Los abortos registran un ligero repunte por segundo año consecutivo
En 2018 se practicaron 95.917 interrupciones voluntarias del embarazo en España, 1.794 (un 1,91%) más que en 2017
![C. J.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F373de4fe-9007-411a-acdb-4536c5947a78.png?auth=eab0c9722a62c0e6c35d57943d447b2b0279510d0a46b9d5f6298233be4957fa&width=100&height=100&smart=true)
![Un especialista realiza una ecografía en la clínica Dator de Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/VGR4GUBTYBVQRQNX2CDYLEH7XU.jpg?auth=0bc6a2cd720178ff200251700242cd915c0c8eafb5df22341ed30fe5950549f6&width=414)
En 2018 se practicaron 95.917 abortos en España, 1.794 (un 1,91%) más que en 2017. Esto supone una tasa de 11,12 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que ha publicado los datos este miércoles, el incremento supone, en términos estadísticos, "una tendencia a la estabilización".
Sanidad destaca que en 2010, año en el que entró en vigor la ley de plazos, en julio, se practicaron 113.031 interrupciones voluntarias del embarazo. Al año siguiente, se registró un repunte, con 118.611 abortos. Desde entonces, los datos reflejan descensos todos los años hasta 2016, cuando se alcanzó el mínimo de estos procedimientos, con 93.131. Sin embargo, los dos últimos años se han cerrado con ligeras subidas: el 1% en 2017, con 94.123, y el 1,91% de 2018.
Francisca García Gallego, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, vincula esta tendencia al repunte a "cambios demográficos y en los flujos migratorios". Se basa en que, según los datos desglosados por nacionalidad de las pacientes, en estos dos años, 2017 y 2018, se registraron descensos en los abortos practicados a gestantes españolas y de la Unión Europea, frente a subidas entre las africanas y de América Central y del Sur. Por este motivo, pide que las autoridades presten una especial atención al colectivo de mujeres inmigrantes.
García critica que ningún gobierno haya desarrollado hasta ahora la estrategia de salud sexual y reproductiva que contemplaba la ley, y que hubiera contribuido a un descenso mayor en las cifras de abortos. "Se ha desarrollado la parte que contempla el acceso a un aborto seguro, pero no la de prevención de los embarazos no deseados, que incluye, entre otras cosas, la educación sexual en todos los niveles educativos y el acceso universal a los anticonceptivos".
Precisamente este miércoles, Sanidad ha informado, de la formalización de un acuerdo con el Ministerio de Educación para coordinar "iniciativas transversales y efectivas" de educación afectivo-sexual en el entorno escolar, así como la inclusión en la cartera pública del anillo vaginal hormonal, como "un paso más en la reactivación de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que, hasta el año pasado, se encontraba inactiva".
Los datos de Sanidad muestran que en el último año, han aumentado los abortos practicados a petición de la mujer (un 90,44% del total, frente al 89,75% de 2017), una tendencia creciente desde 2014, mientras que han disminuido los practicados por riesgo para la salud o la vida de la madre (del 6,38% al 5,95%), por riesgo de graves anomalías en el feto (del 3,56% al 3,32%) o por anomalías fetales incompatibles con la vida (del 0,3% al 0,28%).
Por edad, las cifras muestran un estancamiento en las intervenciones realizadas a jóvenes menores de 20 años, uno de los grupos de riesgo de los embarazos no deseados. Así, en 2018 se registraron 9.828 abortos, 73 más que en 2017, lo que supone un 10,25% del total. La mayoría (el 65,37%) interrumpe la gestación antes de la octava semana. La tasa de abortos en esta franja de edad (8,96 por 1.000), según destaca Sanidad, muestra un descenso hasta 2016. En 2010, era bastante superior, del 12,71 por 1.000.
A partir de julio de 2010, cuando entró en vigor la ley de plazos, las mujeres pudieron interrumpir su embarazo sin dar justificaciones en las 14 primeras semanas de gestación. Se introdujo un modelo de plazos que ya funcionaba en prácticamente toda Europa. La norma anterior, de 1985, lo permitía solo en tres supuestos —violación, malformación fetal y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer—, que terminaron por interpretarse de forma muy amplia y con pocas garantías tanto para las mujeres como para los médicos.
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