Perú da un ultimátum a las clínicas privadas para que rebajen las tarifas y atiendan a pacientes de la covid-19
El presidente Vizcarra busca que los contagiados que no encuentran un lugar en los hospitales públicos puedan tratarse en el sistema privado
Pasados 101 días de emergencia sanitaria en Perú, y con los hospitales colapsados desde abril, ha crecido el número de quejas de ciudadanos que no pueden pagar las altísimas tarifas de clínicas privadas a las que acudieron para ser atendidos de la covid-19 por falta de camas en el sistema público. Desde el inicio de la pandemia, la Asociación de Clínicas Particulares no ha aceptado los precios propuestos por el Ministerio de Salud para reembolsar a las privadas en esos casos. Este miércoles, el presidente Martín Vizcarra ha dado un ultimátum de dos días a las clínicas para que acepten precios razonables, que el Estado fija en 461 dólares por el tratamiento. “No podemos esperar indefinidamente. De no ser el caso, pensando en la salud y en la vida, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”, ha dicho el mandatario. La norma alude a la posibilidad asumir la gestión “por causa de seguridad nacional o de necesidad pública”.
“Si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos? Se ha hecho la oferta y la contraoferta y estamos en este plan ya demasiado tiempo, estamos ya llegando al límite”, dijo Vizcarra durante un balance por los 100 días de la emergencia nacional por la covid-19. Perú ha informado, hasta este miércoles, de más de 264.000 infectados y más de 8.500 fallecidos. Y es el segundo país en Sudamérica con más casos de coronavirus después de Brasil y, por el número de defunciones de mayo, registró el más alto exceso de muertes en el mundo respecto al mismo mes del año pasado.
El jefe de Estado peruano ha señalado que pese al esfuerzo de incrementar las camas en los hospitales, si un ciudadano afectado por la covid-19 va a un establecimiento de salud público “que está al tope, completo, tendría que ir al sistema privado y ese costo asumirlo el Gobierno”. “Pero nos enteramos de que a las personas que por no haber tenido posibilidad de acceder al sistema público se fueron a las clínicas les han cobrado tarifas extremamente altas”, ha agregado. “Hemos pedido establecer una tarifa adecuada, la que corresponda. La propuesta es razonable, pero no satisface a las clínicas privadas”, ha apuntado el presidente.
Vizcarra asegura que “la propiedad no se toca” y ha precisado que hay mecanismos legales para usar esos servicios en bien de la ciudadanía. “No es para quedarnos con la propiedad privada de manera permanente, sino para dar el servicio con el precio justo en el plazo que dure la pandemia”, ha expresado. El pasado fin de semana, el debate sobre las clínicas centró la conversación en las redes sociales. El portavoz de la Asociación de Clínicas Particulares, Carlos Joo, se quejó el martes de una deuda que el Estado tiene desde 2017 con sus representadas y rechazó la oferta del Ejecutivo. “Antes de la epidemia nos debía 11 millones de dólares por casos de emergencia. Si brindo servicios que finalmente no cobro, ¿cómo pago mi planilla y a mis proveedores?”, dijo Joo al diario Perú21.
”Usted ve cómo están los hospitales: no hay camas, no hay medicinas, no hay reactivos, no hay nada. ¿Si no pueden manejar sus hospitales, por qué tendrían que manejar bien las clínicas? Es una cuestión de sentido común. El estatismo y el intervencionismo no tienen razón de ser”, afirmó Joo. El gremio de privados propone un costo de 1.310 dólares por día de atención de un paciente de la covid-19 en una clínica privada, mientras que el Estado ofrece pagar 461 dólares. Las quejas de los altos costos de los privados no son solo en las garantías de admisión y de uso de oxígeno, sino también en medicamentos. Una paciente reportó el martes que la clínica San Pablo factura 2.600 dólares por Tocilizumab para un enfermo del coronavirus. El fármaco, sin embargo, es vendido en las boticas de la capital en 500 dólares. Un médico de una de las principales clínicas privadas de Lima refiere a EL PAÍS que la mayoría del personal del sector privado de salud tiene contratos por terceros, “sin seguros de riesgo ni otros beneficios”. Explica que trabajan en las clínicas “mientras encuentran plazas mejor pagadas en el sistema público de salud: usan sus trabajos y beneficios en entidades estatales como seguro ante contingencias, subvencionando a los establecimientos privados donde trabajan”.
Los altos precios de las clínicas se han dado, además, en un contexto de grave afectación de la economía peruana, con más de 2,3 millones de personas que han perdido el empleo en Lima, entre marzo y mayo, por causa de la pandemia, la cuarentena y el toque de queda. Los ciudadanos también denuncian que las empresas de electricidad les cobran montos exorbitantes al no haber verificado el consumo en los medidores. El Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú opinó el martes que en 100 días de emergencia “el sistema de protección al consumidor -reguladores, agencias de competencia y supervisoras- no ha podido responder frente al debilitamiento de nuestros derechos”. El fin del período de “inamovilidad social” en Perú está previsto para el 30 de junio.
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