Entre rejas por abortar en Honduras

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Jessica ha sido la primera mujer de su pueblo en entrar en la cárcel por el delito de aborto. Su aldea se encuentra en el corazón de Honduras, donde se cruzan las rutas del narcotráfico que suben hasta los Estados Unidos. Durante los cuatro meses que pasó entre rejas compartió un cuarto de pocos metros con otras reclusas. "Dormíamos en tarimas de madera, hasta tres personas en la misma, y había ratas que entraban por los huecos en las paredes de adobe", relata Jessica, tocándose nerviosamente su largo cabello liso. "Las otras presas me pegaban, me tiraban el pelo, me llamaban asesina de niños y la policía me decía cosas horribles: sufrí mucho acoso físico y psicológico". Logró salir porque le conmutaron la pena por una multa que su madre pudo pagar juntando dinero con la familia. La vuelta a casa fue dura: insultos por la calle, fotomontajes suyos difundidos por las redes sociales y fuertes ofensas dirigidas a sus familiares; tanto que su madre a menudo volvía a casa en lágrimas. "No soy ni la única ni la primera de mi pueblo en haber abortado, hay muchas muchachas que lo hacen, pero soy la única que han detenido".

Cuando se quedó embarazada por tercera vez a los 27 años, Jessica ya era una madre soltera y cabeza de familia, como pasa en un tercio de los hogares del país, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh). El padre, un hombre violento, la dejó apenas se enteró de la noticia. No fue sencillo decidir abortar. Pasaron meses de incertidumbre, no tenía recursos para sacar adelante a otra criatura. Una tarde, cuando se encontraba sola en la casa, decidió ir a la pequeña farmacia de su pueblo a comprar unas píldoras abortivas, que había visto en Internet. Una vecina se enteró y la denunció. Dos horas después llegó la policía a su casa: la esposaron y la llevaron a la cárcel.

Honduras es uno de los países donde está prohibido abortar en cualquier condición, aunque haya peligro para la vida de la madre o del feto, según el mapa de leyes sobre aborto, publicado por la ONG Centro de Derechos Reproductivos (CRR). La misma situación se vive también en otras partes de América Central, como en Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. El artículo 126 del Código Penal de Honduras prevé penas de tres a diez años de cárcel para este delito.

Honduras es uno de los países donde está prohibido abortar en cualquier condición, aunque haya peligro para la vida de la madre o del feto

Las mujeres hondureñas, como Jessica, recurren a métodos caseros e inseguros: desde las pastillas compradas por Internet u otros medicamentos para combatir úlceras gástricas o artritis que contienen un principio activo abortivo, hasta las infusiones de hierbas y el uso de objetos contundentes. Es un secreto que corre de boca en boca: cómo abortar, dónde comprar las píldoras, cómo utilizarlas para que no te descubra la policía o el personal médico, qué hacer si te encuentras mal y tienes que ir al hospital. Y dónde comprar la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), que está totalmente prohibida, aunque se puede adquirir de forma ilegal en algunas farmacias o mercados de las ciudades, por un promedio de 200 lempiras (siete euros). En Honduras, los abortos han sido durante décadas el segundo caso de egresos hospitalarios después del parto y el año pasado se registraron 14.021 casos, según datos de la Secretaría de Salud del país.

