El suplicio de las hondureñas por la ilegalización del aborto
Las centroamericanas son forzadas a elegir entre procedimientos clandestinos o continuar el embarazo contra su voluntad, según Human Rights Watch
Hace dos años, Lorena acudió a un hospital de Honduras tras sufrir intensos dolores abdominales. En el centro sanitario los médicos hicieron los exámenes de rutina y descubrieron que la mujer, entonces de 20 años, había sufrido un aborto espontáneo. Ella se sobresaltó: no tenía idea de que estaba embarazada y aunque observó un retraso en su periodo, no se alarmó, porque este siempre había sido irregular. Debido al incidente su vida estaba en riesgo. “Los médicos la operaron y apenas pudieron salvar su útero”, establece un informe de Human Rights Watch publicado este jueves. Pero los médicos fueron más allá: llamaron a la Policía, porque asumieron que Lorena había intentado poner fin a su embarazo. Minutos después de ser dada de alta, fue detenida, esposada y trasladada a una prisión. Fue liberada a los dos días, pero a la espera de un juicio y su sentencia, Lorena tiene que viajar cada viernes durante dos horas desde su aldea rural hasta la capital, Tegucigalpa, para hacerse presente en un juzgado y firmar una orden de libertad condicionada. Es parte del suplicio que las hondureñas sufren en un país donde el aborto está totalmente ilegalizado.
Human Rights Watch (HRW) ha publicado este jueves una amplia investigación titulada Vida o muerte, opciones para las mujeres que viven bajo la prohibición del aborto en Honduras, que documenta las consecuencias que ha tenido en este país centroamericano la penalización del aborto, que la legislación local define como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. El Código Penal establece penas de entre tres y diez años de prisión para las mujeres que aborten, aunque hayan sido espontáneos, como el caso de Lorena. El Gobierno hondureño —liderado por el conservador Juan Orlando Hernández— no presenta cifras oficiales de las mujeres que han tenido abortos clandestinos, en un país donde se registran entre 50.749 y 82.135 abortos por año en los hospitales del país, según un informe del Centro de Derechos de Mujeres. Cada año, al menos 30.000 niñas de diez años y adolescentes de 19 dan a luz. “No se conoce con exactitud cuántas personas han sido encarceladas ya sea por haber tenido o practicado un aborto, pero las historias de mujeres arrestadas por sospechas de haber abortado ocupan los titulares cada año”, advierten desde HRW.
En el caso de Lorena —nombre ficticio—, el abogado nombrado por el juzgado en enero le recomendó que se declarara culpable, como una estrategia para reducir de dos a tres años una condena que podría ser de cuatro y hasta seis si los jueces fallaran en su contra. “El caso de Lorena fue horrible. La única evidencia que los médicos reportaron a la Policía fueron las marcas en su vientre”, se lee en el informe de HWR. Cuando sufrió los dolores abdominales, la mujer se había frotado su vientre para tratar de aliviar los espasmos. El juicio contra Lorena ha sido pospuesto y su suplicio se extiende mientras tiene que cumplir cada viernes con la humillante visita a un juzgado de la capital a firmar por su libertad condicionada.
“La prohibición del aborto en Honduras ha tenido consecuencias devastadoras para las mujeres y niñas. Fuerza a las mujeres a escoger entre abortos clandestinos —que pueden poner su salud y vidas en peligro— o continuar el embarazo contra su voluntad. Más de 8.600 mujeres son hospitalizadas en Honduras cada año por complicaciones generadas por abortos o abortos espontáneos”, explica en entrevista con EL PAÍS Margaret Wurth, autora de la investigación de HRW.
Un fallido cambio a la ley
Es el caso de Verónica —también nombre ficticio— cuya hija mayor es producto de una violación. “Todavía duele”, dice citada en el reporte de HRW. Tenía 21 años cuando su novio la invitó a que hicieran un viaje. Le pareció divertido, dado que ella vivía en una pequeña aldea. El hombre la recogió y a mitad del camino, en medio de la nada, detuvo su coche y le dijo que debería tener sexo con ella, si no la dejaría allí. Verónica no sabía qué hacer. Fue obligada a tener relaciones sexuales y después de cinco meses entendió que estaba embarazada. Tuvo que dejar la escuela. “Todo el mundo en el barrio me señalaba”. Ahora tiene dos hijas y su sufrimiento se convirtió en una verdadera pesadilla cuando la chica más joven resultó embarazada. “Recordé todo lo que me había pasado cuando me hija quedó embarazada”. Verónica le dijo que si no quería al bebé podrían encontrar una salida. A sabiendas de que podría ser encarcelada le dio a su hija píldoras abortivas. Tras tomarlas, la chica sufrió dolores muy fuertes y la madre quería llevarla a un doctor, pero su hija se negó, temerosa de que pudieran ir a presión. Dos meses después la llevó a un doctor. “Esta chica estuvo embarazada”, dijo él. Ambas lo negaron. “Soy una madre soltera y no quiero que mi hija también lo sea. Lo hice y no me arrepiento”. Es parte del drama que las mujeres sufren en Honduras.
“La proscripción del aborto y anticonceptivos de emergencia deja a las víctimas de violación en una situación particularmente desesperada. Ninguna mujer o niña debería de ser forzada a escoger entre un aborto clandestino y continuar contra sus deseos un embarazo producto de violación. Es cruel e inhumano”, dice Wurth, quien explica que en 2017 hubo una propuesta para reformar el Código Penal para legalizar el aborto en tres circunstancias, pero solo obtuvo siete votos de los 128 integrantes del Congreso hondureño. “Fue un enorme golpe para los derechos de las mujeres en el país. A pesar de los actuales ataques contra los derechos reproductivos en Estados Unidos, hay una tendencia global para expandir el acceso al aborto”, explica Wurth, al hacer referencia al retroceso que ha sufrido la interrupción del embarazo en regiones de Estados Unidos como Alabama, Misuri, Kentucky, Misisipi o Georgia. Para HRW el suplicio que sufren las hondureñas “ofrece una vista previa aterradora de lo que podría ocurrir en EE UU”.
Aunque en Honduras los medios informan cada año de mujeres sospechosas de haberse sometido a abortos ilegales, el Ministerio Público hondureño afirma que nadie ha sido juzgado en los últimos tres años bajo los artículos del Código Penal que lo criminalizan, aunque siete personas han sido acusadas de haber practicado abortos y dos han sido detenidas. Wurth dice que aunque la ley crea un temor generalizado, “lleva a las mujeres y niñas a tomar medidas desesperadas para poner fin a embarazos no deseados y deja a los proveedores de salud incapaces de proteger la salud y vida de sus pacientes”.
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