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Cataluña y País Vasco se suman por primera vez a una compra centralizada para crear la reserva de material contra el coronavirus

Solo Valencia, que quiere incluir a las pymes de su comunidad, se queda fuera del acuerdo marco, de 2.500 millones de euros. Sanidad ha rebajado los requisitos que impedían presentarse a muchas empresas españolas

Elena G. Sevillano
Llegada de un avión con material para la Comunitat Valenciana en abril pasado.
Llegada de un avión con material para la Comunitat Valenciana en abril pasado.Juan Carlos Cárdenas (EFE)

El Ministerio de Sanidad ha sacado a licitación un nuevo acuerdo marco para comprar material sanitario por valor de más de 2.500 millones de euros. Se trata de una compra centralizada que permitirá a las comunidades adheridas y a varios ministerios adquirir productos de la misma calidad y al mismo precio máximo para aprovisionar la reserva estratégica contra el coronavirus. Por primera vez Cataluña y el País Vasco se han sumado al sistema de compras centralizadas del Gobierno, que hasta ahora se había usado puntualmente para adquirir vacunas, fármacos y productos sanitarios. La única comunidad que no participa es Valencia. La Generalitat considera que los requisitos impiden que las pymes valencianas puedan presentarse y va a licitar su propio acuerdo marco.

El acuerdo, publicado el miércoles en la Plataforma de Contratación, sustituye al que se empezó a licitar hace dos semanas y que fue retirado poco después. Según el Ministerio de Sanidad, se decidió no adjudicarlo porque cuatro comunidades (Cataluña, País Vasco, Murcia y Galicia) que inicialmente no habían mostrado interés pidieron sumarse. Sin embargo, en la decisión también pesaron las críticas de los empresarios de productos sanitarios y de equipos de protección individual (EPI), que denunciaban que los criterios para poder presentar ofertas eran tan restrictivos que dejaban fuera a las pymes españolas. Con los criterios de solvencia exigidos no podían presentarse empresas que lleven poco tiempo funcionando ni las que no puedan demostrar grandes volúmenes de venta.

Los nuevos pliegos rebajan los criterios de solvencia, de forma que más compañías estarán en disposición de presentarse a la licitación, explican fuentes de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (Asepal). Además de esta modificación, el nuevo acuerdo marco incrementa el presupuesto al contar ahora con cuatro comunidades más. Lo hace en poco más de 100 millones de euros con respecto a la licitación publicada hace dos semanas.

Los organismos que participarán en la compra conjunta son el Ministerio de Sanidad, el de Defensa y el de Interior, además de las 12 comunidades iniciales (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra) y las cuatro que se incorporan ahora.

En un plazo de dos años, se adquirirán un total de 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares (PCR) y kits de extracción. La nueva licitación incluye los mismos productos que la anterior. La cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes, asegura el Ministerio de Sanidad.

El importe económico total es de 2.578.739.505 euros, con una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año. Los precios unitarios establecidos son precios máximos. Las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación. Sanidad asegura que al tratarse de un procedimiento agregado para todo el Estado se calcula un ahorro de más de 300 millones de euros.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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