Las excarcelaciones contra la pandemia impulsan una ola de malestar social en Argentina

En numerosos países se ha reducido rápidamente la población encarcelada, para evitar contagios masivos en las prisiones. También en Argentina. En este país, sin embargo, la concesión de arrestos domiciliarios y excarcelaciones ha provocado un formidable escándalo: en la noche del jueves sonaron cacerolas como protesta, las redes sociales llevan días hirviendo y una diputada opositora llegó a acusar al presidente, Alberto Fernández, de querer formar bandas de delincuentes al servicio del poder, como en Venezuela.

Varios errores de comunicación por parte del Gobierno, las características de las leyes que rigen los beneficios penitenciarios y la extrema sensibilidad social ante las cuestiones de seguridad explican la reacción de los medios de comunicación y de la opinión pública. Otro factor esencial es la voluntad de la oposición de acorralar a un presidente reforzado hasta ahora por sus medidas contra la pandemia.

A mediados de abril, en varias cárceles argentinas se iniciaron huelgas de hambre. Los presos reclamaban salir para no infectarse con el virus. El problema afectaba muy especialmente a la provincia de Buenos Aires, donde más de 52.000 personas se hacinaban en centros con capacidad para acoger a 24.000. En Devoto, una prisión federal emblemática de la ciudad de Buenos Aires, se organizó un motín violento que la opinión pública pudo seguir en directo gracias a la distribución de celulares entre los reclusos. El 22 de abril, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires ordenó a los jueces que dieran “de forma inmediata” arresto domiciliario a los presos que formaran parte de grupos de riesgo (por edad o patologías) y hubieran cometido delitos leves. La orden se basaba en un fallo emitido el 8 de abril.

Los jueces actuaban en cumplimiento de la ley, según la cual las condenas imponen privación de libertad pero no pueden someter al preso al riesgo de perder la salud o la vida. Los Gobiernos de la nación y la provincia estuvieron muy de acuerdo: querían evitar a toda costa que un contagio masivo en las cárceles desbordara el sistema hospitalario. Apoyándose en el fallo del Tribunal de Casación bonaerense, aseguraron que solo saldrían de prisión los reclusos que no entrañaran peligro. Insistieron en ello: solo delitos leves. Fue un grave error de comunicación.

Según la ley argentina, son los jueces quienes, de forma individual, deben decidir sobre la concesión de beneficios. Y la ley es también clara al señalar que no debe tenerse en cuenta la gravedad de los delitos, sino de forma exclusiva las condiciones (edad, salud, comportamiento en la cárcel) de cada preso. En los últimos días se han beneficiado del arresto domiciliario más de 1.700 reclusos. Entre ellos hay condenados por delitos de lesa humanidad (como el médico Carlos Capdevila, de 74 años, torturador durante la dictadura), por homicidio y por violación. Carlos Dalmasso, condenado en 2012 por violar a dos de sus hijos, está en su casa. Igual que un abuelo condenado por violar a su nieta, quien reside a 60 metros de distancia. También han salido numerosos homicidas múltiples.

Furia opositora

La oposición lanzó feroces acusaciones contra el Gobierno. Felicitas Beccar Varela, senadora macrista en Buenos Aires, fue tan lejos como para acusar a Alberto Fernández de formar bandas de delincuentes a su servicio, al estilo venezolano: “Los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital”, proclamó. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, calificó de “indignante” que salieran presos a la calle “mientras la gente está encerrada por la cuarentena”. Algunas reacciones populares fueron también muy crispadas. Un hombre cuyo hijo fue violado dijo que si el culpable era enviado a cumplir condena en su domicilio sería necesario “salir a cazar gente”, evocando los escuadrones de la muerte de la dictadura.

El presidente, Alberto Fernández, tuvo que defenderse a través de su cuenta en Twitter. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto, digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, escribió. “Organismos como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos. En el mundo, muchos Gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo”. En cierta forma, Fernández se lavó las manos: “En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales”.

“Según la ley argentina, el peor delincuente tiene los mismos derechos que el mejor ciudadano, salvo el derecho a votar o ser candidato. Y en materia de arresto domiciliario no hay distinción de delitos. Los jueces no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley”, explica el penalista Gustavo Feldman.

El fiscal federal, Fernando Domínguez, señala que esta crisis ha destapado las “condiciones infrazoológicas” en las prisiones, especialmente desde que en 2017 el Gobierno conservador de Mauricio Macri reformara la ley para imponer cárcel de forma obligatoria por delitos de poca entidad. “Desde la oposición se buscan discursos efectistas y los otros tratan de evadir responsabilidades, y el debate termina siendo ficticio y superficial”, afirma Domínguez. “Se trata de un problema profundo que no se resuelve en cinco minutos, porque el sistema penal está en crisis desde hace mucho tiempo, en una sociedad con graves problemas de fragmentación social y marginalidad”.

El abogado Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, impulsó la campaña para que se concedieran arrestos domiciliarios. “El Gobierno sufre ahora una embestida mediática porque las clases media y alta son muy sensibles a la cuestión de la seguridad”, dice García, “pero las cifras indican que Argentina está en 5,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más bajos de la región”. Subraya que en España, cuya población penitenciaria (unos 50.000 presos) es muy similar a la de la provincia de Buenos Aires, unos 2.200 reclusos han recibido beneficios por el coronavirus. “Aquí no son tantos [se estiman en menos de mil, aunque no hay listas oficiales], pero los medios hegemónicos insisten en la política de mano dura”.

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