“Muchas mujeres nunca habían estado presas, no han tenido un juicio y ahora pueden morir aquí”

Lorena Martínez tenía 36 años y murió el 29 de abril en la cárcel La Mesa de Tijuana con un diagnóstico asociado a la covid-19. Es el expediente 357 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California y sus compañeras la llamaban Happy. Tenía un hijo, unos padres al otro lado de la frontera, diabetes, hipertensión arterial y llevaba varios días con dificultad para respirar. Entre las versiones encontradas de los hospitales y el sistema penitenciario, Lorena murió esperando recibir atención médica.

Ella es uno de los cuatro únicos casos de coronavirus registrados en mujeres privadas de la libertad en México, según la organización Asilegal, que se encarga de cruzar los datos disponibles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Existe un subregistro mayúsculo de información sobre mujeres. Nadie tiene cobertura para poder saber qué está ocurriendo realmente en los centros penitenciarios”, explica Miguel Hernández, coordinador de Comunicación de la organización.

Todo lo que se sabía antes de las prisiones latinoamericanas se ve peor ahora: lugares donde es imposible mantener la distancia social, el agua está restringida, la higiene es complicadísima y la falta de atención médica es habitual. “En una situación normal, en muchas de las cárceles hay hacinamiento y sobrepoblación, las personas no tienen el espacio suficiente para convivir de una manera digna”, comenta Verónica Garzón, abogada que lleva 14 años trabajando sobre la situación de las mujeres en prisión.

En un mensaje de WhatsApp enviado desde el centro de reclusión El Buen Pastor de Bogotá, Leidy —que ha elegido su nombre ficticio— escribe: “Vivimos de a seis en celdas de tres. Los alimentos los recibimos en el rancho, sacan al patio entero, a 400 personas, a por el alimento al mismo tiempo en una fila en la que obviamente no podemos estar a un metro de distancia. A la guardia les gusta arrimarnos de a dos y una encima de otra”.

Mientras salta un vídeo en YouTube donde la Alcaldía de Bogotá anima a la población a lavarse las manos cada tres horas porque “es vital para evitar la propagación de la covid-19”, en el reclusorio femenil de la ciudad, donde conviven más de 2.000 mujeres, los cortes de agua son constantes. A veces el suministro dura tan poco tiempo que las internas guardan el agua en botellas para poder bañarse después. “¿Cómo van a cumplir los protocolos de la OMS si ni siquiera hay agua? Si les han prohibido meter gel antibacterial porque contiene alcohol”, se pregunta Claudia Cardona, psicóloga de la Corporación Humanas, que trabaja con mujeres privadas de libertad.

Los comentarios sobre las condiciones de insalubridad de las cárceles se repiten de Santiago de Chile a Tijuana: roedores, palomas y chinches en las salas comunes, aguas fecales que se filtran en baños y colchones, un riesgo constante de hepatitis e infecciones vaginales. Cardona, que también estuvo en prisión y ahora es la coordinadora de Mujeres Libres en Colombia, resume: “De normal hay un deficiente sistema de salud en la prisión, imagínate ahora. Ellas tienen miedo, porque saben que dentro no se les puede atender”.

Los vecinos del penal de Santa Mónica, en Lima, grabaron el 10 de mayo los gritos de auxilio de cientos de mujeres. Solicitaban atención médica y medicina. Ocho de ellas fueron diagnosticadas como positivas, y algunas fueron llevadas al auditorio de la prisión para ser aisladas. El sistema penitenciario calificó la situación como una “protesta pacífica”.

Gabriela —nombre ficticio— se queja en sus tres notas de voz de que en el centro de reinserción de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, no reciben la atención médica correcta: “Y si pones algún reporte hacen oídos sordos. Consideran que vamos por la situación del estrés, en vez de por enfermedad”. En Santa Martha, la organización Asilegal ha registrado dos casos de mujeres contagiadas con covid-19. El penal no confirma la información y remite a la subsecretaría de Sistemas Penitenciarios, que no ha contestado a la consulta de este periódico.

La coordinadora de CEA-Justicia, Ángela Guerrero, autora del informe “Mujeres encarceladas y covid-19, recomendaciones para los sistemas penitenciarios de la región”, explica que en el contexto de la emergencia sanitaria se deberían priorizar la liberación por razones humanitarias de mujeres embarazadas, en período de lactancia, con hijos menores de edad o adultas mayores con enfermedades crónicas.

Al otro lado de la línea se oye el cacareo de las gallinas y una voz llana. María de Jesús Castillo habla de su hermana Mari Nieves, que tiene 57 años y artritis. Su condición ha empeorado en los tres años que lleva en la prisión federal de Morelos: “No le daban su medicamento y varias veces se ha quedado prácticamente incapacitada para moverse”. Entre esas mismas paredes, María Elena Gaona, de 26 años, dio a luz a una niña en mayo. Su hermanastro, Gustavo Campuzano, dice que es hermosa, pero no lo sabe: “Nos han dicho que un día podremos hacer videollamada, pero no sabemos cuándo”. “Mi hermana ya se alivió. Ella está bien, mi sobrina un poco malita”, cuenta, pero suena tranquilo.

