La línea de teléfono que habla de abortos a las mujeres de Honduras
En un país donde la interrupción del embarazo está prohibida, esta iniciativa acompaña a las mujeres que necesitan información sobre salud reproductiva
Una mujer marca al número de La Línea. "¡Por favor, respóndanme!". "No me dejen esperando", suplica. Su desesperación tiene un objetivo: conocer cómo interrumpir de forma segura un embarazo no deseado en Honduras, un país donde el aborto es ilegal en todas las circunstancias. Del otro lado del teléfono hay mujeres dispuestas a ayudarle con "información legítima publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre métodos anticonceptivos, aborto, u otras consultas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos", explica a EL PAÍS desde Tegucigalpa una de las fundadoras de esta iniciativa —única en su tipo en Centroamérica— que intenta salvar la vida de las mujeres condenadas por las severas leyes antiaborto del país: El Gobierno incluso prohibió en 2009 la llamada pastilla del día después, las píldoras anticonceptivas de emergencia.
Esta iniciativa, denominada "La Línea segura de Honduras", nació en 2016 por impulso de un grupo de mujeres escandalizadas por el contexto de violencia que sufren sus pares, las niñas y adolescentes en este país centroamericano y por un sistema legal que puede encarcelar a las que aborten y a cualquier que practique un aborto. "La línea nace de la necesidad que tenemos las hondureñas sobre derechos sexuales y reproductivos porque no existe educación en escuelas y universidades", explica una de sus fundadoras, que pide mantener el anonimato por razones de seguridad. Para darse a conocer, las mujeres repartían volantes en centros educativos de Tegucigalpa, la capital, con el lema "información es salud". Desde su fundación, han ayudado a más de 50 mujeres que llaman solicitando información para interrumpir un embarazo no deseado. "Ayudamos a las mujeres a perder el miedo a preguntar y a tener información fidedigna, ya que en Honduras ni siquiera los médicos desean hablar de estos temas".
El aborto está prohibido en Honduras desde 1997. La legislación local lo define como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. El Código Penal establece penas de entre tres y diez años de prisión para las mujeres que aborten, aunque los abortos hayan sido espontáneos. "Al ser el aborto ilegal en todas las circunstancias significa que si una mujer es violada, podría verse obligada a tener al hijo del hombre que la violó", explica Amy Braunschweiger, integrante de Human Rights Watch (HRW), un organismo que ha documentado las consecuencias que ha tenido en este país centroamericano la penalización. "Si el feto no es viable, o no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero, la mujer todavía se ve obligada a continuar con el embarazo. Incluso si la vida de una mujer embarazada está en peligro—si el embarazo o el parto pueden provocar su propia muerte—todavía se ve obligada a continuar su embarazo".
El Gobierno hondureño —liderado por el conservador Juan Orlando Hernández— no presenta cifras oficiales de las mujeres que han tenido abortos clandestinos. Sin embargo, un informe del Centro de Derechos de Mujeres calcula que en Honduras se registran anualmente más de 82.000 abortos. "Cuando una mujer quiere un aborto, a menudo encontrará la manera de hacerlo, incluso si eso significa tener un aborto más riesgoso. Y los abortos de mayor riesgo, llevados a cabo sin la información ni la atención médica adecuada pueden provocar complicaciones que ponen en peligro la salud de las mujeres, e incluso sus vidas. Las mujeres que tienen dolor o sangrado intenso debido a un aborto tienen miedo de buscar ayuda médica debido a la prohibición; saben que podrían terminar en la cárcel si el médico las denuncia", dice Braunschweiger en entrevista con EL PAÍS. Aunque en Honduras los medios informan cada año de mujeres sospechosas de haberse sometido a abortos ilegales, el Ministerio Público afirma que nadie ha sido juzgado en los últimos tres años bajo los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, aunque siete personas han sido acusadas de haber practicado abortos y dos han sido detenidas.
Iniciativas cono La Línea pretenden evitar más tragedias, aunque sus promotoras no han estado exentas de obstáculos, por ejemplo, la negativa de canales de difusión sobre sus acciones. No obstante, y tras muchos esfuerzos han conseguido mantener la línea activa. Sus voluntarias saben a los riesgos que se enfrentan, pero están dispuestas a mantener viva La Línea. "Aquí en cualquier momento te pueden asaltar, violar, secuestrar o matar. Hablar de derechos sexuales y reproductivos abiertamente en Honduras es enfrentarte con los poderes que manejan todo en el país", explica una de sus fundadoras. "Queremos que las mujeres sepan que ellas pueden coger el teléfono y tomar la decisión de preguntar qué es lo mejor para sus vidas y sus cuerpos".
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