Desahuciados por la pandemia

Cuando Sonia explica dónde vivía hasta hace unos días utiliza la palabra habitación. Luego especifica. “Bueno, era una terraza acristalada”. Situada en Arganda del Rey, a 30 kilómetros de Madrid, pagaba por ella 140 euros al mes y la compartía con sus tres hijos, Carolina, de 17 años, Elizabet, de 13 y Manuel, de 9. Los cuatro convivían no solo apretados, también en silencio. “Las dos habitaciones del piso las ocupaban dos hombres que trabajaban de noche y dormían por el día. Así que teníamos que estar en silencio siempre”. Cuando llegó el confinamiento, Sonia, de 41 años, se quedó sin trabajo. Sin dinero, llamó a los servicios sociales. “Cuando vieron la situación en la que estábamos, nos sacaron y nos trajeron aquí”.

Aquí es uno de los dispositivos de emergencia que la Comunidad de Madrid ha habilitado para personas expulsadas de sus hogares debido a la crisis del coronavirus, y que gestiona Cruz Roja Madrid. “No estamos hablando de personas en situación de calle o sin techo. Lo que está ocurriendo por culpa de este confinamiento es que gente que pagaba sus alquileres diaria o semanalmente se han quedado sin trabajo y han sido expulsados por sus caseros”. Lo explica Laura Ballesteros, coordinadora del dispositivo de la calle Atocha de Madrid. Mientras sube las escaleras del lugar, protegida con una mascarilla, añade: “Tenemos también casos de gente que no había dejado de pagar, pero vivían en pisos compartidos, muy llenos de gente y el casero los echó porque no quería que pasasen ahí el confinamiento. Esta gente nunca se había visto en una situación así. Familias enteras se han quedado en la calle de forma repentina y por primera vez en su vida”.

El dispositivo de Atocha es, en realidad, un hostal obligado a cerrar durante el estado de alarma. Sonia y sus hijos viven ahora en la habitación 111, una estancia mucho más amplia que la terraza y con una cama para cada uno. Nos invitan a pasar y nos muestran la pequeña televisión, las sábanas blancas y una mesita donde Manuel deja algunos juguetes. “Ni yo ni mis hijos habíamos estado nunca en un hotel, así que intentamos estar contentos. Yo les digo, para animarlos, que es como si estuviéramos viviendo unas vacaciones”. Sonia intenta sonreír.

En el hostal convertido en centro de acogida viven 33 personas. Tienen sitio para 45, más dos habitaciones de aislamiento por si alguien se infecta. Nadie puede salir si no es por algo esencial. La recepción es ahora el sitio donde un trabajador de Cruz Roja controla las entradas y salidas, la habitación 105 es un despacho y la 106 se ha convertido en un almacén donde se puede ver papel higiénico, kits de higiene y alimentos suministrados por el Grupo VIPS. “Las familias llegan con sus maletas, inquietas. Han sido expulsadas de sus casas y la mayoría cree que las vamos a alojar en albergues o sitios para personas sin techo. Y eso asusta sobre todo a las madres con hijos. Una vez aquí, se tranquilizan”, explica Ballesteros.

“Jamás me imaginé estar así”

En la zona común y el comedor del hostal descansa sentado Manuel Gil, de 61 años. Hasta hace una semana vivía en la habitación de una pensión. “Llevaba un tiempo viviendo ahí. Soy jubilado, no tengo relación con mi familia así que prefería vivir en un hostal que alquilar un apartamento”, explica pausado. Pero la pensión cerró y cuando Manuel empezó a buscar un piso o una habitación para alquilar se dio cuenta de que no había nada. “Nadie está alquilando, no hubo manera. Nadie se fía, nadie admite nuevos inquilinos. Así que he acabado aquí. Y menos mal. Por un momento me vi en la calle o durmiendo en el aeropuerto. Si me ocurre eso duro cuatro días”.

Con un hilo de voz, cuenta: “Jamás me imaginé estar en esta situación. Ha sido todo muy rápido”. Manuel comparte habitación con otras cinco personas. “No es lo mejor del mundo, porque cada uno es de su padre y de su madre, pero por lo menos aquí estoy seguro… Fíjate que yo muchas veces pensaba qué haría o cómo estaría si viniese una guerra. Y mira, esto no es una guerra, pero estamos bloqueados. Yo me siento inmóvil. No puedo tomar decisiones. Es asfixiante”.

En Cáritas han dejado de rotar. Sus centros para personas sin hogar tienen un límite de estancia de 21 días, pero debido a la prevención sanitaria por el coronavirus no pueden desalojar espacio. Lo explica por teléfono Susana Hernández, responsable de Obras Sociales Diocesanas de Cáritas Madrid. “Entre las organizaciones y las instituciones públicas no está siendo suficiente. Según los datos que tenemos, solo en Madrid, unas 300 personas están ahora mismo a la espera de que les admitan en algún centro. Y entre esas personas hay mujeres”, explica. Y añade, como un giro macabro: “Y nos consta que, a algunos de ellos, en otras provincias, les ha llegado a multar la policía por no estar confinados”.

La crisis de la covid-19 ha cambiado el perfil de las personas sin hogar. Ha trascendido a la figura del sin techo que está instalada en el imaginario. “Con esta crisis nos encontramos muchas mujeres y familias”, dice la portavoz de Cáritas. “Por ejemplo, nos estamos encontrando gente a la que han dado de alta por coronavirus y a la que no les dejan volver a sus casas. Otros que, mientras estuvieron ingresados, no pudieron pagar y los echaron. O simplemente familias que se han quedado sin trabajo y las han expulsado”.

A todos ellos se suma gente que vivía en pensiones y hostales que han cerrado y que, como Manuel, se han quedado sin un sitio donde vivir. “Estamos al 100% de capacidad y esto se acentúa cada día”, advierte Hernández. “Igual que se ha activado una emergencia sanitaria también debe activarse una social. Y de la misma forma que se levantan hospitales de campaña también deben proporcionarse centros de acogida. La gente sin hogar ya no son lo que todos tenemos en la cabeza”, dice Susana.

El futuro no parece claro. La gente que organizaciones como Cáritas o Cruz Roja atiende no tienen medios para volver a su vida de antes. “Con la economía parada es imposible que puedan regresar a su anterior escenario”, explica la portavoz de Cáritas. “Si no se recupera la economía, esta gente no va a poder reincorporarse a la vida normal. Y ni nosotros ni nadie tiene la capacidad para acogerlos indefinidamente”.

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