La última clínica abortiva de Misuri seguirá abierta de momento

A pesar de las amenazas, la única clínica abortiva de Misuri, ubicada en el corazón conservador de Estados Unidos, ha logrado este viernes permanecer con las puertas abiertas. El juez del Tribunal de Circuito de San Luis, Michael Stelzer, ha concedido a Planned Parenthood la solicitud de una orden de restricción temporal para evitar que los funcionarios estatales revoquen la licencia del centro, que caduca a la medianoche. El gobierno local rechaza renovarle el permiso porque, según sus funcionarios, la clínica ha cometido “numerosas violaciones a las leyes y regulaciones estatales”. El gobernador republicano Mike Parson quiere que los siete trabajadores de la salud sean entrevistados, pero cinco de ellos se niegan a hablar porque no les han dicho en qué consistiría el interrogatorio y si podría tener consecuencias delictivas.

Más información

La ofensiva contra el aborto en EE UU llega al Supremo, que se hace a un lado

Hollywood se moviliza contra el avance de la ofensiva antiaborto en EE UU

El tribunal tuvo que pronunciarse después de que Planned Parenthood demandara a Misuri por los daños irreparables que podría causar el que no les renovaran la licencia. Al dar a conocer el fallo, el juez Stelzer adelantó que habría otra audiencia para abordar el tema con ambas partes el próximo martes 4 de junio. El fallo sostuvo que la clínica "demostró que se producirán lesiones inmediatas" si Misuri se niega a renovar la licencia de la clínica. Además, defendió que la orden de restricción temporal "es necesaria para preservar el status quo y prevenir lesiones irreparables".

"Esta es una victoria para las mujeres en todo Misuri, pero esta lucha está lejos de terminar. Hemos visto cuán vulnerable es el acceso a los servicios de aborto aquí y en el resto del país", dijo Leana Wen, presidenta y directora general de Planned Parenthood, una organización que proporciona servicios de salud reproductiva y que controla la clínica de San Luis.

Según los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Misuri, durante la inspección anual realizada en marzo, encontraron “pruebas médicas significativas que mostraban al menos tres abortos quirúrgicos fallidos”, incluido uno en el que la paciente tuvo que ser trasladada luego a un hospital y otro en que una mujer regresó porque seguía estando embarazada, informa The New York Times.

Una década atrás, Misuri contaba con cinco clínicas donde practicaban abortos. Los requisitos estatales cada vez más difíciles de cumplir por los centros de salud reproductiva derivaron en que este año solo se mantuviera funcionando la de San Luis, que ahora está en peligro de extinción.  Planned Parenthood, que lleva operando 87 años en el Estado conservador, no se ha referido en concreto a las acusaciones que le han hecho las autoridades estatales, pero sí ha defendido que la organización “ha mantenido al 100% el cumplimiento de la ley”.

Las regulaciones incluyen que las mujeres que desean abortar esperen 72 horas después de recibir asesoramiento sobre lo que supone la intervención —esto obliga a que la paciente viaje dos veces al único centro del Estado— y exigen que los especialistas que practiquen los abortos tengan “privilegios de admisión” o sean miembros de hospitales que queden a 15 minutos de distancia de la clínica abortiva.

Para determinar la renovación de la licencia, los funcionarios estatales han solicitado entrevistar a los siete médicos que trabajan en la clínica, incluido los que están haciendo la residencia. Solo dos de ellos, los médicos veteranos, han accedido a ser interrogados. Planned Parenthood acusa a las autoridades de no transparentar para qué quieren hablar con el personal y si esto podría tener consecuencias delictivas. Las autoridades afirman que no pueden completar su investigación, y por ende renovar la licencia del centro, hasta que los empleados de la clínica sean entrevistados.

Si finalmente la clínica cierra, Misuri sería en el único Estado del país donde las mujeres no tendrían acceso a interrumpir su embarazo. Esta situación no ocurre desde 1974, un año después de la sentencia del Tribunal Supremo conocida como Roe versus Wade, en la que se estableció que el aborto es un derecho constitucional. Además de contar solo con un centro abortivo —al igual que otros cinco Estados—, Misuri se ha sumado a la ofensiva antiaborto. La semana pasada, el gobernador firmó una ley que prohíbe las intervenciones después de las ocho semanas de gestación, sin excepciones en caso de violación o incesto.