Un acuerdo para evitar el efecto llamada en las oposiciones docentes

Vaya por delante que en este momento la prioridad es atender a la crisis sanitaria y sus dramáticas consecuencias en el terreno humano, laboral y social.

Ahora que se abría un escenario de recuperación de la inversión educativa y de recuperación y consolidación del empleo docente, la crisis de la Covid-19 nos coloca en un escenario de incertidumbre y ante nuevos retos. El primero tiene que ver con la convocatoria de oposiciones. Hay dudas razonables de que se puedan llevar a cabo en las fechas previstas y por ello la mayoría de las comunidades han decidido posponer las pruebas al año 2021. Entendiendo la oportunidad de la decisión, cabría situar dos cautelas. Por un lado, estaba previsto convocar 27.000 plazas docentes, cifra que debe quedar blindada para el año que viene. Venimos de años de pérdida de empleo como consecuencia de los recortes sufridos durante la crisis, y los acuerdos para la estabilización del empleo docente han permitido recuperar las plantillas y reducir la temporalidad, estabilizando al profesorado interino. No debemos quebrar esta tendencia. Por otro lado, es exigible que las administraciones educativas adopten un acuerdo que asegure la coordinación entre comunidades, evitando así el “efecto llamada” que podría producirse si alguna convoca.

Conviene recordar que nuestro sistema educativo viene de duros recortes, que redujeron la inversión educativa en 9.000 millones de euros, destruyeron hasta 32.800 puestos de trabajo como consecuencia de las limitaciones en la tasa de reposición, aumentaron la temporalidad en el empleo docente hasta el 30% y acentuaron el envejecimiento de las plantillas. La OCDE establece como una plantilla equilibrada aquella en la que hay un docente menor de 30 años por cada dos mayores de 50, y en nuestro país la ratio es de un profesor menor de 30 por cada seis mayores de 50.

Hay un compromiso, expresado en el programa del Gobierno, para revertir esta situación, asegurando la recuperación de los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis a lo largo de la legislatura. Y es perentorio que se dé cumplimiento a este acuerdo, no solo para restaurar el daño a la calidad y a la equidad educativa que produjeron los recortes, sino porque la situación generada por la pandemia nos coloca ante nuevos retos. La actividad lectiva online ha sido asumida por profesorado, alumnado y familias con una sorprendente celeridad, pero pone de manifiesto la existencia de una brecha digital (en torno al 12% del alumnado no tiene acceso a recursos tecnológicos). Aparece la necesidad de garantizar la atención a la diversidad del alumnado en este nuevo escenario y, también, la mayor complejidad para garantizar la compensación de las desigualdades. Todo ello requiere de reflexión y actuaciones decididas. Preservemos la inversión educativa. Sin educación no hay futuro.

Francisco García es secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO.

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