Escondidas en la cárcel, violadores en libertad

En la cárcel femenina de Támara, localizada a media hora de la capital del país, Tegucigalpa, el pasado verano solo había una mujer detenida por este delito. Llevaba allí cuatro meses. Trabajaba como empleada doméstica y no pudo seguir escondiendo su embarazo, por lo que sus jefes la querían despedir. Abortó a escondidas en la casa donde trabajaba y la dueña la denunció a la policía. Desde el patio de la cárcel, otras detenidas la llaman a gritos, mientras charlan entre ellas y juegan con sus niños y niñas pequeñas. Deletrean su nombre durante minutos, para anunciarle que recibió visitas. Nadie la conoce y ella no contesta las llamadas; está escondida en la cárcel. Es común que las mujeres cambien su nombre al entrar en prisión, especialmente aquellas que podrían sufrir discriminación y violencia, como en caso de las condenadas por aborto. Aunque son muchas las que terminan encerradas por este delito. Entre 2016 y los primeros seis meses de 2017 han sido 33 las denuncias recibidas por el Ministerio Público, la mayoría puestas por vecinos o médicos de los hospitales que les atienden. "Desde el colegio de Médicos de Honduras estamos en contra de la legalización del aborto en cualquier caso", explica Suyapa Figueroa, su presidenta. Cuando a una mujer le detectan sustancias abortivas, el personal médico tiene que hacer un reporte a la asesoría legal del hospital. Fue así como María acabó entre rejas, después de la denuncia de un médico, cuando tenía tan solo 17 años.

"Es algo que quisiera olvidar", dice mirando al suelo con sus grandes ojos color almendra cubiertos por el pelo rubio. "Como cada día volvía de la universidad, en autobús. De camino a casa, una persona que hacía el mismo recorrido me agarró, me amenazó con una pistola y abusó de mí". María no contó a nadie que la violaron. Se guardó el secreto y los moratones que tenía en las piernas solo para ella. Hasta que se dio cuenta de que estaba embarazada. "No quería tener un hijo de una persona que me violó. Decidí abortar. Una amiga me dio las píldoras y me explicó cómo tomarlas. A las tres horas me encontré mal y mi madre tuvo que llevarme al hospital". El personal médico la denunció después de haberla atendido y el mismo día la policía acudió al centro. "Se la llevaron esposada de manos y piernas a la cárcel femenina de Támara", explica la madre de María, sin poder retener las lágrimas. "Como a una criminal y sin que pudiera tomar medicamentos. Mientras que su agresor, un delincuente supuestamente implicado en narcotráfico, quedó libre y se fugó a los Estados Unidos". María pudo salir de la cárcel después de una semana con libertad condicional. Tras cuatro años, ella sigue esperando que acabe su proceso y podría volver a prisión.

En Honduras, los abortos han sido durante décadas el segundo caso de egresos hospitalarios después del parto y el año pasado se registraron 14.021 casos

En los primeros seis meses de 2017 se registraron 1.429 casos de violencia sexual hacia mujeres, según el último informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, que analiza los casos atendidos por el Departamento de medicina legal de todo el país. Entre ellas, dos mujeres de cada tres tenían entre 10 y 19 años. Se trata de casi ocho agresiones al día. En el 76,1% de los casos el agresor es una persona conocida: un familiar, amigo, pareja o expareja. "La violencia es un mensaje de posesión escrito sobre los cuerpos de las mujeres", declara Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, "En los últimos tres años disminuyeron las agresiones hacía las mujeres porque bajó el número de crímenes totales en el país, pero hace falta mucha formación para que se propicie la igualdad de género".

"Me di cuenta de que esperaba un bebé cuando ya lo había perdido"

Nancy saca su celular del bolsillo y enseña la foto que tomó a la tumba su pequeño, antes de darle sepultura. Le llamaron Jesús Antonio y lo enterraron en el cementerio del pueblo, hasta que la policía lo sacó para hacer autopsia. A ella también la denunciaron los médicos del hospital de la capital, que afirmaban que se había provocado un aborto. "Me di cuenta de que esperaba un bebé cuando ya lo había perdido", relata la joven, de 21 años. Recién salida del bachiller técnico, había encontrado un trabajo como cuidadora de personas discapacitadas que le permitía de ayudar a su madre y a su hermana. Viven en una casa ubicada en una pequeña calle cerca del campo, sin asfaltar y sin alumbrado público. En la entrada tienen su negocio, una pulpería, comercio donde en Honduras se vende comida de todo tipo. La madre lo gestiona mientras cuida de la abuela de 87 años, que escucha las noticias desde una pequeña radio. Nancy, se enteró del embarazo al sexto mes, cuando su niño ya no vivía. Tenía sangrados regulares como si fuera la regla. Un día empezó a sentir dolores muy fuertes de barriga y mientras la llevaban al hospital empezó a darse apretujones en el estómago para soportar el dolor. Golpes, que le hicieron perder al bebé, por desprendimiento de la placenta y la dejaron al borde de la muerte durante dos días. "Cuando había ido al médico, en las exploraciones que me habían hecho durante los meses precedentes, nunca me habían dicho que podía estar embarazada", cuenta Nancy. Una semana después de practicarle una cesárea para sacarle el feto, la policía llegó y la detuvo. Ella también está esperando la fecha para el juicio y podría ser condenada a hasta tres años de cárcel, según su abogada.

