios de productos sanitarios denunciando que dejaban fuera a las pymes españolas y que prácticamente solo podían presentarse multinacionales. El Gobierno quería evitar adjudicatarios desconocidos y sin experiencia. Tras rebajar los criterios esta semana, Cataluña y el País Vasco se unieron a la compra. Solo queda fuera Valencia, que sigue considerando que las exigencias todavía impiden a las pymes presentarse a la licitación.

Respiradores al doble de su precio

Los 10 respiradores comprados y nunca recibidos eran del modelo SH300, un producto que pocas semanas después, el 7 de mayo, vendía directamente su fabricante chino por 18.000 dólares (15.000 euros) la unidad, como comprobó EL PAÍS tras solicitar un presupuesto (quote, en inglés), es decir, a menos de la mitad del precio pagado por el Gobierno. El responsable de MJ Steps, Michael Gelpke, asegura en conversación telefónica desde Suiza que la decisión de no enviar los respiradores a España la tomó su empresa al comprobar que la batería del aparato no cumplía los requisitos necesarios. “Eran ventiladores que quizá no funcionaban. Cancelamos la compra”, explica.

Gelpke asegura estar muy dolido con el trato que ha recibido del Gobierno español y señala que sus abogados están solicitando una disculpa formal del Ejecutivo. Se refiere al revuelo que se formó hace unas semanas, cuando Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado las compras que había hecho en China y dejó en blanco el apartado con la dirección de varias empresas adjudicatarias. Se leía “dirección desconocida”. Algunos medios titularon que Salvador Illa adjudicaba contratos en el BOE a “empresas que no tienen ni dirección”. Fue un error administrativo, como explicó Sanidad, que se solventó días después también en el BOE. Pero el daño reputacional, dice Gelpke —que afirma trabajar solo con proveedores de la lista oficial del Gobierno chino—, estaba hecho y ahora mantiene un tira y afloja con el Ejecutivo a cuenta de ello.

El pedido a MJ Steps no fue el único de respiradores de este modelo. Una empresa española con sede en Granada y que se dedica aparentemente a vender suplementos nutricionales también contrató con el Gobierno la compra de 200 respiradores de este tipo. Según una respuesta oficial recibida a través del Portal de Transparencia, estos sí se han entregado en su totalidad. Sanidad no respondió a la pregunta de si funcionan correctamente. La empresa, TEC Pharma Europe, no contesta los correos electrónicos ni al teléfono y tampoco se la ha podido localizar a través de la Cámara de Comercio de Granada, de la que asegura ser miembro.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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