Argentina concede la prisión domiciliaria a un médico del mayor centro clandestino de la dictadura

Carlos Capdevila, de 74 años, fue uno de los médicos más citados ante los tribunales por los sobrevivientes del mayor centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura (1976-1983), la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Encarcelado desde hace 16 ños, cumple una triple condena por crímenes de lesa humanidad, entre ellos, apropiación indebida de menores y aplicación de tormentos. Pero frente a la pandemia de la covid-19 es uno de los casi 1.300 presos considerados en riesgo y la Justicia le ha otorgado el beneficio del arresto domiciliario, lo que ha desatado una ola de críticas de organismos de derechos humanos.

El juez Daniel Obligado rechazó la libertad condicional solicitada por el represor por considerar que “no se encuentran dadas las condiciones para la reinserción social del condenado a través del instituto de la libertad condicional”. Sin embargo, decidió concederle la prisión domiciliaria amparado en que "no es posible soslayar que se trata de una persona de 74 años, con graves problemas de salud, y calificado por la División Sanidad del Servicio Penitenciario Federal como un paciente de riesgo frente a la covid-19”.

Según el informe del Cuerpo Médico Forense solicitado por el juez, Capdevila sufre hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices, entre otras complicaciones de salud. El juez evaluó también que Capdevila no está debidamente aislado en la Unidad 31 de Ezeiza, donde cumple su condena y comparte lugares comunes con otros presos.

Organizaciones como H.I.J.O.S. han repudiado el fallo y reclaman que todos los genocidas cumplan su condena en la cárcel común y queden excluidos de cualquier beneficio. “El informe psicológico dice que el condenado “no expresó ideas reparatorias ni actitud empática con las víctimas de sus delitos”. ¿Qué hacía Capdevila en la ESMA? Como médico, participó en el robo de bebés y se encargaba de ver cuánto más podían seguir torturando a las víctimas”, señaló la agrupación a través de las redes sociales.

En 2017, decenas de miles de argentinos salieron a la calle para exigir que se revocase la sentencia que reducía la pena de un represor y abría las puertas a numerosas excarcelaciones de otros partícipes del terrorismo de Estado. Dos años después, agrupaciones como H.I.J.O.S. ven en la pandemia una nueva amenaza a los logros conseguidos contra la impunidad desde que en 2003 se anularon las leyes de obediencia debida y punto final y se reanudaron los juicios.

El mismo beneficio que Capdevila recibieron en días previos otros represores, como el exmiembro de la inteligencia policial Lucio Nast, condenado a 22 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La semana pasada, los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal le concedieron el arresto domiciliario a este expolicía de 66 años condenado por los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios en el centro clandestino de la exjefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia de Santa Fe.

Por mayoría, el tribunal consideró que Nast debía ser considerado un detenido de alto riesgo ante el coronavirus por su edad y su complicado estado de salud. Sufre gastritis, hernia hiatal e inguinal, diverticulosis, dolor crónico abdominal, colelitiasis, trauma acústico, y secuela de herida de arma de fuego en tórax y pelvis”, según el historial médico citado por los magistrados. En su fallo, se ampararon en las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia y en ese marco, a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo”.

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