La polémica de las excarcelaciones

La respuesta ante la recomendación internacional de descongestionar las cárceles ha sido variada en la región latinoamericana: en la provincia de Buenos Aires, la Justicia argentina dispuso desde principios de abril el arresto domiciliario para mujeres mayores de 65 años, embarazadas o con hijos menores, siempre que tuvieran delitos leves.

En Colombia, el Gobierno presentó el 14 de abril el decreto de excarcelación, el 546, para “grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad”. Sin embargo, Claudia Cardona, de la Corporación Humana, refiere que el decreto contempla más de 100 excepciones, una de ellas son los delitos relacionados por tráfico o porte de drogas, por el que están en prisión casi la mitad de las 8.395 mujeres privadas de libertad en el país.

En Santiago de Chile la situación que más le preocupa a Paola Ramírez, coordinadora de Mujer Libre en el país, es la cárcel de San Miguel, donde están las mujeres imputadas, que todavía no han tenido un juicio ni han sido condenadas: “Allí hay presas políticas, que están por el levantamiento social que hubo en el país el 18 de octubre”.

Desde la torre dos de San Miguel contesta el teléfono Ada Soto y casi lo primero que cuenta al descolgar es que ella tiene que pagar por su delito de tráfico, pero que lo que ha ocurrido con sus padres es “ilógico”. Cuenta que fueron detenidos junto a ella porque la droga estaba guardada en una parcela donde todos convivían. “Mis padres no fueron arrestados por un delito propio. Era un delito mío y yo levanté la mano desde el principio. Pero han estado aquí 32 meses esperando a que comenzará el juicio, eso es una condena ya”.

Tras semanas de insistencia de sus abogados y de informes médicos, ambos fueron liberados el 7 de mayo por ser grupo riesgo para la covid-19: tienen 67 años, él padece diabetes y ella es hipertensa. Ninguno tenía antecedentes. “Fue un día de felicidad plena, porque ahora yo ya sé que mis hijos van a comer todos los días”, dice contenta. Y describe a Beatriz, Orlando, Isidora y Olga, que han estado estos casi tres años al cargo de una amiga de su madre.

Sobre las 500 imputadas de San Miguel, Ada cuenta que muchas de ellas nunca habían estado presas antes y que tienen miedo a la infección: “Pueden ser inocentes y morir en la cárcel siendo inocentes, sin un juicio”. Manda callar un segundo a sus compañeras de habitación, les dice que está ella ocupando el cargador y después termina segura: “Aquí en Chile no se condena el delito, se condena el nivel de pobreza”.

Las mujeres representan de media el 8,4% de la población penitenciaria en América Latina. El porcentaje varía según el país, pero la mayoría de ellas se encuentran en prisión preventiva o condenadas por delitos menores, según WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Muchas están por delitos relacionados con drogas de bajo nivel que tienen un alto riesgo de captura. “Ellas son el eslabón más bajo de la cadena, con su detención no atrapan al narcotraficante”, señala la coordinadora de Mujer Libre en Colombia.

Al ser una minoría, “las cárceles son lugares creados por hombres para hombres”, considera Verónica Garzón, abogada de Asilegal. En la mayoría de las prisiones no se tienen en cuenta necesidades específicas de las mujeres como la higiene menstrual, la atención ginecológica o los niños que están con sus madres en prisión hasta los tres años. Ahora, con la pandemia, también tienen unas necesidades diferenciadas: deberían extremar las medidas de higiene a la hora de dar de mamar a los bebés o de cambiar pañales, y habría que facilitar dar información apropiada a los niños sobre lo que está pasando, por ejemplo. Garzón concluye: “Las instituciones nunca se han volteado a verlas”.

Las visitas son el oxígeno para las internas

Como medida preventiva, en las dos prisiones de mujeres de Santiago de Chile se han habilitado espacios de aislamiento para las internas que llegan nuevas, que pasan 14 días en cuarentena, y para las que desarrollan síntomas dentro. Sin embargo, Garzón considera que en la mayoría de las cárceles de México no hay espacio disponible para estas medidas. Además en la mayoría de los penales no cuentan con mascarillas ni productos sanitizantes.

Así, la principal norma de protección para toda la región durante la crisis del coronavirus ha sido la suspensión o restricción de las visitas. Esta medida tiene un impacto muy diferente entre hombres y mujeres, explican las expertas consultadas, porque la madre es la figura de referencia para sus hijos y las visitas son el oxígeno para las internas.

“Las mujeres son cabeza de hogares, no solo madres, sino de toda la familia, cuidan de sus mamás, de familiares dependientes”, explica la psicóloga Claudia Cardona. “Cuando una mujer cae presa, la familia se desmorona. Cuando es el hombre quien está preso, la mujer le asiste y la casa sigue normal”, cuenta Ada Soto, interna en San Miguel. Por esa razón, en algunos penales se han habilitado ordenadores para utilizar Skype, en otros se está permitiendo el uso de celulares o se reparten tarjetas telefónicas. Sin embargo, en muchos centros la única opción siguen siendo las llamadas desde los teléfonos públicos de la prisión. Se trata de medidas limitadas para cárceles sobrepobladas con una mayoría de internas en situación de pobreza, explica Paola Ramírez, de Mujeres Libres Chile, que concluye: “La cárcel no es ningún lugar sanitizado ni preparado para sobrellevar una pandemia”.

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