El pasado mayo, en el Congreso Nacional se discutió una ley para legalizar el aborto en tres casos: peligro para la madre, malformaciones del feto y violencia sexual. A diferencia de Chile, donde el pasado agosto se aprobó la despenalización del aborto por las mismas circunstancias, el parlamento hondureño se negó a avalar esta modificación del Código Penal. Pero las organizaciones feministas siguen luchando para que se apruebe esta modificación de la ley. "He conocido a muchos casos de mujeres y niñas que han sufrido violaciones, abusos y que han sido criminalizadas. Por ahora solo estamos hablando de una ley que proteja la vida de la mujer y su salud, no de legalizar el aborto", explica la pastora Ana Ruth García, de la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Ella es una de las caras visibles de esta batalla, que le ha provocado no pocas consecuencias. "Después de aparecer en un debate televisivo sobre el tema recibí 104 amenazas de muerte por Internet. Vinieron a buscarme debajo de mi casa, acorralando mi coche entre dos carros sin placas. Pasé mucho miedo, pero como expliqué a mi familia, tengo que seguir adelante con esta lucha".

Ahora Ana Ruth vive en una localidad secreta para esconderse de la represión que la policía militar ha llevado a cabo en contra de activistas políticos, después de las elecciones generales del pasado noviembre. La situación de los derechos reproductivos en Honduras depende también de su contestado resultado y de la consecuente investidura de Juan Orlando Hernández, el pasado 27 de enero.  "Indicios contundentes de fraude electoral" han sido denunciados por la ONG Human Right Watch. La primera proyección daba como ganador el candidato de centro izquierda Salvador Nasralla, mientras que en los días siguientes, durante un largo recuento, se volcó este resultado y los porcentajes pasaron a favor del presidente saliente Juan Orlando Hernández, que se presentó a pesar que según la Constitución no podía ser electo de nuevo. "Hemos vigilado el proceso electoral y denunciado las irregularidades", concluye Ana Ruth García, "Seguiremos con nuestro compromiso para una nueva ley para el aborto. Lo más probable es que apelaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mientras tanto seguimos brindando apoyo legal y psicológico a las mujeres que están pasando por estas vivencias".

Entre ellas, Nancy y María que siguen esperando que finalicen sus procesos, cuyas fechas han sido atrasadas durante los últimos cinco meses. Mientras tanto trabajan con sus madres en las respectivas pulperías familiares. A ambas les gustaría encontrar otros trabajos, pero no pueden, sus antecedentes penales están manchados y todos los viernes tienen que ir a firmar a los Juzgados de Tegucigalpa porque siguen en libertad condicional. Jessica, después de perder varios trabajos, despedida apenas los gerentes se enteraban que había estado en la cárcel, ahora es empleada en una tienda de ropa y gana 2.800 lempiras cada mes (unos 100 euros). Su deseo es ir a la universidad y empezar a estudiar para ser abogada.

La International Women’s Media Foundation apoyó a la periodista Monica Pelliccia, con su cobertura desde Honduras como parte de la Iniciativa Adelante. Los nombres de las protagonistas están modificados para preservar su intimidad.

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