El Samur Social de Madrid renuncia a hacerse cargo de las personas sin hogar positivas en coronavirus

Aleksandr desayuna molletes de pan sumergidos en vino tinto. Sentado sobre el bordillo de una oficina bancaria, observa con extrañeza a quien pasea, como si hablaran un dialecto extinguido, como si el rumor obedeciera a leyes nuevas y desconocidas. Hacía mucho tiempo que este croata de 58 años, a quien la calle ha tostado la piel, no se instalaba en un cajero: “Te echaban para que permitieras el paso”. La pandemia, que lo limita todo, también restaura viejas rutinas.

Las oficinas bancarias que están cerradas conceden un techo, de nuevo, a quien vive en la calle. Desde que comenzara esta crisis, el Samur Social -dependiente del Ayuntamiento de Madrid- no ha podido ayudar a más de 440 personas con y sin síntomas. Así consta en su registro de solicitudes. Algunos nunca se habían encontrado en desamparo, gente que ha tenido que empezar a vivir en la calle por las consecuencias de la emergencia sanitaria. Huyen de la violencia doméstica o llegan del desalojado Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche; otros de centros de menores y pisos tutelados. No había sitio para ellos en ningún recurso, pese a la adaptación hace tres semanas del pabellón 14 de Ifema y del centro deportivo Marqués de Samaranch, con 150 plazas cada uno.

Además, el servicio municipal de atención a emergencias sociales renuncia a hacerse cargo de las personas sin hogar infectadas por coronavirus. Una circular remitida el pasado sábado a los trabajadores, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, sugiere la saturación del Samur Social: “No podemos hacernos cargo de ninguna persona que sea positivo en Covid-19, ni en la calle ni en hospitales. No tenemos alojamiento de ningún tipo. Deberán permanecer en el hospital o se deben comunicar con 112 y desde allí les darán indicaciones”. Esta directriz sirve de recordatorio y empapela la sede central del servicio, una atalaya desde la que se vigila la desigualdad y donde recibir a quien demandada asistencia.

Un portavoz del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social —que dirige el concejal de Ciudadanos José Aniorte— subraya que el Samur Social no es un recurso sanitario: “Estamos trabajando para ampliar la oferta dirigida a personas de la calle con sintomatología. Alojar a una persona infectada en un albergue, rodeado de otros sanos, es más que desaconsejable. Mientras tanto, consideramos que estarían mejor en un hotel medicalizado”. Pero los hospitales solo los derivan a estos establecimientos si no tienen adicciones ni deterioro cognitivo.

Hubo plazas para enfermos en el centro de acogida Juan Luis Vives y en el Puerta Abierta, pero ahora están completas. A día de hoy hay 14 personas infectadas en la red, según ha revelado Darío Pérez, jefe del departamento. Los sintecho que presentan sintomatología débil acuden al hospital por sus propios medios. Puesto que muchos tienen un delicado estado de salud, suelen practicarles la prueba. Si el resultado fuera positivo, y tras comprobar que viven en la calle, los médicos prescriben cuarentena y contactan con el Samur Social, que debe atender la emergencia: “Nos desplazamos hasta allí solo para comunicar que no podemos recogerlos”, relata un auxiliar del servicio que prefiere no dar su nombre.

En la plantilla temen represalias. Están contratados por Grupo5, una firma especializada en la misión social. Ningún trabajador consultado quiere hacer pública su identidad, aunque el influjo de la ética profesional los anima a hablar: “Estamos desbordados. Nuestra labor estos días consiste en dar negativas. Me paso el día diciendo que no hay sitio en ningún lado”, cuenta uno de ellos. Los equipos de calle se han incorporado a la emergencia del coronavirus. Las unidades móviles que realizaban traslados ahora trabajan en la central, el primer filtro en caso de necesidad social. Y los turnos se alternar para evitar contagios entre el personal.

Nadie sabe exactamente cuánta gente dormirá a la intemperie esta noche: “Ni si quiera conocen ese dato las administraciones públicas”, asegura otro miembro del Samur. El Ayuntamiento alerta de un “efecto llamada” de personas sin hogar que proceden de otros municipios. Se apoya en que tres de cada cinco usuarios del albergue de Ifema está empadronado fuera de la ciudad. El último recuento nocturno de sintecho, dicen, es menor que las plazas habilitadas para la pandemia. Sin embargo, aquel censo excluye asentamientos como los de Chamartín, Vallecas o Villaverde. Zonas que se vacían por miedo al virus.

La mayoría de quienes estos días esquivan los recursos de pernocta son toxicómanos, alcohólicos o tienen problemas de salud mental: “En ocasiones el cóctel combina todos esos factores a la vez y puede explotar en cualquier momento”, agrega el trabajador. La calle es una endiablada espiral: “Algunos tenían esos problemas y acabaron sin hogar. Otros, sin embargo, contrajeron vicios precisamente por no tener un techo. A corto plazo las sustancias ayudan a aguantar el frío, los golpes, la soledad y el desprecio”.

La estancia en los centros está reglada. De no ser por esa disciplina, el caos devoraría los albergues. Con todo, los trabajadores sugieren que ese código debiera adaptarse al confinamiento: “Hay normas de convivencia y respeto, pero no todo el mundo está en condiciones de cumplirlas. Sobre todo, cuando hay adicciones de por medio. No puedes esperar que un alcohólico respete la cuarentena si sufre el síndrome de abstinencia. Necesitan beber”. Una botella de cerveza o un cartón de vino como los que mueven el universo de Aleksandr.

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