La justicia obliga a una financiera a pagar el tratamiento de un afectado por el ‘caso iDental’
La sentencia abre una puerta para miles de pacientes que se quedaron tirados tras el cierre de la red de clínicas
La justicia empieza a infligir los primeros varapalos a las entidades de crédito salpicadas por el caso iDental, la supuesta macroestafa urdida por los dueños de esta red de clínicas odontológicas, que cerró sus puertas en 2018 sin previo aviso y dejó sin tratamiento a miles de pacientes. Un juzgado de Valladolid acaba de condenar a pagar 5.000 euros a una de estas financieras, EVO, para que el paciente afectado pueda completar el tratamiento defectuoso que recibió. Esta resolución se conoce apenas dos semanas después de que el magistrado José de la Mata, que instruye la investigación en la Audiencia Nacional, se reuniese con el Ministerio de Sanidad para intensificar las medidas contra los acreedores que acosan a los afectados para que abonen sus deudas.
"Estamos muy satisfechos con la sentencia porque se ha admitido uno de nuestros principales argumentos: que las financieras deben cumplir con el contrato. Los afectados de iDental han pagado un tratamiento y la financiera debe abonar el importe para acabar el mismo, aunque, como es el caso, sea superior al importe financiado", subraya Afecade, la plataforma de afectados por negligencias médicas que impulsó este caso. Según reconoce la resolución del juzgado, fechada el pasado 31 de octubre y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, una vez que se ha acreditado el "defectuoso cumplimiento" del tratamiento odontológico y ha resultado insatisfactoria la reclamación previa contra iDental, la ley faculta al consumidor para "ejercitar frente al prestamista los mismos derechos que tiene frente al proveedor".
Esta sentencia abre la puerta a la esperanza para muchos afectados, que han denunciado reiteradamente cómo la red de clínicas los dejó tirados con tratamientos a medias. De hecho, un grupo de pacientes se concentró el pasado julio ante el Ministerio para reclamar que les ayudaran a completarlos. "El Gobierno nos dice que está utilizando los presupuestos que ha heredado del PP y que, por tanto, no puede hacer nada hasta que se forme un nuevo Ejecutivo estable", afirmó entonces Benito Lupiañez, que preside la asociación de afectados de Sevilla.
El escándalo iDental estalló el pasado año. En un primer momento, el simple cierre de la red de clínicas afectó a miles de personas —las autonomías llegaron a calcular que los posibles afectados podían ascender a 400.000 en todo el país—, que vieron cómo se interrumpían sus tratamientos o ni siquiera se iniciaban. Pero los efectos de la clausura eran solo la punta del iceberg. Los clientes comenzaron a denunciar también casos de mala praxis, el uso de materiales de mala calidad e implantes mal hechos.
Y el juez De la Mata irrumpió entonces en escena. Según su investigación, los dueños de iDental habían urdido una compleja trama de sociedades para engañar a los pacientes, personas con escasos recursos a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales. Un dinero que, además, acababa en las arcas de la compañía y que después, según las investigaciones de la Policía Nacional, era desviado a cuentas controladas por los propietarios y no se destinaba a atender a los pacientes. La instrucción se encuentra ya en su fase final, según afirmó el Ministerio de Sanidad tras la reunión con el magistrado, que ya ha procesado a los implicados por una derivada de la causa: un fraude de 23 millones de euros a la Seguridad Social.
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