El retraso de las oposiciones mantiene en vilo a 200.000 aspirantes a profesor

Encerrados en sus casas —muchos con niños—, la mayoría atendiendo a sus propios alumnos, viendo cómo sus calendarios de memorización de temas saltan por los aires y sin apenas poder salir a tomar el aire, más de 200.000 opositores observan cómo las comunidades autónomas empiezan a aplazar las pruebas previstas este verano para cubrir 27.000 plazas docentes, casi todas de Secundaria. Los sindicatos temen que el aplazamiento acabe convirtiéndose en cancelación cuando las administraciones se vean desbordadas por la factura económica de la epidemia del coronavirus. La mayoría de opositores, prefiere, sin embargo, retrasar los exámenes. “Es inhumano sentarse a estudiar en estas condiciones. ¿Y por qué tienen que ponernos en riesgo? Seríamos más de 300 profesores metidos en cada instituto haciendo exámenes que duran seis horas”, afirma Isabel Carmona, profesora interina en Madrid.

600 docentes han participado desde el sábado en el Foro de Educación en el que este periódico preguntó si los exámenes debían aplazarse, y el 80% ha respondido que sí. Casi todas las regiones son partidarias de retrasarlas a 2021, pero Euskadi, Cataluña, Galicia y Madrid se han manifestado a favor de mantenerlas. Estaba previsto que la ministra de Educación, Isabel Celaá, se reuniera este martes virtualmente con los consejeros en un último intento para buscar una posición común y evitar una fragmentación de las convocatorias que nadie desea. Pero finalmente no habrá reunión. Las autonomías, que son las competentes en la materia, se limitarán a enviar, como muy tarde hoy, su posición al ministerio. El Gobierno sí debe decidir si permite a las comunidades retrasar, además, las oposiciones previstas para 2021, la mayoría de las cuales son de maestros, al 2022, como han pedido varias —para que no coincidan ambas—, ya que dicho aplazamiento requiere modificar un real decreto.

Si este verano solo se celebran oposiciones en un puñado de comunidades, es previsible que reciban un alud de aspirantes de otros territorios. Un fenómeno que se ha venido evitando con el pacto no escrito de convocatoria conjunta. La sobrecarga puede ser mayúscula en Madrid, que no tienen la barrera lingüística de una lengua cooficial.

En medio de la emergencia sanitaria, los sindicatos de profesores no discuten los aplazamientos. En privado, en cambio, algunos dirigentes admiten estar muy preocupados por el impacto que la crisis económica desatada por el coronavirus va a tener en el margen de maniobra de las administraciones. “Nos adentramos en territorio desconocido. Y a las curvas que vienen siempre es mejor llegar con miles de plazas de funcionarios que sin ellas”, afirma uno de ellos. Las comunidades autónomas, cree este responsable sindical, están haciendo la lectura contraria del mismo cálculo, y ante un escenario eventualmente endiablado prefieren tener en sus filas a miles de interinos —de los que llegado el caso pueden desprenderse simplemente dejando de llamarles— que a funcionarios a los que no pueden despedir.

Riesgo para la salud

Una nueva ola de recortes, coinciden los sindicatos, sería un mazazo para un sistema educativo público que todavía está recuperándose de la anterior crisis económica y aún presenta heridas. Entre ellas, el envejecimiento de la plantilla, con seis profesores mayores de 50 años por cada uno menor de 30, y una tasa de interinidad superior al 20%. “No puede haber más recortes. Al contrario, la suspensión educativa presencial, que va a perjudicar sobre todo al alumnado menos favorecido y con competencias digitales y lingüísticas más débiles, va a exigir más recursos para compensarlo”, afirma el catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en formación del profesorado Miquel Martínez.

No hay una cifra oficial de opositores docentes, pero en la convocatoria del año pasado la ratio de candidatos por plaza fue casi de ocho, lo que permite estimar que rondan los 200.000. Lo que más preocupa a la mayoría es el riesgo sanitario y las situaciones de desigualdad a la hora de preparar los exámenes que está generando el coronavirus, dos de los argumentos esgrimidos por las comunidades que quieren aplazar las pruebas. “Lo primero es la seguridad, y luego el trabajo. No sabemos cómo estará la epidemia en verano y me preocupan los contagios que se pueden producir en un espacio reducido”, afirma Diana Viloria, aspirante a una plaza de Formación Profesional en Zaragoza. “La cuarentena, psicológicamente, nos está afectando. Y además muchos han enfermado, otros pueden hacerlo y no sería justo, no habría igualdad de condiciones”, añade Isabel Garrido, opositora en Madrid. “Lo más importante ahora”, remata Carmen Mancebo, profesora interina de Lengua en Polinyà del Xúquer (Valencia), “es centrarnos en nuestro trabajo y tener tiempo para atender a nuestros alumnos en este momento tan difícil”.

“¿Por qué la selectividad sí se celebra?”

Aunque el aplazamiento durante un año de las oposiciones es apoyada por la mayoría de los aspirantes que han participado en el debate abierto en la web de este periódico, otra corriente es partidaria de mantenerlas en verano o llevarlas, como tarde, a septiembre u octubre, si para entonces las condiciones sanitarias lo permiten. El hecho de que algunas comunidades ya hayan decidido dejar para el año que viene los exámenes, cuando la selectividad sí va a celebrarse, lleva a varios, como Lucía Velasco, opositora en Ceuta, a preguntarse si el argumento de la salud no se utiliza como “preludio de los recortes”.

“Llevo un año entero muy sacrificado, levantándome muy temprano, sacrificando tiempo libre, con la familia, deporte, para prepararme”, añade Roberto Hernández. El opositor entiende que se trata de un escenario de “fuerza mayor”, pero teme que el aplazamiento primero y la crisis económica después acaben frustrando la mayor oferta de plazas de Educación Física en Secundaria, 240, que se recuerda en Andalucía.

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