El Gobierno lanza medidas para frenar los desahucios por alquiler

El Gobierno de coalición ha decidido lanzar medidas de impacto social para relanzar la imagen de unidad después de una semana de tensión entre los dos socios. La Moncloa ha comunicado que “el programa de Gobierno de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos se verá ampliado con un nuevo compromiso”, centrado en frenar los desahucios, en especial los de alquiler. “Al mismo tiempo que acordamos la prórroga a la moratoria de desahucios hipotecarios, este Gobierno ha decidido tomar medidas para poner freno a otra lacra social que sufre nuestro país: los desahucios por impago del alquiler. En el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos, tomaremos las medidas necesarias para evitar este tipo de desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario”, señala el Ejecutivo.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Ministerio de Fomento, que es sobre el que recaen las competencias en Vivienda) anunció recientemente una reforma legal para habilitar controles a los precios de alquiler. Esa reforma, que se recogía ya en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pasa por definir lo que es una zona de alquiler tensionado y habilitar a comunidades autónomas (que tienen transferidas la mayoría de competencias en Vivienda) o Ayuntamientos a poner límites a los precios en esas áreas. El departamento que dirige José Luis Ábalos no había desvelado hasta ahora mediante qué instrumentos se adoptaría la nueva normativa (podría hacerse con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con la nueva Ley de Vivienda que el Gobierno quiere llevar al Congreso este año o mediante decreto) pero tras el comunicado de La Moncloa todo apunta a que se abordará en la LAU, que es la norma que regula los contratos de alquiler y establece, en su redacción actual, que el precio es el que pactan libremente las partes. La reforma que anunció Ábalos estaba prevista para “antes de verano”, por lo que ese sería también el plazo para esta nueva medida se ponga en marcha.

A la vista de lo comunicado por el Gobierno este lunes, la definición de zonas tensionadas no servirá únicamente para limitar los precios de alquiler, sino que conllevaría la medida de impedir que determinados propietarios pueden desahuciar a inquilinos en esas áreas. El Ejecutivo ha especificado que se trata de “grandes tenedores de vivienda”, lo que obligará a precisar ese concepto, que actualmente varía de unas comunidades autónomas a otras (e incluso en algunas no existe tal definición). La definición si se prevé que exista en la futura ley de vivienda, prevista como pronto para finales de año, y según fuentes del Ejecutivo en la misma se definirá como grandes tenedores a los propietarios de 10 o más viviendas.

El Gobierno está buscando sobre todo medidas de impacto contra los fondos buitre que poseen miles de viviendas en España y que generan mucho escándalo, sobre todo, entre movimientos muy cercanos a Unidas Podemos como la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que provienen alguno de sus dirigentes. En un hilo en Twitter, el vicepresidente Pablo Iglesias ha contado que recientemente se reunió con miembros de esa plataforma. “El movimiento por el derecho a la vivienda fue muy crítico y presionó para que se pusieran sobre la mesa compromisos”, ha relatado Iglesias, quien ha especificado que la moratoria de desahucios hipotecarios y las nuevas medidas que se aplicarán sobre los de impago de alquiler son los “primeros hechos” y ha prometido “seguir trabajando”. También ha agradecido “la buena coordinación” a las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño y al ministro Ábalos.

La complejidad para definir la nueva medida ha hecho que esta se posponga a la reforma en la que se establecerán límites de precios a los alquileres. Lo que sí hará el Consejo de Ministros este martes es aprobar la moratoria de los desahucios por impago hipotecario de personas en riesgo de exclusión, una medida que se aprobó por primera vez en 2013 y ya se prorrogó en 2017. La nueva moratoria será de cuatro años, por lo que durará hasta 2024. Después de las tensiones entre Unidas Podemos y la vicepresidenta, Carmen Calvo, por la ley de igualdad sexual, ambas formaciones convocaron una reunión urgente de la comisión de coordinación y allí se acordó tratar de evitar que se repitieran situaciones como la de la última semana. En este sentido, y dada la evidente disputa entre Calvo y Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, es especialmente significativo que La Moncloa señale expresamente que “la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente Pablo Iglesias han trabajado mano a mano para que este nuevo punto se incorporase al acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos”.

Aunque Unidas Podemos insistía en que el problema central lo tenía con Calvo, el entorno de la vicepresidenta aseguraba que ella no iba a perder ninguna de sus atribuciones, que seguiría coordinando el Gobierno y que no había ningún conflicto con Iglesias, de hecho siguieron hablando con normalidad después de las tensiones por la ley de libertad sexual, decían fuentes de vicepresidencia. Ambos parecen haber sellado una tregua que implica este comunicado en el que se admite que la reforma ha sido trabajada conjuntamente por los dos vicepresidentes, lo que implica reconocer el papel de Calvo como coordinadora del Gobierno, algo básico en el acuerdo.

La cuestión del alquiler ha sido central en las discusiones entre el PSOE y Unidas Podemos en los últimos meses. La tensión entre las posiciones de Iglesias y las de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, son evidentes. Ahora parecen haber alcanzado un acuerdo pero habrá que conocer los detalles. “Asimismo, la vicepresidencia segunda ha trabajado con la vicepresidencia tercera para ampliar el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios y para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella”, añade el acuerdo.

Bajan los desahucios

El año pasado, los juzgados ordenaron en España 54.006 desahucios, según las estadísticas publicadas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial. La cifra es un 9,5% inferior a la de 2018. Pero en su interior sigue habiendo desequilibrios. El primero es que casi siete de cada diez fueron de inquilinos. En cifras absolutas, los lanzamientos de personas de alquiler fueron 36.467, frente a 14.193 por impago hipotecario (los que faltan hasta el total, se imputan a otros motivos).

Y además de ser menos, los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias también se están reduciendo más rápidamente. Con respecto a 2018, este tipo de lanzamientos descendieron un 25,1%. Mientras, los de inquilinos apenas lo hicieron un exiguo 2,2%. No obstante, es una bajada significativa ya que se sumaban dos años de incrementos.